Avanza hacia el final la extensa primera sesión ordinaria del año en Diputados, donde se debaten los tres proyectos de ley de simplificación y desburocratización del Estado en las áreas de infraestructura, producción y la administración nacional.

Se trata de las iniciativas que reproducen el contenido del decreto 27/18, que levantó polémica por incluir modificaciones en más de un centenar de leyes. Al finalizar el debate, también se votó favorablemente el dictamen de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo que declaró la invalidez de esa medida, todavía vigente.

El debate se demoró más de lo previsto por la cantidad de homenajes, cuestiones de privilegio y mociones previas al tratamiento del temario.

Al defender los proyectos, el titular de la Comisión de Legislación General, Daniel Lipovetzky, destacó que la norma “mejora el valor de la firma digital” incorporando en el proyecto la presunción de veracidad de la firma del titular del certificado. Agregó que “iguala el valor probatorio de los documentos oficiales electrónicos respecto de los que tienen soporte en papel”.

Por otra parte, destacó el acuerdo alcanzado con el interbloque Argentina Federal para retirar el artículo que permitía embargar cuentas sueldo. Señaló que “este tema que originalmente estaba previsto en el proyecto fue muy debatido. Si bien finalmente la propuesta fue eliminada, nos debemos un debate sobre este tema. yo creo que había una mejora pero en el marco del consenso fue eliminado”.

En otro pasaje destacó que el proyecto baja las multas y los tiempos de permanencia en un registro de infractores que se creó en 2014 a modo de un “veraz laboral”.

Agregó que “estamos dando un gran paso para mejorar la competitividad de la Argentina, para seguir generando empleo y crecimiento que es la única manera de resolver la pobreza en el país”.

A su turno, el exministro Axel Kicillof lanzó una catarata de críticas contra lo que denominó “engendros” que reemplazan el megadecreto. A su juicio, lo propuesto por el Poder Ejecutivo fue redactado por sector privado que se lo impuso al Gobierno. Y remarcó que “desburocratización no es. Esto lo que hace es poner menos regulaciones. Eso no es sacar burocracia. El Estado tiene que regular, excepto que tengan la concepción liberal -que efectivamente tienen- de que el Estado siempre molesta a los privados que son los que van a traer la lluvia de inversiones”.

En su exposición, sobre el final del debate, el jefe del bloque FpV-PJ, Agustín Rossi, reiteró las durísimas críticas hacia el decreto, insistiendo en que se trata de un método “abusivo”.

“Nosotros venimos a decir acá que lo que está haciendo hoy la Cámara de Diputados es un error terrible, un nefasto antecedente parlamentario. No deberíamos haber seguido este camino; estamos haciendo un galimatías institucional”, enfatizó. E insistió: “Estamos haciendo leyes que están vigentes por DNU”, y justificó el rechazo diciendo que “no queremos ser cómplices con este tratamiento. Esto está recontramal hecho”.

En ese contexto, concluyó insistiendo en que “esta sesión es un mamarracho parlamentario”.

Por su parte, desde el bloque Justicialista, Javier David coincidió con las críticas al decreto rubricado en enero pasado, señalando que “no es muy republicano modificar más de 20 leyes” por esa vía. Le pasó la factura entonces al Gobierno por no cumplir en materia de transparencia. “Esta gestión nacional empieza a mostrar en muchos de estos temas que no cumple”, enrostró.

Reconoció no obstante que el reemplazo del DNU a través de tres leyes está “casi en el límite de lo que podemos”. Y advirtió que “tampoco podemos desde este Congreso estar siempre salvando este tipo de cosas”. En ese contexto destacó los cambios realizados a partir de sugerencias de esa bancada.

“La verdad que ya nos estamos cansando un poco de arremangarnos acá para arreglar las cosas que están mal hechas”, concluyó David.

Diego Bossio, por su parte, sostuvo que “este decreto no es tan bueno como dicen muchos, ni es tan malo como dicen otros”. Observó que en el oficialismo “lo único que pretenden es agilizar las inversiones” de un sector, y advirtió que “después se enojan cuando dicen que gobiernan para los ricos”.

“Para nosotros es un límite el tema del embargo de las cuentas, por eso decimos que no se van a embargar”, puntualizó el extitular de la ANSeS. Concluyó pidiendo “discutir una agenda que resuelva los problemas de fondo de los argentinos”.

El diputado Felipe Solá dijo no entender el sentido político que el presidente quiso darle al DNU rubricado en enero, “pasando por encima de un Parlamento que estaba dispuesto a trabajar”. Y confesó pensar a veces que ese decreto “fue una especie de venganza” por los episodios de diciembre.

Por su parte, el jefe de bloque del Movimiento Evita, Leonardo Grosso, afirmó que “en la concepción de este gobierno, desburocratizar es sinónimo de ajuste para los sectores populares y facilidades para el capital concentrado” porque “para desburocratizar hay que echar trabajadores, hay que limitar los espacios estatales que planifican el trabajo de la economía popular, hay que limitar las facilidades que tienen nuestros abuelos para tramitar sus derechos en la ANSeS”. Asimismo consideró que este Gobierno le sigue “atando los brazos a los laburantes y deja volar tranquilamente a las grandes empresas”.

“En el año 91, el por entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, expresaba en un decreto que “el país iniciaba una nueva fase de su historia política y económica, caracterizada por el afianzamiento de los principios constitucionales en todos los planos…” y ya conocemos cómo terminó esa historia. Es lo mismo que dice el decreto de Macri. ¿Qué casualidad, no?”, precisó el diputado nacional del Movimiento Evita.

Grosso explicó que “el voto negativo del bloque es contra la hipocresía, contra el cinismo y contra el maquillaje”. Y por último, aseguró: “queremos un proceso de desburocratización que tenga como protagonistas a los trabajadores, a los jubilados, a los campesinos, a la sociedad general y no a las grandes empresas transnacionales”.