A pesar del rechazo de Juntos por el Cambio, el Frente de Todos cuenta con apoyo de otros dos interbloques para aprobar la iniciativa y girarla al Senado, que la tratará este mismo viernes.
Con más de 130 oradores anotados, avanza en la Cámara de Diputados el debate por el proyecto que declara nueve emergencias y suspende por seis meses la fórmula de movilidad jubilatoria. Sin respaldo de Juntos por el Cambio, que ya anticipó su rechazo, el Frente de Todos buscará aprobar la iniciativa en horas de la madrugada, para convertirla en ley este viernes en el Senado.
La sesión inició a las 15.05 con la presencia de 129 diputados, el número justo. El oficialismo consiguió el quórum gracias a la presencia de los diputados de los interbloques Federal, de Eduardo “Bali” Bucca, y Unidad Federal para el Desarrollo, de José Luis Ramón. Ambas bancadas acompañarán la votación en general, y plantearán modificaciones en el articulado.
El debate significa, además, el debut de la nueva composición parlamentaria, luego de que 23 diputados juraran en una sesión previa, en reemplazo de aquellos que fueron nombrados en el Gabinete o que fueron electos en otros cargos.
El Frente de Todos consiguió dictamen favorable este martes en un plenario de comisiones con la presencia de los ministros Daniel Arroyo (Desarrollo Social), Ginés González García (Salud), Claudio Moroni (Trabajo), Matías Kulfas (Producción), además de la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, y los secretarios de Política Tributaria, Roberto Arias, y de Hacienda, Raúl Rigo.
Tras este primer logro, el oficialismo busca alzarse con la media sanción para poder girar la iniciativa al Senado y culminar así un trámite relámpago del proyecto, titulado “de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública”.
La iniciativa declara la emergencia pública en nueve áreas: económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.
Uno de los aspectos más discutidos del proyecto es que suspende por 180 la fórmula de movilidad jubilatoria sancionada a fines de 2016. Durante ese lapso, el Poder Ejecutivo podrá fijar trimestralmente, de manera discrecional, el incremento de los haberes previsionales, y además se deberá elaborar un nuevo método de actualización, en el marco de una comisión de la que participarán legisladores y expertos.
El texto incorporó un cambio para que, más allá de esta suspensión, continúen vigentes los regímenes especiales que tienen los docentes, los docentes universitarios, los científicos y la prestación otorgada por la “Ley Brisa” para hijos de víctimas de femicidios.
Por otra parte, se crea un nuevo impuesto, denominado PAIS (Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria), que regirá por cinco períodos fiscales. Se trata de un tributo del 30% para la compra de dólares para atesoramiento, compras en el exterior, compra de servicios que operen en el exterior y compra de pasajes al exterior.
De este gravamen, el 70% será destinado a la seguridad social y el 30% a obras de infraestructura. Cabe aclarar que se excluirán del alcance del impuesto PAIS a las transacciones efectuadas con anterioridad.
En cuanto a las retenciones, se pone un tope del 33% para la alícuota de derechos de exportación de la soja, un 15% para el maíz y un 5% para las economías regionales que defina el Ejecutivo. En tanto, para los hidrocarburos y la minería, el techo fue fijado en el 8%.
Otro aspecto relevante es que el 67% de esos incrementos será destinado a la ANSES, mientras que un 3% será para la creación de un “fondo solidario de competitividad agroindustrial” para estimular la actividad de pequeños productores y cooperativas a través de créditos. Esta compensación será administrada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
En otro orden, se eliminó del proyecto original el polémico artículo 85, que facultaba al Ejecutivo a la “modificación, creación, fusión y supresión total o parcial de organismos descentralizados, así como la modificación de sus autoridades superiores, objetivos, funciones, atributos y competencias”.
En lo que respecta a los salarios, el proyecto indica la facultad para “disponer en forma obligatoria que los empleadores del sector privado abonen a sus trabajadores incrementos salariales mínimos”.
Sobre la declaración energética, el Ejecutivo estima un plazo de seis meses para renegociar un nuevo esquema tarifario, a la vez que establece la intervención por un año del ENRE y el ENARGAS, y suspende los traspasos de Edenor y Edesur a la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.
La ley ómnibus prevé también planes de regularización de deudas tributarias, aduaneras y de la seguridad social para pymes.
