Luego de que la CC ARI no firmara el despacho de mayoría y de varios cortocircuitos dentro del seno de Vamos Juntos, la Legislatura porteña sancionó con 40 votos positivos y 20 negativos una serie de modificaciones en el Código Contravencional, a través de las cuales se crean nuevas figuras para sancionar el ciberacoso y las pegatinas de oferta sexual; también endurece las penas para los jefes de las organizaciones de trapitos y cuida coches.

La medida recibió el acompañamiento de VJ, MC y Evolución; mientras que lo rechazó UC, BP, PTS, AyL, PO, FIT, PS y GEN. Sin embargo, la CC ARI votò negativamente todos los articulos relacionados con las sanciones a trapitos y limpiavidrios.

Las iniciativa había sido impulsada por el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta. Entre los puntos más destacables se encuentra una modificación al sistema de denuncias, ya que se harán de manera anónima, dado que según cifras del Ministerio Público Fiscal en la Ciudad registran tres denuncias de acoso sexual por semana, ya que pocas mujeres se animan a hacer la denuncia porque tienen miedo a posibles represalias y también porque el trámite puede ser engorroso.

Asimismo, el proyecto hace especial hincapié en que mujeres, niñas y los jóvenes están expuestos al ciberacoso. Por tal motivo se crearán dos figuras para sancionar la difusión no autorizada de imágenes y la suplantación digital de la identidad; también, se establece un agravante cuando la víctima sea menor de edad o mayor de 70 años, cuando sea realizado por un jefe o promotor de eventos, o sea cometido por parejas o exparejas.

Otra figura que se incorporará es Pegatinas, que busca sancionar aquellos afiches que promueven la oferta sexual, vinculadas muchas veces con la trata de personas. Contempla también la clausura del establecimiento cuando la beneficiaria sea una empresa y/o local. Asimismo, se establece un agravante para el Acoso sexual cuando las víctimas sean mujeres y/o niños, y en caso de que los agresores sean dos o más personas.

A su vez, la normativa agrava las penas para las “mafias” de los cuida coches y trapitos, previendo el arresto para los integrantes y jefes de las mismas. Es así que la propuesta del socialista establece que quienes ofrezcan servicios de estacionamiento, cuidado de coches o limpieza de vidrios sin autorización legal serán sancionados con uno a cinco días de utilidad pública; una multa que oscilará entre 200 pesos y mil pesos; asimismo, cuando exista organización previa, la sanción para los partícipes es de cinco a 15 días de arresto y se eleva al cuádruple para los jefes y/o coordinadores.

A su vez, las sanciones serán aún más severas cuando se presten estos servicios en grandes parques o en oportunidad de espectáculos masivos de carácter deportivo o artístico, durante los fines de semana o dentro de un radio de 30 cuadras de donde este programado ese evento. También se suspenderá de manera provisoria y se le iniciará el correspondiente sumario a los funcionarios policiales que de cualquier modo consientan u omitan disuadir a los cuidacoches y trapitos.

Por otra parte, -tras las movilizaciones- desde el Gobierno porteño introdujeron modificaciones en el artículo 85 del proyecto de Ley 1664 con el objetivo de cuidar a los artistas callejeros y dejar expresado que el mismo no es contravencional. Así, al párrafo en el que se detalla que el ensayo o práctica de música fuera de los horarios de descanso (siempre que se usen equipos de amortiguación y en los lugares habilitados para ello tanto al aire libre como en espacios culturales) no constituye contravención se le hicieron agregados a tal fin.

El debate

Al inicio del debate, el oficialista y presidente de la Comisión de Justicia, Daniel Presti (VJ), recordó que “este proyecto ha ingresado a esta Legislatura con un mensaje del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, con una fuerte carga de género” y señaló que “hemos trabajado esta medida por más de seis meses, en las que recibimos a los vecinos y especialistas en la materia”.

“Tiene tres grandes ejes: uno de ellos relacionado con la protección y el uso del espacio público; nuevas figuras contravencionales vinculadas al uso de nuevas tecnologías; y las modificaciones a la normativas de fondo. Todos ellos atravesados por la perspectiva de género”, explicó y aclaró –en relación a las masivas movilizaciones de artistas callejeros- que “tenemos que apoyar al artista callejero, por lo que ellos no van a estar incorporados dentro de los artículos que se refieran a los ruidos molestos; también quedan exceptuadas aquellas murgas que cuenten con la autorización del Gobierno”.

