La diputada nacional por La Rioja Clara Vega se refirió a los proyectos para los “consensos básicos” anunciados recientemente por el Poder Ejecutivo, y afirmó que “analizará uno por uno ya que hay temas que atañen directamente a mi provincia, como el caso de los empleos y sueldos en negro que ha generado el propio Estado provincial”.

La legisladora señaló que durante la administración de Carlos Menem “se comenzó a vender a La Rioja como un polo industrial para que vinieran a instalarse personas de otros lugares, así como hizo de la administración pública una oportunidad de trabajo para cada riojano que se identificara con el justicialismo”. La legisladora explicó también que esta política se intensificó durante 34 años, llegando en la actualidad a más de 80 mil empleados que dependen del Estado.

Otro de los problemas que plantea es que “ese sistema implementado en la provincia instauró la concepción de evasión como algo normal y, en ese sentido, del sueldo total de empleado público el Gobierno sólo aporta a la ANSeS el 50%, por lo que nuestros jubilados después de 30 años de servicio cobran lo mismo que quien nunca aportó a la Caja”. Además, señaló que “existe precarización a través de becas, contratos y programas que no contemplan los derechos que deberían asistir a un empleado (obra social, aportes, ART, etcétera)”.

Vega destacó que La Rioja cedió un punto de la coparticipación en el año ’88, algo que “fue negociado por Menem para cumplir su propósito presidencialista”, por lo que señala que “quizás parezca duro el mensaje del presidente, pero no por eso menos real, ya que refleja muy bien la suerte que corrieron provincias con regímenes feudales que no han sabido generar ningún tipo de desarrollo, haciendo del empleo público su mercado cautivo de perpetuidad”.

Por eso, concluyó anticipando que va a “solicitar como condición sine qua non, para que se reciban los recursos extracoparticipables, que se exija el blanqueamiento de los sueldos de los empleados, que se transparente el gasto de los recursos recibidos, que se adhiera a la Ley de Acceso a la Información Pública y que se dejen de apoderar ilegalmente de los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) destinados a los municipios”, entre otras cosas.