Pichetto presentó un proyecto de ley para crear un “Consejo Económico y Social”

El jefe del bloque PJ señaló que debe ser un instrumento que permita generar consensos y “salir de la grieta”.

El jefe del bloque Justicialista en el Senado, Miguel Pichetto, junto a su par Pedro Guastavino, presentó un proyecto de ley para crear un “Consejo Económico y Social de la República Argentina”.

Se propone que esté integrado por representantes del Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo Nacional, las centrales sindicales de trabajadores, las organizaciones empresariales y de la sociedad civil, la Iglesia Católica, y otras instituciones representativas de la vida económica y social del país.

Se trata de una iniciativa que el senador viene trabajando desde hace un tiempo y que tiene como objetivo “la búsqueda de consensos para lograr el desarrollo del país”. “Para salir de la crisis que vive la Argentina es imperativo que las fuerzas políticas democráticas avancen hacia un acuerdo sobre políticas públicas generales que tiendan a garantizar el desarrollo del país”, sostuvo.

El precandidato presidencial de Alternativa Federal explicó que pretende que esta propuesta “funcione como un paraguas que permita diseñar y llevar a la realidad esas políticas que tanto necesitamos, y protegerlas de construcciones realmente destructivas como la grieta”.

En este sentido, el legislador expresó que “la verdadera grieta es entre los que tienen una vocación democrática para sentarse a dialogar sobre cómo evitar la decadencia por la que atraviesa la Argentina y aquellos que quieren romper todo”.

Dentro de las principales funciones, este organismo podría “colaborar con las autoridades nacionales en la elaboración de proyectos de planificación estratégica en las áreas vinculadas a asuntos de carácter económico, laboral, productivo, científico, social y/o proyectos de inversión públicos o privados que impacten en la vida de los ciudadanos”.

El proyecto promueve que el Consejo esté integrado por tres diputados y tres senadores nacionales, dos representantes del PEN, seis de las centrales sindicales de trabajadores, seis de las organizaciones empresariales, dos de las de la sociedad civil y uno de la Iglesia Católica. Todos ellos desempeñarán sus funciones ad-honorem.

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