Durante meses, la oposición en la Cámara alta reclamó que el entonces vicepresidente tomara licencia al frente del Cuerpo tras haber sido procesado. Las permanentes cuestiones de privilegio en su contra.
Marzo de 2012, inicio del segundo mandato de Cristina Kirchner, la oposición comenzó a embestir contra funcionarios de su gobierno. ¿Quién fue el primero? Julio De Vido, contra quien el 5 de marzo la Coalición Cívica promovió un juicio político, responsabilizando al ministro por la tragedia de Once. Con la firma de Elisa Carrió, lo acusaban de “mal desempeño en el ejercicio de sus funciones”, argumentando que había incumplido con el deber legal de controlar la red de transporte.
Menos de una semana después, los diputados de la oposición Patricia Bullrich, Federico Pinedo, Paula Bertol, Eduardo Amadeo y Oscar Aguad, promovían un pedido de juicio político contra Amado Boudou, por presuntas “incompatibilidades” en su conducta como funcionario.
Quien salió a defenderlo entonces fue el presidente del bloque PJ-FpV del Senado, Miguel Angel Pichetto, para quien la denuncia no tenía “contenido”. “Hay una fuerte presión comunicacional sobre el tema, que me parece que está camino de esclarecerse”. Según el senador, “después de la explicación que llevó adelante el titular de la AFIP, me parece que quedó la cosa muy clara”.
En efecto, por entonces la investigación avanzaba a paso lento y fue recién a fines de junio de 2014 cuando la situación del vicepresidente pasó a castaño oscuro, al resolver el segundo juez de la causa, Ariel Lijo, su procesamiento por “cohecho pasivo y negociaciones incompatibles”. Entonces, la primera voz que desde el oficialismo salió a objetar a Boudou fue el ex presidente provisional del Senado durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, José Pampuro, quien admitió el 1° de julio de 2014 que “sería perjudicial para el Senado que Boudou presida alguna sesión”.
Al día siguiente la oposición en el Senado dio inicio a una embestida permanente contra el titular del Cuerpo, pidiendo allí su alejamiento. El entonces senador Gerardo Morales reclamó en nombre de toda la oposición que Amado Boudou se tomara licencia hasta tanto se definiera su situación judicial. En la nota que leyó, la oposición advertía que “lejos de ofrecer transparencia”, tanto el Ejecutivo como él mismo han “obstaculizado” todos los intentos para determinar las responsabilidades en el tema que lo involucra. Señaló Morales que “el apartamiento temporal” del vicepresidente hasta tanto quedara definitivamente esclarecida su situación le evitaría a la Nación “todo tipo de zozobra” y permitiría “transparentar” la situación.
En nombre del interbloque Federal, Adolfo Rodríguez Saá fue un paso más adelante, al señalar que el procesamiento del vicepresidente ameritaba la necesidad de tratar su juicio político, por lo que “llegado el momento, si es necesario, plantearemos el desafuero”.
No fue Pichetto el que habló para defender a Boudou, sino el salteño Rodolfo Urtubey, quien cuestionó el auto de procesamiento, que “nos hace creer que una persona ha sido condenada”, y advirtió sobre “el estigma” que se cierne sobre la persona procesada. “No estamos ante ninguna situación que dispare ninguno de los supuestos que prevé el ordenamiento constitucional”, aclaró.
También desde el oficialismo, el misionero Salvador Cabral trajo a colación la situación del entonces jefe de Gobierno, Mauricio Macri, igualmente procesado, preguntando si no habían planteado el juicio político del funcionario. La senadora Gabriela Michetti le contestó que, en efecto, el propio jefe de Gobierno había pedido a sus legisladores que presentaran el pedido de juicio político, tras lo cual se presentó ante la Legislatura para declarar durante 5 horas. “La oposición no quiso votar el juicio político, optando en cambio por una comisión investigadora, pensando que con ello lo iban a desgastar más”, recordó.
Ese mismo 2 de julio de 2014, en Diputados la oposición también reclamó el inicio del juicio político a Boudou, “independientemente de lo que haga la Justicia”, tales las palabras del jefe de los diputados radicales, Mario Negri. Al día siguiente el tema fue tratado en la Comisión de Juicio Político, donde el Frente para la Victoria impuso su mayoría y rechazó “in límine” los proyectos presentados por la oposición en ese sentido. En un duro informe, el kirchnerismo consideró que abrir un sumario contra el vicepresidente “viola la división de poderes” y también apuntó contra los “linchamientos mediáticos”.
