Durante 180 días el Ejecutivo fijará trimestralmente los incrementos de haberes. Asimismo el Gobierno podrá disponer que el sector privado abone aumentos salariales mínimos.
El proyecto de Solidaridad Social y Reactivación Productiva suspende por 180 días la vigencia del artículo 32 de la Ley 24.241 correspondiente al Sistema Integrado de Jubilaciones y pensiones. Dicho artículo corresponde a la movilidad de las prestaciones y específicamente a la fórmula para definir la movilidad jubilatoria.
Durante ese lapso el Poder Ejecutivo fijará trimestralmente el incremento de los haberes previsionales de la totalidad de los regímenes bajo su administración, “atendiendo prioritariamente a los sectores de más bajos ingresos”. El proyecto no establece si durante ese período se elaborará una nueva fórmula para el pago a jubilados.
En cuanto al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, hasta el 31 de diciembre de 2023 podrá mantenerse hasta el 70% de la cartera de dicho fondo en títulos públicos, cuenten o no con garantías, debiendo, al cabo de ese período, regularizar la tenencia de estos activos.
Asimismo el Poder Ejecutivo Nacional queda facultado a “disponer en forma obligatoria que los empleadores del sector privado abonen a sus trabajadores incrementos salariales mínimos”.
Por otra parte el PEN podrá “eximir temporalmente de la obligación del pago de aportes y contribuciones al Sistema Integrado Previsional Argentino creado por Ley N° 26.425 sobre los incrementos salariales que resulten de la facultad reconocida en el inciso anterior o de la negociación colectiva”, como así también efectuar reducciones de aportes patronales y/o de contribuciones personales al Sistema Integrado Previsional Argentino creado por Ley N° 26.425 limitadas a jurisdicciones y actividades específicas o en situaciones críticas.
