Integrante del interbloque Federal, el legislador santafesino aclaró que tampoco se prestará a “ningún entendimiento que suponga convalidar su tratamiento”.
Ya había adelantado parlamentario.com que había dudas de que el diputado santafesino Luis Contigiani fuera a apoyar la reforma judicial impulsada por el Gobierno. Ahora el propio legislador, que integra el interbloque Federal de Diputados acaba de confirmar que no acompañará el proyecto: “No termina de cambiar de raíz la justicia federal. Todo lo contrario. Estructuras absolutamente viciadas son multiplicadas pero no corregidas”, expresó.
“No voy a acompañar la reforma judicial enviada por el Poder Ejecutivo Nacional, ni tampoco a prestarme a ningún entendimiento que suponga convalidar su tratamiento”, señaló.
Lo hizo a través de un extenso comunicado titulado: “Desconcentrar y multiplicar Comodoro Py no significa sacarle el poder”.
Tras elogiar una serie de anuncios del presidente Alberto Fernández, el diputado santafesino aclara que “el proyecto de reforma judicial anunciado por el Poder Ejecutivo y enviado al Congreso Nacional tiene muy poco de ese espíritu transformador y nada de federal”.
“No termina de cambiar de raíz la justicia federal. Todo lo contrario. Estructuras absolutamente viciadas son multiplicadas pero no corregidas”, expresa, detallando: “Al incrementar (desdoblar) secretarias y juzgados federales, jueces interinos en calidad de subrogantes por doquier, lo único que hace es asegurar todas las condiciones para que los operadores de los sótanos de la democracia sigan haciendo de las suyas y con mucho más poder”.
Agrega que “desconcentrar y multiplicar Comodoro Py no significa sacarle el poder. Lo único que le saca poder es poner en vigencia el nuevo sistema acusatorio mediante el cual los fiscales investigan los delitos y los jueces hacen el control legal como un tercero imparcial frente al mismo fiscal y la defensa”.
Con todo, advierte que “como estoy convencido de que es fundamental para nuestra democracia reformar la actual justicia federal de manera integral, voy a proponer junto a mi negativa al proyecto oficial la creación de un ámbito político, técnico, plural, académico que nos permita encontrar el camino, los debates y los consensos políticos mayoritarios para avanzar en una reforma judicial, que como ya dije sea la reforma de los argentinos y no de un interés en particular”.
El 24 de diciembre de 1985 el presidente Dr. Raúl Alfonsín crea el “Consejo para la Consolidación de la Democracia”, un organismo consultivo de la Presidencia de la Nación formado por 20 personas destacadas en sus ámbitos de actuación, políticos e intelectuales, todas ellas bajo la coordinación del jurista Dr. Carlos Nino. Entre sus integrantes, aparecen nombres como Leopoldo Bravo, Genaro Carrió, Raúl Dellepiane, Guillermo Estévez Boero, René Favaloro, Jorge Taiana, María Elena Walsh, Ángel Robledo, etc. Nadie dudaba de la pluralidad en su conformación.
Este Consejo sienta las huellas para la reforma constitucional y la incorporación de muchos institutos jurídicos de avanzada para la justicia federal, como finalmente se recoge para la reforma de la Constitución Nacional de 1994.
El Consejo trabajó internamente con diez comisiones temáticas. Estas contaban con numerosos asesores, de diversas especialidades, manteniendo un criterio en su composición de diversidad política y prestigio académico.
En esta línea hay que mencionar el Proyecto de Código Procesal Penal de Alfonsín-Maier Julio. El Gobierno de Alfonsín pretendía cambios de fondo en la justicia penal federal. Sistema adversarial, juicio por jurados, fin de la figura del juez de instrucción, Ministerio Público y de la Defensa Pública. Esta agenda no prosperó, pero dejo huellas importantes para el devenir de la Argentina.
Hay un amplio consenso social y político para transformar el poder judicial y la administración de justicia. Enfrentamos uno de los problemas más serios de la democracia.
La impunidad, el contubernio y la complejidad de parte del poder político, económico y judicial está detrás de los grandes problemas institucionales y el estancamiento argentino. No es de ahora. Es un problema estructural. Son los intereses del poder del dinero por encima de la ley. Es transversal a gran parte de lo político. Aquí hay buenos y malos en todos los espacios.
Es muy importante una reforma profunda de la justicia para una mejor democracia y hacer realidad las garantías de la Constitución Nacional. En este tema no caben los argumentos de oportunidad o los fundamentos economicistas.
El debate es legítimo, pero se necesita un consenso transversal muy fuerte para no dividirnos en un tema que hace a la esencia misma del contrato social. Relativizar este tema es seguir poniendo en riego los fundamentos de nuestra convivencia social. Unos dirán que es la justicia para los intereses de una determinada corporación (política, judicial, empresarial) y otros dirán que los que se oponen son los que defienden intereses contrarios a nuestra nación.
Llegado a ese punto ya está todo perdido.
Es por esto que debemos recuperar una justicia federal para la democracia y los argentinos. Nadie puede sentirse dueño de una reforma.
