La senadora nacional Silvina García Larraburu (FpV-PJ) solicitó al Gobierno nacional la derogación de la resolución 268/2018, publicada el pasado martes en el Boletín Oficial, a través de la cual se establece un “nuevo circuito administrativo de notificación de incompatibilidades” para pensiones por discapacidad.

La legisladora K rechazó que, a través de este decreto de la Agencia Nacional de Discapacidad, se podrá dar de baja a los beneficiarios de pensiones por invalidez que presenten alguna “incompatibilidad” conforme a los criterios que allí se mencionan.

“De este modo el Gobierno nacional obliga a que los pensionados deban concurrir a la ANSeS para realizar el reclamo correspondiente y así evitar la suspensión del cobro”, señaló.

La rionegrina consideró que “es inconcebible este mecanismo” porque “las personas con discapacidad tienen el exiguo plazo de 10 días para regularizar sus expedientes administrativos, bajo pena de perder el beneficio y la posibilidad de defender sus derechos”.

A su vez, indicó que “no podemos olvidarnos del carácter tuitivo de las pensiones por invalidez y la obligación del Estado que debe procurar acercarse y facilitar los trámites a quienes, por su condición, se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad”.

“El proceso de esta resolución resulta perverso, porque no está destinado a mejorar la calidad de vida de los pensionados, sino a generar un nuevo filtro para profundizar el ajuste, y el abandono de las personas”, concluyó.