Para sorpresa de más de uno, el juez Luis Aldo Rodríguez dio a lugar a las denuncias iniciadas contra Laura Alonso, titular de la oficina Anti Corrupción en la era Macri, y a Juan José Aranguren exministro de Energía durante la misma época por negociaciones incompatibles con los deberes de funcionarios públicos. 

Reconozco la necesidad de que este sea ejemplo para que cada caso presentado ante la Justicia pueda realmente seguir un camino legal, y aplaudo la decisión del juez, pero no puedo dejar de pensar que, en 2016 este diputado, ya había realizado un pedido de renuncia formal y por carta documento al ministro Aranguren. 

Es que para el segundo año de Cambiemos, ya se habían anunciado varios, diferentes y sustanciales aumentos de los servicios públicos, y en el caso de la provincia de Mendoza, el gas ya se había vuelto impagable para muchísimas familias. 

La renuncia incluso, había sido presentada tras infinitas acciones colectivas que incluso habíamos elaborado con Protectora ONG para se ampare a aquellas familias que estaban siendo víctimas del maltrato y de corte del suministro de gas, un servicio que es un derecho humano, porque es esencial para la vida digna. 

Es así, que desde el 2016 las presentaciones y pedidos de renuncia fueron desoídas por el poder judicial cómplice muchas veces de estos manejos inadecuados y por muchos opositores que hoy llaman a aplaudir esta nueva denuncia. 

No será en vano, al menos, el trabajo realizado y por eso solicitamos que se profundice la investigación y que no nos olvidemos de quienes han pasado por el piso, cual trapos sucios las necesidades de las familias argentinas. Mientras tanto, seguiremos defendiendo de los usuarios de servicios públicos, hasta que se entienda que son derechos inalienables de las personas.