Las mujeres no debemos ser penalizadas cuando nos hacemos un aborto. La penalización sólo condena a las mujeres humildes que no tienen recursos: económicos, de relaciones, de información, etc. Difícilmente podamos decir que elegimos hacernos un aborto.

Entiendo que en general las mujeres llegamos a tomar esa decisión porque el embarazo se nos hace imposible. Según mi experiencia como mujer y como militante de los derechos que tenemos las mujeres por el trabajo que realizamos en nuestro hogar como amas de casa, las mujeres no hacemos abortos como ejercicio de libertad. A tal punto se comprende que los abortos implican una situación de dolor y de injusticia, que en 1995, en la Carta a las mujeres, el santo Juan Pablo II, siendo papa, insospechable de fomentar el aborto, decía: “En semejantes condiciones, la opción del aborto, que es siempre un pecado grave, antes de ser una responsabilidad de las mujeres, es un crimen imputable al hombre y a la complicidad del ambiente que lo rodea”.

Muchas veces el hombre, el compañero, no se ha desentendido, sino que comparte y participa de la misma situación de no poder elegir, de sentirse sin opciones, de no poder afrontar ese embarazo. Considero que el aborto NO es el ejercicio de un derecho de la mujer sobre su cuerpo. Creo que es, en la enorme mayoría de los casos, un dolor cuando las mujeres tomamos esa decisión. Y es necesaria una legislación con mirada humana, inclusiva y de justicia social que, además, promueva el compromiso de varones y mujeres en materia de concepción, de anticoncepción y, en general en las relaciones entre las personas. Se ha escuchado en estos debates muchas veces decir que el aborto es un derecho de las mujeres porque las mujeres “ponemos el cuerpo”. Y quiero decirles, que las mujeres ponemos mucho más que el cuerpo en los embarazos: ponemos cuerpo y alma, ponemos compromiso, compromiso que es de por vida. Entiendo que los proyectos que he conocido que están en tratamiento no deben aprobarse tal como han sido redactados, dado que todos ellos se fundan en el principio de que el aborto es un derecho de las mujeres y consagran una visión individualista sobre el tema.

Propongo que la decisión del Congreso de la Nación consista en una ley que cuide a las mujeres para que no seamos penalizadas por hacernos un aborto. Eso tiene la enorme humanidad de comprender lo que nos ocurre y debe tener dos aspectos indisolubles: a) El agregado de un inciso en el artículo 86 del Código Penal, que despenalice el aborto, en situaciones de vulnerabilidad social, psicológica y de salud y b) Crear un PROGRAMA DE PREVENCIÓN y ASISTENCIA en Situaciones de Interrupción de Embarazo para que no mueran mujeres por vulnerabilidad, para que se valorice la maternidad en la realidad y no sólo en el discurso, para que el Estado asegure que -por información y acceso- las mujeres, las parejas, las familias accedan a las condiciones para tomar decisiones sobre su reproducción.

El programa de prevención y asistencia para los casos de aborto implica: compromiso con la valoración social de la maternidad. Promoción de vínculos libres de discriminación y violencia, incorporación de los varones en el compromiso en las relaciones sexuales y un abordaje igualitario y de respeto en las relaciones humanas. Información y educación para una sexualidad vivida como seres humanos: conocimiento y acceso a los métodos anticonceptivos y de cuidado para evitar enfermedades de transmisión sexual. Acceso a los medios anticonceptivos de manera gratuita e informada. Atención en el sistema de salud de la solicitud de una práctica de interrupción del embarazo. Apoyo a las madres, tanto material como psicológico y espiritual, contención y acompañamiento en situaciones de embarazos no buscados, que pueden convertirse en no deseados. Apoyo a las mujeres en la situación de solicitar un aborto, en todas las etapas. Posibilidad de realización en el sistema público de salud. Acompañamiento para prevenir nuevos embarazos no deseados. Una regulación y control del efectivo cumplimiento de las leyes por parte de los establecimientos asistenciales.