En contraposición el diputado de AyL Fernando Vilardo manifestó que “este Gobierno tiene una orientación represiva y punitiva, que no busca dar soluciones sociales y económicas, sólo se encargan del ordenamiento público” y consideró que “es un proyecto que se presenta con una perspectiva de género, para nosotros es claramente oportunista y para los colectivos de mujeres que piden que no las utilicen para avanzar con un Código absolutamente represivo”.

“Este proyecto busca prohibir a los cuida coches y limpiavidrios, pero hay gente que necesita sobrevivir mientras que el Gobierno nos dice que hay que ordenar el espacio público”, remarcó y sentenció que “esta clase de proyectos van en contra de los pibes que tratan de sobrevivir frente a una situación de ajuste, mientras que las mafias van a seguir yendo. ¿Quién va a ir en contra de las mafias? ¿Daniel Angelici va a ir, cuando tiene las mafias dentro del mismo club?”.

Sobre esa misma línea el trotskista Gabriel Solano (PO) afirmó que “no lo vamos a votar porque nos movilizamos, justamente, contra la violencia de género y este Código -en ese punto- es una clara manipulación” y pidió que “no hagan pasar este Código represivo en nombre de la violencia de género, muchas organizaciones de mujeres vinieron a decir que no las usaran con este fin”.

“No le podemos dar más capacidades represivas al Gobierno ya que si bien discutimos un Código Contravencional, el contexto es el de coacción contra la población, en el que se les da la capacidad a la Policia de utilizar sus armas de fuego sin siquiera dar la voz de alto”, concluyó.

Además, la legisladora Myriam Bregman (PTS) asegurò que “no les quedo Código por modificar, lo único que les pedimos que el año que viene sean más prolijos porque venden una cosa por la tele, otra cosa en las Comisiones y otra en este recinto” y les pidió que “nos den espacio para que, aunque sea, podamos saber qué es lo que discutimos”.

“La enorme mayoría de las contravenciones tienen que ver con el trabajo informal realizado en la vía pública; este Código persigue a quienes trabajan en la calle vendiendo productos, mientras que en la Ciudad sigue aumentando la pobreza y la precariedad laboral”, advirtió.

A su turno, la diputada del FIT Laura Marrone (FIT) remarcó que “es un Código que va en sintonía con el decreto de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, es decir, de pretender esconder la miseria y el deterioro de la sociedad mediante políticas represivas” y concluyó que “mantiene contravenciones que existían, el acoso callejero ya está sancionado, pero para combatir la violencia de género son necesarias otro tipo de políticas. Este Código lo único que hace es castigar a los sectores más vulnerables”.

Por su lado, Leandro Santoro (UC) indicó que “es un error, es una estrategia del Gobierno Nacional y Local de crear enemigos internos” y afirmó que “en los últimos días nos enteramos de que la Ciudad está siendo víctima de mafias muy poderosas, que se encargan de limpiar vidrios y cuidar coches. Ponen a los trapitos con los piqueteros, con los motochorros y con cualquier otro factor que rompe con lo estético; siempre están siendo atacados por un enemigo interno”.

“Detrás de todo esto está la criminalización de la pobreza y de un grupo de personas que toma esto como un trabajo para sobrevivir. Es perverso, nos dicen que para terminar con la extorsión van a prohibir la actividad, cuando hay muchos trabajadores informales que no son delincuentes. ¿Qué tiene pensado hacer la Ciudad con esos trabajadores que subsisten a la pobreza?”, asevero.

Pese a que en los últimos días el oficialismo había negociado con el PS contar con su apoyo, el socialista Roy Cortina (PS) votó en contra de la medida e indicó que “lo rechazamos por la filosofía de esta reforma y su visión frente al conflicto social y su forma de resolverlo” y recordó que “desde su sanción este Código ha sufrido modificado, siempre en pos de aumentar la punitividad y de devolverle el poder a la policía”.

“Acá la sensación es que se busca invisibilidad a la pobreza”, subrayó y concluyó que “no acordamos con la posibilidad de realizar denuncias anónimas, esto es una forma de institucionalizar la intervención de la policía, son un instrumento controvertido que puede derivar en el armado de causas, entre otras cuestiones. Tiene una visión restrictiva y punitiva del espacio público”.

A su turno, el radical Leandro Halperìn (Ev) indicó que “las normas que se modifican hoy no previenen ninguna de las contravenciones que se plantean, por el contrario se crean sanciones a esas situaciones, pero eso ocurre una vez que el daño ya está hecho” e insistió en que “no se debe ni se puede desconocer la existencia de los conflictos que hoy estamos tratando”. “El Código Contravencional regula la convivencia en la Ciudad y estos cambios introducen la perspectiva de género y de los delitos de género”, aseveró.