Elevan hasta 18,2 puntos la incapacidad que fija la tabla conocida como Baremo. En tanto, los que pasaron por las comisiones médicas tienen 15.6 puntos en promedio.
El informe difundido por la Unión de Aseguradoras del Riesgos del Trabajo (UART) señala una “marcada diferencia” entre los porcentajes de incapacidad que dictaminan los peritos judiciales y los que fijan las comisiones médicas o las aseguradoras del sistema por aplicación del Baremo, es decir la tabla de incapacidades fijada por ley.
De acuerdo con el relevamiento -efectuado sobre 250.000 demandas-, los dictámenes judiciales superan en promedio los 18,2 puntos de incapacidad establecidos en el Baremo en los casos de accidentes o enfermedades laborales que no pasaron previamente por las comisiones médicas. Y se ubican en torno a los 15,6 puntos en los casos evaluados por esas comisiones.
Teniendo en cuenta que cada punto de incapacidad tiene un valor promedio de $ 24.000, el costo de las indemnizaciones fijadas en el terreno judicial se eleva adicionalmente hasta en $ 500.000, una cifra a la que hay que sumarle los intereses del orden del 36% anual más las costas que se ubican en torno al 35% promedio. Si se proyecta el costo indemnizatorio adicional al 34% de los 250.000 juicios relevados en el informe que cuenta con una pericia médica judicial (unas 85.000 demandas), se podría estimar que la diferencia de costos en el cálculo de incapacidad que dictamina la Justicia ascendería a $ 42.500 millones, unos u$s 2300 millones.
El trabajo de la UART indica además que en aquellos casos de accidentes o enfermedades laborales en la que conforme al Baremo no existe incapacidad, los dictámenes de los peritos judiciales fijaron en promedio un 19% de incapacidad. Se trata de algunas dolencias típicas como el caso de los esguinces, donde solo en la Justicia “se conceden porcentajes de incapacidad física y psicológica”. En tanto, en los casos con incapacidad conforme al Baremo de Ley los peritos dictaminaron 13 puntos adicionales de incapacidad promedio.
La UART asevera que “pasando de 9,6 promedio a 22,1% promedio para los casos que no han tenido un paso previo por las comisiones médicas y llevando de 13,6 a 23,8 puntos de incapacidad para los casos que han tenido un paso previo por las comisiones”. Y en la misma línea, subrayó: “Muchas veces la elusión histórica al paso por comisión médica se motiva en la no existencia de una incapacidad real. Casos que luego, producto del proceso y las prácticas periciales judiciales, terminan en algún grado de incapacidad”.
Justamente la reforma del sistema de ART, sancionada en febrero por el Congreso y a la que ya adhirieron diversas jurisdicciones como la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, San Juan, Entre Ríos, Río Negro y Neuquén, establece que las comisiones médicas jurisdiccionales constituyen una instancia única, obligatoria y previa al inicio de cualquier demanda contra el sistema en el terreno de la Justicia.
