Tras la debacle económica por el resultado de las elecciones primarias, el Gobierno está analizando alternativas para cubrir la suba del gasto público en el último trimestre del año sin que se resiente el frágil equilibrio fiscal primario conseguido hasta el momento.

Diversas fuentes del gabinete económico comentaron a parlamentario.com que uno de los aspectos centrales por estas horas es asumir el costo de la decisión que tomó la Corte Suprema de avalar el reclamo de diversas provincias con relación a la rebaja en el IVA en distintos alimentos.

Los funcionarios técnicos del Palacio de Hacienda calculan una cifra superior a los 6.000 millones de pesos, lo que sumado a las diversas medidas adoptadas tras las PASO para estimular el nivel de actividad económica y contrarrestar el efecto devalutorio-inflacionario, llegaría a un monto anual superior a los 150.000 millones de pesos.

Y justamente uno de los graves cuellos de botella es que está prácticamente descartado que se pueda contar en lo que resta del año con el desembolso pendiente por parte del FMI de 5.400 millones de dólares contemplado en el acuerdo stand by firmado el año pasado.

“Es indudable que hubo que modificar la pauta de emisión monetaria en función del contexto económico que desembocó después de las elecciones primarias. Nuestro objetivo es que el próximo Gobierno asuma con las partidas cubiertas para todos esos gastos, dentro de un panorama de equilibrio fiscal y superávit comercial”, apuntó una fuente del Ministerio de Hacienda.

La pauta de emisión monetaria cero quedó desechada a mediados de mes, cuando el Banco Central decidió cambiar el esquema de balance de agregados, lo cual en lo concreto significa haber dejado de lado esa meta.

“No vamos hacer expansión monetaria. Se trabajará con cuidado para no presionar con esa emisión sobre el costo de vida”, agregó la misma fuente.

De todas formas, también se está pensando en utilizar parte de las utilidades que generan las reservas del Banco Central y de la Anses para apuntalar el gasto en el último trimestre del año y hacer frente al costo fiscal de todas las medidas anunciadas en septiembre.

Hay que considerar que el Gobierno se había comprometido a lograr déficit fiscal cero en este año y que luego se pactó con el FMI un “leve desequilibrio” de hasta 0,5 por ciento del PBI.

De enero al mes de agosto hubo un superávit fiscal primario del orden del 0,2 por ciento del PBI, pero con las diversas medidas aplicadas y con el saldo del dólar y la devaluación, el balance de las cuentas públicas para este año finalizaría con un déficit que oscilaría entre 0,5 y 1,0 por ciento del PBI.

Con estos números, está claro que el próximo Gobierno no tendrá margen para seguir aumentando el gasto y que esa circunstancia promueva a la Argentina a incrementar su déficit fiscal de nuevo.

Tampoco queda mucho margen para subir los impuestos, lo que marca en definitiva un estrecho margen de maniobra que tendrá la próxima administración, aún con la reestructuración de la deuda y con un nuevo acuerdo de largo plazo con el FMI.