El debate
Carlos Heller, quien juró en la sesión precedente en reemplazo del ministro de Medioambiente, Juan Cabandié, sostuvo que el título del proyecto, que refiere a la “solidaridad social” y a la “reactivación productiva”, es “una definición en sí misma”.
Tras repasar que el proyecto declara las emergencias económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, advirtió: “Suena dramático, pero la realidad es dramática. No es una descripción exagerada”.
“El escenario que recibimos nos plantea urgencias”, insistió el legislador, y repasó algunos indicadores de la anterior gestión, entre ellas que “el PBI per cápita cayó estos cuatro años entre un 9% y un 10%”.
“En materia financiera, los compromisos heredados de la deuda resultan absolutamente insostenibles y requieren recuperar esa sostenibilidad. El anterior gobierno tuvo que plantear el reperfilamiento porque los hechos demostraron que la deuda tal como estaba contraída era imposible de pagar”, aseveró Heller.
Por su parte, Darío Martínez, actual presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, enfatizó que “la economía y el tejido social hoy están en una situación más que alarmante”.
“La emergencia no está plasmada en una hoja o en un proyecto, sino en la mesa de cada argentino, y esta es la deuda interna que ha dejado el estado con sus habitantes”, sostuvo el neuquino.
A continuación, habló del “52% de inflación acumulada, la más alta de los últimos 28 años”, y de “una pérdida del poder adquisitivo del 20% en los jubilados”, que “en los trabajadores es aun más alta”, según “datos del recuperado INDEC”.
También mencionó que hubo “una caída del 11% en la industria manufacturera” y que “la tasa de desocupación ha llegado a los dos dígitos”.
Por otra parte, Martínez señaló que “la deuda externa creció un 76% en los últimos cuatro años, llegando a 284.000 millones de dólares”. “Estos son indicadores de una verdadera emergencia”, concluyó.
En nombre de Juntos por el Cambio, Luciano Laspina (Pro) denunció que con la ley habrá “jubilados de primera y de segunda”, a la vez que advirtió que el gobierno de Alberto Fernández tendrá “la suma del poder público”.
Laspina sostuvo que “la ley de movilidad, que era un derecho adquirido consagrado por la Corte, y que le costó a este Congreso 14 toneladas de piedras tiradas por energúmenos, lo que hizo fue proteger a los jubilados de los procesos de alta inflación como el que estamos viviendo, y en marzo iban a tener una recomposición del 12% y un aumento interanual del 52%”.
Sin embargo, señaló que “ahora lo estamos suspendiendo” ya que el proyecto congela la aplicación de la fórmula por 180 días hasta elaborar una nueva.
“¿Alguien cree que se necesita una ley para subir las jubilaciones mínimas? Lo que quieren es congelar las jubilaciones superiores a la mínima: los veteranos de Malvinas, los adultos mayores, las pensiones no contributivas, de eso estamos hablando”, consideró Laspina.
Por eso, habló de “jubilados de primera y de segunda” y cuestionó que “las jubilaciones de un empleado público estén congeladas” y las de otros sectores como docentes, científicos o jueces “no”, aunque aclaró: “No tengo nada contra esos sectores”.
Por su parte, el jefe del bloque de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, alertó que “más que ley de solidaridad social y reactivación productiva, esto es una nueva ley de plenos poderes”.
“Gobernamos cuatro años con aciertos y con errores. No somos infalibles. Nos hacemos cargo de la responsabilidad que nos otorgó el mandato popular. Pero no vamos a permitir que se diga que estamos ante una Argentina de ‘tierra arrasada’”, se quejó.
Quien se diferenció en este aspecto fue el titular de la UCR, Alfredo Cornejo, que en su debut en este período como diputado nacional coincidió en que “no hay tierra arrasada”, pero también advirtió que “no hemos dejado las bases para volver a crecer”.
“Acá no hay ni tierra arrasada, ni tampoco -y lo digo desde la coalición Cambiemos- hemos dejado las bases para empezar a crecer. Ni lo uno, ni lo otro. No tenemos ningún derecho los dirigentes de este país para atribuirnos ese carácter fundacional”, admitió el mendocino.
Además, analizó que el proyecto del Ejecutivo contiene “once delegaciones de facultades”: algunas sin plazo, otras con plazos “cortos” de 180 días, otras de un año, otras de cinco años, “pero varias sin siquiera plazo de finalización”.