Es cierto que durante la última campaña electoral el actual Presidente Dr. Alberto Fernández habló de la reforma judicial.
Es cierto que el 1° de marzo pasado en la apertura de las sesiones ordinarias 2020 el presidente volvió hablar de la reforma judicial y dijo: “En este tiempo de la Argentina en los que nos toca gobernar, venimos a ponerle fin a la designación de jueces amigos, a la manipulación judicial…”
La intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), de sus fondos reservados y la prohibición a los agentes de realizar tareas de auxiliar judicial en causas judiciales fueron decisiones históricas para terminar con la mugre, la impunidad y fortalecer la democracia. En la frase dicha por el Presidente Fernández “terminar con los sótanos de la democracia” se sintetiza una etapa oscura de la Argentina que no puede volver nunca más.
¿Hay alguna fuerza política mayoritaria que pueda tirar la primera piedra en este sentido? Sostengo que No. En cada uno de esos partidos políticos hubo dirigentes que trabajaron para la institucionalidad, la transparencia y otros para los sótanos.
Todo eso es cierto.
Pero también es cierto que el proyecto de reforma judicial anunciado por el Poder Ejecutivo y enviado al Congreso Nacional tiene muy poco de ese espíritu transformador y nada de federal.
No termina de cambiar de raíz la justicia federal. Todo lo contrario. Estructuras absolutamente viciadas son multiplicadas pero no corregidas.
Al incrementar (desdoblar) secretarias y juzgados federales, jueces interinos en calidad de subrogantes por doquier, lo único que hace es asegurar todas las condiciones para que los operadores de los sótanos de la democracia sigan haciendo de las suyas y con mucho más poder.
Desconcentrar y multiplicar Comodoro Py no significa sacarle el poder. Lo único que le saca poder es poner en vigencia el nuevo sistema acusatorio mediante el cual los fiscales investigan los delitos y los jueces hacen el control legal como un tercero imparcial frente al mismo fiscal y la defensa.
Actualmente el juez de instrucción resulta juez y parte en el proceso, teniendo un poder propio de un sistema inquisitorio. No hay más transparencia posible que apostar a tener muchos más fiscales con el poder de la instrucción y dentro del debido proceso de nuestro sistema. Las ventajas del sistema acusatorio penal son claras: celeridad, visibilidad, igualdad entre las partes.
El Código Procesal Penal acusatorio sancionado hace seis años (todavía sin aplicación) es un cambio de paradigma para terminar con el sistema inquisitivo a nivel federal y se nutre en sus bases del derecho público provincial, porque fue adoptado mucho antes por las provincias.
A propósito, el proyecto de reforma del gobierno nacional pospone la aplicación del nuevo sistema acusatorio y el traspaso de competencias por dos años y sólo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiempo clave para que los dueños de los sótanos caven fosas más profundas.
Multiplicar jueces no es sinónimo de mejor administración de justicia, justo cuando necesitamos por el sistema acusatorio más fiscales. Por el contrario, es agrandar la cancha para los grandes operadores de siempre: políticos, judiciales y económicos. Hay que poner fin de una vez por todas a los poderes fácticos que operan detrás de la justicia, para que impere la ley.
No producir un cambio de raíz en la justicia federal, con un fuerte consenso social y político es quedar atrapado en las necesidades políticas de los “operadores judiciales”, de los “príncipes de la justicia federal”, de los empresarios que necesitan del fuero penal económico para legitimar sus mecanismos de prebendas, de los estudios jurídicos ligados al “poder” y a la corporación judicial.
Todo un sistema de impunidad y corrupción. Verdaderos sótanos de la democracia.
Decía también que el proyecto de reforma no es para nada federal. Y me quedo corto. Es muy centralista. Toda la mirada empieza y termina en Buenos Aires. Es cierto que crea nuevos juzgados federales con asientos en las provincias. Pero veamos: con la reforma propuesta llegaríamos a 46 jueces federales penales en la ciudad de Buenos Aires, para unos 3 millones de habitantes, por otro lado, llegaríamos a sólo 198 juzgados federales en las provincias (no todos tienen competencia penal) para más de 40 millones de argentinos.
El solo pensar en problemáticas como el tráfico de drogas o la trata de personas, tendría que hacer reflexionar a los autores del proyecto sobre la desigualdad generada entre Buenos Aires y el interior, que es el que sufre especialmente estos flagelos.
Por todo lo expuesto no voy acompañar la reforma judicial enviada por el Poder Ejecutivo Nacional, ni tampoco a prestarme a ningún entendimiento que suponga convalidar su tratamiento.
Pero como estoy convencido de que es fundamental para nuestra democracia reformar la actual justicia federal de manera integral, voy a proponer junto a mi negativa al proyecto oficial la creación de un ámbito político, técnico, plural, académico que nos permita encontrar el camino, los debates y los consensos políticos mayoritarios para avanzar en una reforma judicial, que como ya dije sea la reforma de los argentinos y no de un interés en particular.
Esta salida que propongo tiene que estar basada en los siguientes puntos:
