Los diputados bonaerenses aprobaron adherir a la ley nacional que crea el Programa de Emergencia de Infraestructura Municipal de la provincia, un fondo de 5 mil millones de pesos para obras.
En la misma sesión los dirigidos por Federico Otermín acordaron la designación de los tres consejos titulares y sus suplentes para que representen a la Cámara baja en el Consejo de la Magistratura.
La ratificación por ley del Programa de Emergencia de Infraestructura Municipal de la provincia de Buenos Aires (PREIMBA), que dejará el programa en manos del Ministerio de Obras Públicas del gobierno nacional, con el objeto de garantizar el mantenimiento y construcción de obras de infraestructura municipal en ámbitos urbanos, suburbanos y/o rurales; aparece como el tema más importante que trataron los diputados.
Se trata de un trámite eminentemente formal, pero a la vez necesario para que la normativa se vuelva operativa, y así los fondos finalmente lleguen a los municipios para que se ejecuten las obras, tal como establece el articulado que ahora deberá considerar el Senado provincial para avanzar en su trámite legislativo y eventualmente ser sancionada.
Tal como se desprende del proyecto de Ley, habrá participación del Ministerio del Interior nacional que será el encargado de acordar con el gobierno de la provincia de Buenos Aires y los municipios el plan de obras a desarrollarse en el marco del Programa que se crea, cuya ejecución estará a cargo del Ministerio de Obras Públicas nacional, que conduce el ministro Gabriel Katopodis.
A su vez el Poder Ejecutivo nacional se reserva para sí según la normativa que ratificarán los bonaerenses, a través del Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio del Interior, dictar la reglamentación necesaria para la instrumentación y funcionamiento del PREIMBA, a la que se le asigna la suma de $ 5.000.000.000.
Además, en la adhesión que ahora resta ser considerar por el Senado, se abala el criterio de distribución que tendrán el PREIMBA que estimaron oportuno detallar los funcionarios nacionales sin participación alguna de organismos o pares provinciales.
En la normativa nacional se estableció que los fondos serán transferidos a la provincia, que realizará la distribución entre los 135 municipios de los recursos -los 5 mil millones de pesos-, por Coeficiente Único de Distribución (CUD) en un 50 % y, el otro 50 %, en función del índice de ingresos del año 2019.
Así los legisladores provinciales, en uso de sus atribuciones indelegables, aprobaron la ley que ahora buscará su sanción en el Senado, que ya convocó sesionar el próximo 10 de septiembre.
Por otra parte, luego de mucho traqueteo, los diputados llegaron a un acuerdo para designar a quienes integrarán el Consejo de la Magistratura en representación de la Cámara baja.
Serán consejeros titulares los diputados oficialistas Jorge D’Onofrio y Facundo Tignanelli; que tendrán como suplentes a Débora Galán y Susana González, respectivamente. Por la oposición, los diputados integrantes del bloque de JxC Sandra París y Daniel Lipoveztky serían los consejeros designados.
Como se sabe, ese organismo está integrado por seis legisladores, tres diputados y tres senadores, que se suman a los representantes del Poder Ejecutivo, de los jueces de las distintas instancias y de la institución que regula la matrícula de los abogados en la provincia.
El Senado ya resolvió quienes son los tres senadores, que deben ser abogados, que integran ese organismo en carácter de titulares hasta diciembre de 2021: Roberto Costa y Nidia Moirano, ambos de JxC, y Gustavo Soos del FdT. Como suplentes revisten los senadores Juan Pablo Allan y Gabriela Demaría.
