Instalarán la carpa de comunidades de pueblos originarios frente al Congreso

Es en reclamo por la prórroga de la Ley de emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras, que impide desalojos de comunidades indígenas.

Organizaciones indígenas de distintos puntos del país instalarán una carpa frente al Congreso, como parte de una campaña para lograr la prórroga de la Ley 26.160, que impide desalojos de comunidades indígenas originarias del país, a la vez que ordena el relevamiento y regularización dominial de las tierras que ocupan.

La carpa de comunidades de pueblos originarios, tal el nombre que los convocantes pusieron a la iniciativa, estará activa entre el 23 y el 27 de este mes, día en el que el Senado podría tratar la prórroga de esta norma, votada en 2006, destinada a la preservación de los territorios que ocupan las comunidades indígenas, unas 1500, en todo el país.

“Nos estamos juntando para hacer presión en la calle frente al Congreso. La verdad es que si los legisladores no prorrogan la ley sería gravísimo y por eso ponemos una carpa. El problema que vemos es que quieren desconocer carpetas técnicas que ya están hechas”, dijo Benito Espíndola de la Organización de Comunidades y Pueblos Originarios (OrCoPo).

Entre las organizaciones convocantes están la Asociación Indígena de la República Argentina (AIRA), la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI) y la mencionada OrCoPo.

Por su parte, el mapuche de Los Toldos, Nilo Cayuqueo, hizo hincapié en lo que llamó “falta de interés de los políticos” en el tratamiento de un tema que, “está al rojo vivo en el país en la lucha por las tierras”.

En la Argentina, decenas de comunidades tienen juicio de desalojo con sentencia firme por lo que de caerse la prórroga de la Ley automáticamente se generaría un estado de indefensión legal para esos pueblos indígenas que, añadió Espíndola, “actualmente estamos siendo estigmatizados, a los mapuches se los acusa de separatistas y eso es una mentira muy grande”.

En tanto, desde la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep) también avanzaban en la convocatoria a una movilización de pueblos indígenas para el próximo 27 de septiembre.

La ley 26.160, que contempla “la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país” y suspende “por el plazo de la emergencia declarada, la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras” de las comunidades indígenas, vence el próximo 23 de noviembre.

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