Tal como lo anticipó el Gobierno nacional ayer, quedó oficializado este jueves el mega DNU (27/2018) que busca reducir la burocracia estatal, apuntando a reducir costos y simplificar trámites, en el marco del plan del Ejecutivo para achicar el gasto público.

Las 170 medidas dispuestas por el Ejecutivo abarcan un total de ocho ministerios: Modernización, Producción, Trabajo, Finanzas, Transporte, Cultura, Agroindustria y Energía.

Horas antes de su publicación en el Boletín Oficial, el ministro de Producción, Francisco Cabrera, anunció los alcances del decreto, que ahora deberá ser analizado por la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo. A diferencia de lo que ocurrió hasta ahora, Cambiemos se quedaría con el manejo de ese cuerpo, donde la Cámara baja ya designó a cinco diputados oficialistas, dos del FpV-PJ y uno de Argentina Federal.

En el Decreto de Necesidad y Urgencia se establece que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de las ANSeS podrá operar como una entidad financiera. En este sentido, se prevé que la dependencia pueda crear de manera directa fideicomisos y operar con instrumentos “apropiados para invertir sus activos de acuerdo a las mejores prácticas financieras modernas”, sin dejar de privilegiar el fin social para el que fue creado.

Por otra parte, se deroga la Ley de Abastecimiento sancionada en octubre de 1952, que permitía y promovía la producción agropecuaria e industrial por parte del Ejército Argentino, bajo el argumento de que pudiera existir un esquema de autoabastecimiento en caso de guerra. Y se elimina el Registro Industrial de la Nación (RIN) creado en 1972 que tiene solamente a 1.700 empresas de las más de 110 mil que hay en el país.

Entre otras cosas, el decreto establece que los expedientes digitales pasarán a tener la misma validez que un expediente en papel u otro formato para todo el país, en todos los niveles administrativos. Hace obligatorio además el uso del expediente electrónico para los oficios judiciales en todo el Sector Público Nacional, entre otras medidas.

Por otra parte, se habilita la exportación de hasta quince obras de arte como equipaje acompañado, sin mayor trámite que un Aviso de Exportación ante el Ministerio de Cultura o una licencia especial en el caso de obras de autores muertos hace más de cincuenta años, sin necesidad de tener que pedir permiso previo a la Dirección General de Aduana.

En el área de Transporte, las empresas automotrices no deberán pedir permiso para instalarse, se simplifica y se hace más rápido el proceso para obtener marcas y patentes, permitiendo la presentación de dibujos y fotos digitales; y se podrá resolver sin ir a la Justicia, en 60 días, controversias que antes podían durar entre tres y cinco años.

Además, se unificó la prestación de servicio de tráfico aéreo en la empresa estatal EANA, dejando de lado la competencia del Ministerio de Defensa, y se incorporan nueve aeropuertos a su sistema de control.

Se habilitaran “en algunos corredores viales” los llamados “bitrenes”, formaciones compuestas por un camión y dos remolques, que permiten transportar más carga, y reducir costos logísticos en más de 20%. Otro de los puntos es que se implementará un registro para circular con cuatriciclos, los cuales deberán cumplir con una verificación técnica.

Las licencias de conducir tanto para conductores comunes como profesionales que antes eran emitidas por dos organismos distintos, se unifican en la Agencia de Seguridad Vial.

Los reclamos por servicio ante el Enargas podrán hacerse en cada provincia, en lugar de tramitarlos únicamente en Ciudad de Buenos Aires, como era hasta ahora.

En cuanto a las licitaciones de obras públicas, con el objetivo de agilizarlas, la norma estipula que los llamados iniciales ya no tendrán que publicarse en los boletines oficiales de las provincias y/o municipios en los que se desarrollarán las iniciativas. También, se reducen de 10 a cinco días de anticipación para publicar licitaciones de hasta 100 millones de pesos.