La Ley 27.337, sancionada en 2016, se aplicará por primera vez sobre los candidatos que superen las PASO. Habrá una réplica en el interior y otra en caso de balotaje. Además, la regulación deja la puerta abierta a un debate entre postulantes a vice. Los detalles, la opinión de especialistas y el caso porteño.
Por Carolina Ramos
Mauricio Macri, Juan Manuel Urtubey, Sergio Massa, Felipe Solá, Miguel Pichetto, quizá Cristina Kirchner. Son varios los nombres anotados en la todavía verde grilla de candidatos a la Presidencia. Pero a pesar de las diferencias que mantienen unos y otros, hay algo que los iguala: todos deberán someterse este año, por primera vez en la historia argentina, a un debate público y obligatorio regulado por ley.
Este 2019 se aplicará por primera vez la Ley 27.337, sancionada por la Cámara de Diputados el 23 de noviembre de 2016, que regirá para los candidatos a presidente que hayan superado el piso que imponen las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), es decir, el 1,5% de los votos.
En los hechos, ya se realizaron dos debates presidenciales. El 4 de octubre de 2015, tras los murallones de la Facultad de Derecho de la UBA, se batieron a duelo Macri, Massa, Margarita Stolbizer, Nicolás Del Caño y Adolfo Rodríguez Saá. Daniel Scioli, en una imagen que quedó grabada para siempre, dejó su silla vacía.
En la segunda oportunidad, Macri y Scioli se enfrentaron cara a cara. Fue el 15 de noviembre, en el mismo escenario y en la previa de la segunda vuelta. El debate tuvo picos de rating y hasta el día de hoy salen a la luz pública las promesas que el actual presidente formuló entonces ante el electorado.
Lo cierto es que ambas experiencias estuvieron a cargo de un grupo de organizaciones sociales, nucleadas en la agrupación Argentina Debate. De ahí lo novedoso del evento que se viene: por primera vez las reglas del juego -o bien la mayoría de ellas- están fijadas por una ley, que incluye una sanción por no asistir.
El debate, ¿sirve o no sirve?
Alejandro Tullio, extitular de la Dirección Nacional Electoral y fuente de consulta permanente en estos temas, hizo una valoración positiva, ya que “el debate presidencial obligatorio exigirá a los estrategas de campaña redefinir toda la campaña alrededor del debate, porque esta vez no será una opción debatir o no”.
Además, el exfuncionario explicó a parlamentario.com que “si bien la propaganda electoral siempre es muy prolífica, otra cosa es ver a los candidatos formulando las propuestas de su boca y por obligación legal”.
De todos modos, aclaró que “no necesariamente las habilidades para debatir se correlacionan con la capacidad de gestión”. “A veces se crea una falsa imagen de que alguien que es un hábil declarante puede representar después los intereses del electorado”, advirtió.
Más escéptico se muestra Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano. “Hay gente a la que el debate le parece algo muy relevante. Creo que es algo que puede sumar, pero no me parece determinante para la ciudadanía. Puede haber candidatos que sean muy buenos en el debate, pero eso no lo hace buenos gobernantes, y viceversa”.
Secchi insistió en que “lo importante es que lo que se diga sea verdad, y lo que vemos es que muchas plataformas que se proponen no se terminan cumpliendo. Por eso, si después no hay una demanda de la ciudadanía, no tiene mucho sentido”.
Por su parte Carolina Tchintian, directora del programa de Instituciones Políticas de CIPPEC, consideró que “nadie puede estar en contra de un mecanismo que contribuye a ejercer un voto más informado”. “El debate presidencial de alguna manera viene a cumplir ese rol. Que un candidato decida no participar ahora que es una instancia obligatoria también es información para el votante”, observó ante la consulta de este medio.
La especialista del CIPPEC sostuvo que “en democracias como la nuestra, donde la identificación partidaria no es lo único que define el voto, donde los sellos partidarios no proveen de tanta información, impulsar el debate y la discusión pública sobre propuestas de políticas concretas en temas clave para los argentinos puede ayudar no solo a definir el voto sino también establecer una línea de base sobre la cual evaluar gestiones y eventualmente premiar o castigar presidentes”.
