La Cámara alta provincial aprobó el proyecto que promueve derechos laborales para personas travestis, transexuales y transgénero.
La Cámara de Senadores de Entre Ríos dio media sanción a un proyecto que actualiza artículos de la ley de violencia laboral y que promueve y garantiza derechos laborales para personas travestis, transexuales y transgénero.
En la undécima sesión ordinaria del 141° período legislativo, reunidos por videoconferencia, los senadores modificaron el proyecto presentado por la exdiputada Emilse Pross, por lo que volverá a la Cámara de Diputados para ser convertida en ley.
“Destaco el consenso logrado porque en nuestra sociedad existe un patrón sistemático de desigualdad que somete particularmente a estas personas a una cadena de exclusiones y discriminación que obstaculiza sus recorridos educativos y laborales”, afirmó la vicegobernadora, Laura Stratta.
Además, destacó la media sanción que actualiza el contenido de artículos de la Ley 9.671 de violencia laboral, que fija la capacitación como herramienta para la prevención.
“Es rol del Estado garantizar derechos, por eso avanzar en una agenda de género y diversidades es avanzar en la construcción de una Entre Ríos más justa e igualitaria”, concluyó la vicegobernadora.
Por su parte, la senadora por Diamante Claudia Gieco (PJ), aseguró que el proyecto “se trabajó con mucha responsabilidad y respeto, coincidiendo que las personas trans continúan con dificultades en los derechos a la salud y educación”.
Esos “obstáculos estructurales” complican el “acceso al trabajo formal”, agregó, y destacó que “va en consonancia” con las políticas del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La norma “da respuesta a esta realidad como un compromiso asumido por los derechos a las diversidades frente a las formas de discriminación y violencias en pos de una sociedad más justa”, agregó Gieco.
El proyecto establece un principio de “no discriminación donde toda persona tiene derecho al trabajo digno y productivo, a condiciones equitativas y satisfactorias, protección contra el desempleo, sin discriminación por motivos de su identidad de género”.
Además, establece al menos un 1% del personal del Estado provincial, sus organismos descentralizados y las empresas del Estado ocupado por “personas travestis, transexuales y transgénero, que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo”.
En tanto, crea un “Registro Único de Aspirantes” para “facilitar la incorporación laboral” de las personas trans y fija un “régimen de Incentivo fiscal” para los empleadores del sector privado que contraten a personas travestis, transexuales y transgénero.