En ese marco, la oposición en el Senado tomó la decisión de repetir sus planteos contra Boudou cada vez que el vicepresidente presidiera las sesiones. El senador cordobés Luis Juez fue más allá al anticipar que amén del pedido de sus pares opositores, junto a su par Norma Morandini solo entrarían al recinto cuando presidiera las sesiones el presidente provisional, Gerardo Zamora, o el vicepresidente Juan Carlos Marino.
Así las cosas, la situación complicaba el andar oficialista en el Senado. Prueba de ello fue lo sucedido el 10 de julio de 2014, cuando el oficialismo necesitaba los dos tercios de los votos para habilitar el tratamiento sobre tablas del proyecto para darle inmunidad a bancos centrales extranjeros, una ley de importancia para el Gobierno. Pero como la presencia de Amado Boudou ponía en riesgo la sesión, el kirchnerismo decidió que el vicepresidente no presidiera el debate, a pesar de estar presente en la casa. El propio Pichetto confirmó después que le había pedido personalmente a Amado Boudou no presidir la sesión, porque “privilegié sacar una ley que la Argentina necesita para el intercambio con bancos centrales de otros países, que es muy importante, especialmente por un acuerdo con la República de China que está próximo a firmarse”.
A fines de julio el reclamo opositor llegó al despacho de Pichetto, en un encuentro del que tomaron parte el radical Gerardo Morales, Adolfo Rodríguez Saá, el socialista Rubén Giustiniani y la macrista Gabriela Michetti. Quienes le plantearon al rionegrino su negativa a asistir a las sesiones presididas por el vicepresidente, y le advirtieron que en caso de que Boudou insistiera en presidir una sesión, buscarían suspenderlo en sus funciones a través de un proyecto de resolución. Pichetto se limitó a escuchar y aclaró que su bloque pretendía defender la continuidad de Boudou, al tiempo que plantearía la causa Ciccone por la que fue procesado como una maniobra que apuntaba por elevación al Gobierno de Cristina Kirchner.
La amenaza de ausentarse se cumplió el 6 de agosto, cuando se concretó la decisión de Boudou de presidir la sesión informativa de ese miércoles. Pero primero le exigieron a Boudou, a través de cuestiones de privilegio, que se tomara licencia. “Su situación judicial, personal, no afecta solo al Senado sino cuando nos representa en el exterior (…) usted no representa solo al Frente para la Victoria sino a todos los argentinos”, sostuvo Morales y continuó: “Nos molesta que estando procesado ande de joda por ahí con La Mancha de Rolando”. Cuando la oposición se retiró en masa, la única que permaneció en su banca fue Lucila Crexell, del MPN.
En adelante, y por largo tiempo, todos los inicios de las sesiones presididas por Boudou la oposición los dedicó a reclamarle en la cara un apartamiento del Cuerpo, mientras el vice escuchaba con cara de poker. Pero antes, el 7 de agosto, formalizaron su pedido de apartamiento a través de un proyecto de resolución en el que exigieron su suspensión hasta que se resolviera su situación judicial. Con las firmas de Gerardo Morales, Rubén Giustiniani, Fernando “Pino” Solanas, Gabriela Michetti, Adolfo Rodríguez Saá y Oscar Castillo, instaron a “suspender en sus funciones” a Boudou “en su calidad y prerrogativas de presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación”, hasta tanto la Justicia se expidiera sobre la causa Ciccone, en la que fue procesado por cohecho y negociaciones incompatibles.
En los fundamentos, los senadores se ampararon en el artículo 66 de la Constitución Nacional, que dispone que “cada Cámara hará su reglamento y podrá con dos tercios de votos, corregir a cualquiera de sus miembros”. Más aún, citaron como antecedente el caso del exsenador justicialista por San Luis Raúl Ochoa, suspendido en mayo de 2005 por “desorden de conducta” aunque no tenía sentencia condenatoria firme, por haber votado dos veces en las elecciones de octubre de 2001.
Los senadores recordaron que esa suspensión fue avalada por la entonces titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la propia Cristina Fernández de Kirchner, diciendo que “la sociedad tiene derecho a no contar entre sus representantes a quien está sospechado y mucho menos puede votar sus leyes”.
Ahora la oposición promovía la suspensión de Boudou al considerar que su apartamiento “permitirá preservar el normal funcionamiento del Cuerpo frente a hechos de una gravedad institucional nunca antes registrados y hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la causa mencionada”.
Por supuesto, nunca esa moción prosperó y con el tiempo la oposición dejó de insistir en el desplazamiento del titular del Cuerpo, cuya estrella política se había apagado definitivamente.
