A más de cien días de haber iniciado el aislamiento obligatorio por la pandemia del Covid 19, la diputada del Frente de Todos (FdT) Ofelia Fernández se refirió a la intención de la Justicia de desalojar a las familias que ocupan la Casa Santa Cruz y consideró que “es una locura que en este contexto a la Justicia le preocupe más los posibles negocios inmobiliarios de una persona, que la garantía de una vivienda digna de muchos”.

Al mismo tiempo que manifestó que “parece ser que el Gobierno está más ocupado en este  tipo de cosas, que en garantizar que existan protocolos sanitarios que cuiden la salud y la vida las poblaciones que viven en hoteles y casas tomadas, donde Santa Cruz es un caso más de miles” y remarcó que “desde el Frente de Todos acompañamos a las familias en su legítimo reclamo por vivienda digna y presentamos un proyecto para que la Legislatura exprese su preocupación por el avance del proceso de desalojo de las más de 100 familias que viven en la Casa Santa Cruz”.

Sobre esa misma línea, la referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos y vecina de la Casa, Susana Ordoñez, precisó que “desde el día que resistimos al desalojo seguimos trabajando para encontrar una solución habitacional definitiva. Iniciamos un amparo colectivo y pedimos la suspensión del desalojo por 18 meses para trabajar en conjunto con el Gobierno de la Ciudad y de la Nación un proyecto que nos permita comprar el edificio y construir nuestras viviendas” y advirtió que “incluso en cuarentena estamos trabajando en esta perspectiva; pero de un día para el otro nuevamente el dueño, en complicidad con la Justicia, nos quieren dejar en la calle, en un contexto que como bien sabemos es sumamente delicado, ¿a dónde vamos a ir?”.

Cabe destacar que la Casa Santa cruz se encuentra ubicada en Santa Cruz 140 en el barrio de Parque Patricios a pocas cuadras de la sede del Gobierno de la Ciudad. Desde el 2002, las personas que viven ahí han transformado lo que solía ser la sede social de una fábrica en un edificio de viviendas que alberga familias en situación de vulnerabilidad habitacional.

Sin embargo, en el año 2010 el edificio fue subastado y adquirido por Leonardo Ratuschny, un empresario dueño de varios hoteles. Desde ese momento las familias se enfrentan a un juicio de desalojo, que el 18 de Septiembre de 2019 derivó en un intento de desalojo que fue resistido por las familias y organizaciones que acompañaron en el proceso.