El proyecto de la diputada Ocaña prevé que la Superintendencia de Seguros y su par de Riesgo del Trabajo establezcan los porcentajes de descuento/bonificación a aplicar sobre las primas que tendrán que restituir las compañías a sus asegurados.
La diputada nacional de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña reclamó que se realicen descuentos y bonificaciones en los seguros de automóviles y en los seguros de riesgos del trabajo desde el inicio del aislamiento hasta su finalización.
Ocaña solicitó al Poder Ejecutivo que instrumente las medidas ya que desde que se estableció el aislamiento por el Covid-19 “es un período en donde hubo una sustantiva disminución de los accidentes de tránsito, de robos y hurtos y de accidentes de trabajo, por eso es necesario que se aplique esta medida hasta la culminación del aislamiento, en donde se autorice nuevamente la circulación de automotores y la actividad laboral”.
El proyecto de ley presentado prevé que en un plazo no mayor a un mes la Superintendencia de Seguros y su par de Riesgo del Trabajo establezcan los porcentajes de descuento/bonificación a aplicar sobre las primas de seguros que tendrán que restituir las compañías aseguradoras a sus asegurados.
En tanto, el escrito acompañado por los diputados Fernando Iglesias, Estela Regidor, Hernán Berisso y Álvaro De Lamadrid propone que los Ministerios de Economía y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, actuarán como autoridades de aplicación.
La dirigente de Confianza Pública manifestó que la situación de restricción vehicular y de actividad laboral “ha generado una notable desproporción entre el valor de la cuota/prima que cobran las compañías aseguradoras a sus asegurados, con disminución del riesgo que están afrontando las compañías de seguro” y agregó que “esta desproporción hace que las compañías aseguradoras obtengan utilidades muy por encima de los márgenes de razonabilidad aceptados, desprotegiendo los derechos de los asegurados a tener un valor justo y razonable por la contraprestación del servicio”.
En ese sentido, Ocaña subrayó que “no parece lógico que los reclamos de los clientes queden circunscritos a la libre interpretación de las aseguradoras, anteponiendo una decisión comercial ante la ausencia de una norma, más aún en un escenario en donde claramente se advierten situaciones de inequidad y falta de comunicación a los consumidores”.