Los profesionales tienen derecho a la objeción de conciencia y a no realizar la práctica si contradice sus convicciones. Pero la objeción de conciencia es de las personas, no de los establecimientos. Cumplimiento de los protocolos existentes para los casos de abortos no punibles, legislación que tiene casi 100 años pero que encuentra obstáculos burocráticos. Ningún médico, director de hospital, juez, funcionario tiene derecho a ponerse por encima de la ley como hemos visto en los calvarios que padecen las familias en situación encuadradas en la legislación a las que se les da vueltas hasta que el aborto se vuelve impracticable

Por último, quiero recalcar que los dichos deben sostenerse con hechos y por lo tanto debe cesar el desmantelamiento de los servicios de salud reproductiva, la reducción de presupuesto al Instituto de las Mujeres, la disminución de horas de educación sexual en las escuelas, y sobre todo es necesario recuperar el derecho al trabajo para la satisfacción equitativa y solidaria de las necesidades de nuestras familias. En conclusión, propongo que se despenalice la realización del aborto mediante un agregado en el Código Penal y se apruebe en el mismo acto el Programa de Prevención y Asistencia en casos de interrupción del embarazo.

Ninguna ley por más pormenorizada que sea, como muchas de las que están en consideración por este cuerpo, cambian la realidad. Y es la realidad la que principalmente debemos asegurar que se cambie: es la realidad de que la maternidad es sagrada de palabra pero muchas veces en la práctica es ejercida en soledad y sin los recursos para llevarla adelante.

La realidad es que mucho se ha legislado en materia de equidad social, de derecho a la educación sexual integral, de parto humanizado, de acceso a la salud reproductiva y a los métodos anticonceptivos, a la ligadura de trompas, a la vasectomía –Pero, ¿Alguien conoce alguna campaña que le informe a los varones que es posible una operación sencilla, reversible, para que no embaracen por descuido? Seguramente no. Pero todo eso está legislado, como el derecho a la información, el derecho a la no discriminación y a su forma extrema que es la violencia. Sin embargo, demasiado lento cambian las conductas personales y las institucionales. Sin hablar de estadísticas le digo Sr. Presidente, que más allá de cuantas sean las muertes por año y por provincia, las mujeres merecen ser atendidas profesionalmente en forma adecuada, minimizando los riesgos físicos y psíquicos.

¿Alguien puede creer, que una mujer que llega a un hospital con un aborto en curso -sea provocado o espontáneo- puede ser maltratada, acusada y humillada por el mismo sistema que debe cuidarla? ¿Cuál es la justificación para que sea atendida sin aliviarse su dolor? Pero ocurre. Obviamente que la despenalización de las mujeres por hacer un aborto debe ser acompañado por la despenalización de los profesionales que lo realizan y conlleva la responsabilidad de atenderlo en el sistema de salud pública. También digo que deben cumplirse los protocolos para los casos de abortos no punibles, porque el cumplimiento de la ley es una obligación para todos, se trate de médicos, directores de hospitales, jueces, consejeros, abogados o funcionarios y hemos visto los calvarios que padecen las familias en situaciones perfectamente encuadradas en una legislación que tiene casi 100 años.

Las mujeres tenemos muchas veces una gran soledad para enfrentar la maternidad. Soledad de afecto, soledad de cuidado, soledad de posibilidades materiales. E igual así, convertimos diariamente cada casa en un hogar sin que esa tarea tenga el reconocimiento social y económico que merece: Por eso estamos orgullosas de la moratoria previsional que ha incluido en la seguridad social a más de 2 millones de amas de casa, y destacamos la decisión de que el salario familiar y la asignación por hijo y por embarazo sea cobrado por las mujeres porque significó el primer reconocimiento de que son las madres las que se ocupan, generalmente, de la crianza de los hijos. Si no bastaría con que usted pidiera un informe a los registros de deudores alimentarios morosos que funcionan en diversas provincias y que -según esperamos- en breve se constituya en un Registro Federal cuando esta Cámara le dé sanción definitiva al proyecto que vino del Senado.

Seguramente no se va a sorprender cuando encuentre que el porcentaje de varones que allí fueron inscriptos por jueces de familia, es abrumador. Porque las mujeres ponemos mucho más que el cuerpo, porque cuando nos hacemos cargo de nuestros hijos los asumimos para toda la vida, para quererlos, para alimentarlos, para educarlos y casi no va a encontrar usted madres hayan dejado a sus hijos sin alimento. No sólo llevamos los hijos por 9 meses dentro nuestro, los llevamos con nosotros para siempre.