El titular del Programa de Planificación Estratégica de Políticas de Seguridad de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad aseguró que con “este nuevo sistema todos somos sospechosos” e insistió en que el mismo comenzará a aplicarse sin ninguna normativa de control que lo regule.
Tras el anuncio del vicejefe de Gobierno y titular del Ministerio de Seguridad, Diego Santilli, sobre la implementación de un sistema de reconocimiento facial para atrapar a prófugos de la justicia aún sigue generando polémicas. Es que el titular del Programa de Planificación Estratégica de Políticas de Seguridad de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, Gabriel Fuks, advirtió que la implementación del mismo se comenzará a hacer sin ninguna normativa de control que lo regule.
El nuevo software adquirido por el Gobierno porteño se complementará con las más de 7.500 cámaras colocadas en las terminales ferroviarias, en las estaciones del subterráneo y en algunas esquinas de la Ciudad, por lo que el exdefensor aseguró que “se hará sin que hasta ahora ningún organismo de control pueda intervenir para crear una normativa y resguardar su integridad”.
Sobre esa misma línea, explicó que quienes conocen en profundidad el tema “denuncian el potencial de esta tecnología para vulnerar la privacidad de millones de ciudadanos inocentes” e insistió en que se trata de “una medida que genera demasiados interrogantes y resulta peligrosa, en tanto, se desconoce un necesario y riguroso seguimiento para aplicar este tipo de control”.
“El Ejecutivo, tampoco informó qué tecnologías utilizarán, cómo se compró, por cuánto dinero y a quién. Además, se desconoce cuál será el tratamiento de las imágenes grabadas en espacios privados, quiénes operarán las imágenes, cómo serán los procesos de custodia y guarda y el tiempo de conservación de las mismas”, precisó.
A su vez, Fuks afirmó que “desde particulares y asociaciones de activistas, se realizaron una serie de pedidos de informes al Ejecutivo para conocer el alcance de estas y otras tecnologías. También reclaman la constitución de un organismo de control específico que regule el uso de este sistema operativo, que se establezcan normas de uso, protocolos, y que haga transparente los sistemas para las actividades de vigilancia”.
“Este anuncio se realiza en medio de una crisis económico social que generó el Gobierno nacional, y que aparece con final complicado. Esta medida es controversial en términos de seguridad democrática, y contiene mucho olor a anuncio pre electoral, demagógico y efectista”, sentenció.
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