Se oficializó este lunes en el Boletín Oficial la resolución firmada por legisladores del oficialismo y la oposición, en la bicameral encargada del monitoreo e implementación del nuevo Código Procesal Penal, que establece límites en las prisiones preventivas. Una medida que podría beneficiar a más de ocho mil detenidos, entre ellos, exfuncionarios K.

Se trata de una resolución que dispone la aplicación de 11 artículos del nuevo Código -que está siendo implementado de forma progresiva en el país-, algunos de ellos vinculados a las detenciones de los imputados sin condena firme.

En lo que respecta al peligro de fuga, los jueces deberán tener en cuenta varios factores, como el arraigo; las facilidades para abandonar el país o permanecer oculto; las circunstancias y naturaleza del hecho; la pena que se espera como resultado del procedimiento; el comportamiento del imputado durante el procedimiento en cuestión, entre otros.

También legisla sobre los indicios que los magistrados deberán tener en cuenta para decidir acerca del entorpecimiento de la investigación o no; y se establece que la prisión preventiva cesará si el imputado hubiere cumplido -en este estado- la pena solicitada por el representante del Ministerio Público Fiscal.

Además, podrá salir en libertad si “hubiere agotado en prisión preventiva un tiempo igual al de la pena impuesta por la sentencia no firme” o “si hubiere permanecido en prisión preventiva un tiempo que, de haber existido condena, le habría permitido solicitar la libertad condicional o la libertad asistida”.

“No podrá imponerse nuevamente la prisión preventiva en el mismo proceso si una anterior hubiese cesado por cualquiera de las razones enunciadas precedentemente; ello sin perjuicio de las facultades para hacer comparecer al imputado a los actos necesarios del proceso o de la aplicación de otras medidas de coerción”, se indica.

La implementación de los artículos regirá a partir del próximo viernes.

Según datos del último informe de la Procuración Penitenciaria Federal, hay 8.348 personas privadas de su libertad que están encarceladas sin que la Justicia haya dictado sobre ellas una condena firme, y que podrían beneficiarse con estos nuevos artículos.

Con el objetivo de no abusar del recurso de las prisiones preventivas, el Código fija “pautas concretas para regular las restricciones a la libertad durante el proceso”, que acotan el margen de interpretación de los magistrados, que hasta ahora se basaba en un fallo plenario de la Cámara de Casación (Díaz Bessone) que dispone utilizar esta herramienta cuando se verifique peligro de fuga o riesgo de entorpecimiento de la investigación.

En ese sentido, en los argumentos se señala que “desde el comienzo de esa implementación se han verificado numerosos planteos judiciales en diversas jurisdicciones del país”, en las cuales se reclama “un mayor resguardo de las garantías constitucionales que protegen los derechos de los justiciables en el marco del proceso penal”.

“Frente a estos planteos judiciales, y a fin de evitar que el sistema de progresividad territorial fijado” por la comisión bicameral para una “mejor y más adecuada transición hacia este nuevo sistema procesal, genere y consolide interpretaciones disímiles y contradictorias que provoquen situaciones de desigualdad ante la ley en relación con el goce de las garantías constitucionales”, corresponde que se “inicie un proceso de implementación normativa, a fin de evitar que se configuren estas situaciones de desigualdad durante el proceso de progresividad territorial”.