El senador nacional Julio Cobos recibió en la Cámara alta a defensores del Pueblo de distintas partes del país, quienes respaldaron el proyecto que establece la garrafa como un servicio público.

Finalizado el encuentro, Julio Cobos explicó que “recibí a referentes de la Asociación de Defensores del Pueblo de República Argentina, quienes respaldaron nuestro proyecto para declarar al gas licuado de petróleo como servicio público. Hoy es solamente de interés público, por lo que no tiene un precio regulado por el Estado como si lo es y tiene el gas de red, lo que a todas luces es una injusticia que afecta principalmente a los sectores más vulnerables. Actualmente se da un precio de referencia de la garrafa, pero la realidad es que las variaciones de precios y las prácticas abusivas existen y debemos combatirlas”.

Además, el exgobernador señaló que “se requiere de la intervención activa de YPF, para garantizar la distribución de las garrafas pero también de todas las empresas concesionarias del servicios en materia energética. El objetivo es tener una garrafa social a precio accesible y disponible en todo el territorio nacional”.

Por otra parte, el defensor del Pueblo Porteño, Alejandro Amor, expresó que “en la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina que nuclea a todos los defensores, tenemos pleno conocimiento del proyecto del senador Cobos en relación a la garrafa como servicio público esencial y lo hemos hecho público en las audiencias y lo asumimos como propio. Indudablemente las personas que están fuera de la red nacional de gas y que necesitan de la garrafa, pagan muchísimo más que quienes están dentro de esa red. Resulta extraño que los sectores más postergados, sobre todo en la provincia de Buenos Aires donde por ejemplo el 60% de La Matanza no tiene gas, se maneja con garrafa. Por eso es muy importante para nosotros la declaración de la garrafa como servicios público esencial. Vamos a acompañar, apoyar y promover el proyecto del senador Julio Cobos”.

Concurrieron a la reunión Alejandro Amor, Defensor del Pueblo porteño y presidente de ADPRA; Rocío Fernández, defensora del Pueblo de Escobar; Silvia Caprino, defensora del Pueblo de la Matanza; Ismael Rins, Defensor del pueblo de Río Cuarto y Javier Debedia, defensor del Pueblo de Jujuy.

Vale aclarar que con anterioridad el Consejo Federal de Consumo, organismo integrado por todas las autoridades de aplicación de la legislación de defensa del consumidor del país, CABA y la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor avalaron el proyecto del senador considerando que la producción, distribución, comercialización y suministro de GLP, debería ser declarada como servicio público.