En virtud del incremento en los acontecimientos de violencia policial e institucional ocurridos en el país desde el inicio de la cuarentena, las diputadas Lidia Ascárate y Josefina Mendoza presentaron un proyecto de ley para establecer la capacitación obligatoria en temática de Derechos Humanos para todos los miembros de las fuerzas de Seguridad y de Defensa de la Nación, en todos sus niveles y jerarquías, y para todas las fuerzas de seguridad de las unidades subnacionales que adhieren a la ley. El proyecto lleva también la firma del presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, entre otros legisladores que acompañan la iniciativa.

El propósito de esta ley es potenciar la implementación de políticas de seguridad y de defensa efectivas en el marco del Estado de derecho y el respeto irrestricto a los Derechos Humanos, y a su vez generar e implementar políticas de prevención de violencia institucional, y los procedimientos de resolución pacífica de conflictos.

El Programa Nacional de Formación Continua en Derechos Humanos, tal como lo indica su nombre, entiende que la capacitación en Derechos Humanos debe formar parte del proceso formativo continuo de las Fuerzas de Seguridad y de Defensa, y que tienen que estar enmarcadas dentro de un enfoque interdisciplinario e integral que genere espacios de aprendizaje y reflexión. Es decir, que las tareas y responsabilidades de las fuerzas de seguridad no deben estar limitadas a la prevención o persecución del delito, sino también a promover la tutela y garantía de todos los derechos humanos.

Lo ocurrido en Tucumán con Luis Espinoza y Ceferino Nadal, los ataques a comunidades indígenas en Chaco y el asesinato de Magalí Morales en San Luis, entre otros tantos hechos lamentables, pone en evidencia que, con mucha frecuencia, el accionar de las fuerzas de seguridad no se ajusta a los principios constitucionales y a los tratados de derechos humanos. En este sentido, las diputadas Ascárate y Mendoza aseguran que esta ley va a otorgar las herramientas necesarias para que en el ejercicio de sus funciones las autoridades no incurran en violaciones a los derechos humanos, el abuso de poder, el uso excesivo de la fuerza pública, las detenciones ilegales y arbitrarias, y los actos de tortura.

Ante el evidente incremento en delitos basado en el rechazo, desprecio, u odio hacia personas en razón de su identidad de género, raza, u orientación sexual, es imprescindible generar mecanismos para la prevención de la discriminación y la violación de los derechos de personas históricamente vulneradas.

Acompañan con su firma el proyecto los diputados José Cano, Álvaro de Lamadrid, Claudia Najul, Gustavo Menna, Carla Carrizo, Lorena Matzen, Ximena García, Roxana Reyes, Diego Mestre, Jorge Vara, Gabriela Lena, Atilio Benedetii, Karina Banfi, Estela Regidor, Adriana Ruarte, Camila Crescimbeni.