¿El debate es determinante para el voto? Según Tullio, “en general los debates tienden a confirmar posiciones ya tomadas”, es decir, no son una instancia decisiva para el sufragio.
Para Hernán Charosky, subsecretario de Reforma Política y Asuntos Legislativos de la Ciudad, “la evidencia científica sobre el impacto que tiene en el voto no es concluyente”. “No se puede decir a priori. Puede impactar o no. No es lo mismo un debate donde la elección está peleada por un punto, que una elección donde hay una diferencia mayor”, analizó.
Charosky señaló que “lo importante no radica en el impacto en el voto, sino en la oportunidad igualitaria para todos los candidatos de presentar sus propuestas y de que el electorado los conozca en tiempo real”. Y al igual que Tullio, el funcionario porteño opinó que “las campañas van a tener en cuenta al debate como una instancia clave”.
Qué dice la ley
La ley que entrará en vigencia este año establece que el debate presidencial será obligatorio y que tendrá “la finalidad de dar a conocer y debatir ante el electorado las plataformas electorales de los partidos, frentes o agrupaciones políticas”.
Cinco días después de su proclamación, los candidatos que hayan superado las PASO serán convocados por la Cámara Nacional Electoral (CNE) para iniciar el proceso. Quienes se nieguen a participar del debate serán castigados con el no otorgamiento de espacios de publicidad audiovisual. “La sanción es bastante importante. Va a asegurar que vayan todos”, destacó Secchi.
Los espacios publicitarios no asignados se repartirán “de manera equitativa” entre los candidatos que sí participen del debate. Pero no solo eso: la silla del postulante que se oponga a participar se dejará vacía, como sucedió con Scioli, “a fin de denotar su ausencia”, indica el artículo 4.
Además del debate en la Capital Federal, deberá realizarse uno idéntico en la capital de una provincia del interior del país, a determinar por la CNE. Los debates tendrán lugar entre los 20 y 7 días anteriores a la fecha de la elección, el 27 de octubre. Pero podría haber un tercer debate si -como las encuestan indican- hay un balotaje.
Previo al debate se realizará una audiencia de la que participarán la CNE, organizaciones del ámbito académico y de la sociedad civil, y los candidatos o representantes partidarios. Allí deberá acordarse un reglamento, quiénes serán los moderadores y qué temas se tratarán. Si no hay acuerdo, la CNE tendrá la última palabra.
El evento será transmitido en directo por todos los medios pertenecientes a Radio y Televisión Argentina S.E., y durante el mismo se suspenderá la publicidad electoral en los servicios de comunicación audiovisual, asó como los anuncios públicos de los actos de Gobierno.
Otro artículo atractivo de la ley es el 8, que deja abierta la puerta a un posible debate entre candidatos a vicepresidente, “en caso de que exista voluntad” de los postulantes. Si es así, las reglas serán “similares” a las del rubro presidencial.
En la Ciudad también
A fines de octubre pasado, la Legislatura porteña aprobó un nuevo Código Electoral que contempla también la instancia del debate entre candidatos a jefe de Gobierno que superen las PASO, así como entre postulantes a legisladores y comuneros.
Tradicionalmente, los debates para la Jefatura de Gobierno se realizaron bajo organización y transmisión del programa “A Dos Voces”, por el canal Todo Noticias. Ahora la responsabilidad recaerá en el Instituto de Gestión Electoral (IGE), aunque el debate público y el privado podrán coexistir. Ergo, podría haber más de uno.
Charosky, mentor del proyecto que fue convertido en ley tras dos años de discusión, explicó que “el nuevo Código Electoral fue producto de la aplicación de una metodología participativa”, donde además de los legisladores intervinieron especialistas y miembros de la sociedad civil.
La iniciativa original consistía en que el debate fuera obligatorio para el Estado -en materia de organización y provisión de recursos-, pero “que no fuera coercitivo para los candidatos, sino que fuera la autoridad electoral la encargada de generar los consensos para debatir, sin que fuera una imposición externa”, precisó Charosky.
Sin embargo, durante el tratamiento en la Legislatura se incorporó una multa para los candidatos que no se presenten al debate, equivalente a 10.000 unidades fijas de los aportes que realiza el Estado porteño a las campañas. Esta sanción empezará a regir recién en el turno electoral de 2021.
