El viernes pasado venció el plazo para que los candidatos a cargos electivos nacionales presenten sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción. Si bien esta obligación está escrita en la Ley 25.188 de Ética Pública, no todos los postulantes la cumplieron. Peor aun: bajó la cantidad de candidatos que entregaron el documento en relación a 2017.

Solo el 60,4% de los candidatos presentó su declaración jurada, es decir, un 6% menos que en el último año electoral, cuando la cifra fue del 66,3%. El relevamiento fue realizado por la Fundación Directorio Legislativo, que logró reunir más de 120 mil firmas en una campaña llevada adelante en la plataforma Change.org, con la consigna #CandidatosTransparentes.

El informe final incluyó tanto los candidatos a presidente y vice como a diputados y senadores nacionales. En este último caso, buena parte de quienes no presentaron su declaración jurada son postulantes suplentes. Entre los titulares incumplidores figuran Pablo López, candidato por el FIT-Unidad a gobernador de la provincia de Salta; y Luis Zamora, postulante a diputado nacional por la Ciudad por Autodeterminación y Libertad.

La Ley de Ética Pública, que rige desde 1999, fue modificada en el año 2013 a través de la Ley 26.857, que incorporó entre los sujetos obligados a presentar declaraciones juradas a los candidatos a cargos electivos nacionales que hayan superado las PASO. Sin embargo, pese a los esfuerzos de diversas organizaciones de la sociedad civil, el cumplimiento no alcanza los niveles esperados.

“Comprendemos que el proceso de presentación de las declaraciones juradas es complejo debido a las limitaciones del alcance territorial, que conllevan demoras. Sin embargo, el objetivo es justamente poder contar con información completa a tiempo. Si los candidatos no cumplen con la presentación dentro del plazo establecido, pierde el sentido su inclusión en la ley y no hay posibilidad de control ciudadano”, planteó Mercedes de los Santos, de la Fundación Directorio Legislativo.

Y agregó: “La incorporación de esta obligación a los candidatos fue introducida en 2013, y siendo esta la tercera elección en la que rige esta normativa, es preocupante este porcentaje de cumplimiento. Todos los candidatos deben ajustarse a derecho y cumplir con la ley”.

Las declaraciones juradas patrimoniales contienen el valor de los bienes propios, acciones bursátiles, empleos anteriores, participaciones propias en sociedades o participaciones de su cónyuge e hijos menores. También se obliga a declarar los bienes que integran la sociedad conyugal o los del conviviente, entre otros datos.

Así, en este documento se puede encontrar toda la información sobre las propiedades y autos que tienen los funcionarios y candidatos, acciones en empresas privadas, bonos y títulos del tesoro, ingresos anuales, estado de las cuentas bancarias, entre otras cosas.

La campaña de recolección de firmas estuvo conformada por diferentes miembros de organizaciones de la sociedad civil como Ciudadanos por la Transparencia de Santa Fe, Fundación Nuestra Mendoza de Mendoza, Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables de Córdoba y Salta Transparente. La iniciativa abarcó siete distritos electorales: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Salta, Santa Fe y Neuquén.

Cabe destacar que los integrantes de las seis fórmulas que competirán en octubre presentaron sus declaraciones juradas. Alberto Fernández, el candidato presidencial más votado en las PASO, declaró un patrimonio de 2.929.608,93 pesos, registrando un incremento del 38,23% en 2018.

En tanto, el presidente y candidato a la reelección Mauricio Macri ya había presentado el documento en el mes de julio, y declaró un patrimonio 50 veces mayor que el de su principal oponente: comprende un total de 151.688.684 pesos, lo que significa un aumento del 51,88% respecto al año anterior.