El Senado se dispone a aprobar este viernes el proyecto de ley de promoción de la economía del conocimiento, una industria clave para la generación de divisas y de empleo de calidad. La iniciativa recibió cambios durante el debate en comisiones, por lo que deberá regresar a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.

El régimen tendrá una duración desde el 1ro. de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2029, y según se informó, supone un esfuerzo de 18.000 millones de pesos por parte del Estado para fomentar el sector.

A continuación, parlamentario.com repasa los puntos salientes:

• Los servicios profesionales alcanzados serán los siguientes:

1. Servicios jurídicos, de contabilidad general, consultoría de gerencia, servicios gerenciales y servicios de relaciones públicas, auditoría, cumplimiento normativo, asesoramiento impositivo y legal.
2. Servicios de traducción e interpretación, gestión de recursos humanos (búsqueda, selección y colocación de personal).
3. Servicios de publicidad, creación y realización de campañas publicitarias (creación de contenido, comunicación institucional, estrategia, diseño gráfico/web, difusión publicitaria).
4. Diseño de experiencia del usuario, de producto, de interfaz de usuario, diseño web, diseño industrial, diseño textil, indumentaria y calzado, diseño gráfico, diseño editorial y diseño interactivo.
5. Servicios arquitectónicos y de ingeniería: asesoramiento sobre arquitectura (elaboración y diseño de proyectos, planos y esquemas de obras, y planificación urbana); diseño de maquinaria y plantas industriales; ingeniería, gestión de proyectos y actividades técnicas en proyectos de ingeniería.

• Podrán acceder al régimen las personas jurídicas dedicadas a estos rubros que estén cumpliendo debidamente sus obligaciones fiscales, laborales, gremiales y previsionales. Será condición que el 70% de su facturación total del último año se genere a partir de las actividades promovidas.

• Adicionalmente, las empresas que deseen acceder al régimen deberán cumplir al menos dos de los siguientes requisitos: inversión en mejoras de la calidad de sus productos y servicios; capacitación del personal o tareas de investigación y desarrollo; o bien la realización de exportaciones. En este último caso, el mínimo a acreditar será del 4% de la facturación anual para las micro empresas, del 10% para pequeñas y medianas, y del 13% para las grandes.

• En el caso de las micro empresas con menos de tres años de antigüedad, solo deberán acreditar, para acceder al régimen, que desarrollan en el país -por cuenta propia y como actividad principal- al menos una de las actividades promovidas.

• Todas las empresas que ingresen al régimen gozarán de la estabilidad de los beneficios contemplados.

• Para mantener su inscripción, las empresas -cualquiera sea su tamaño- deberán acreditar cada dos años que cumplen sus obligaciones fiscales, laborales, gremiales y previsionales; que mantienen o incrementan su nómina de personal; y que los requisitos adicionales fueron incrementados.

• Las empresas podrán convertir en un bono de crédito fiscal intransferible hasta el 70% las contribuciones patronales que hayan efectivamente pagado. El carácter de “intransferible” fue una modificación que introdujo el Senado. Los bonos podrán ser utilizados por el término de dos años -prorrogables por uno más- para cancelar tributos nacionales, a excepción del impuesto a las Ganancias. Solo los beneficiarios que acrediten exportaciones podrán utilizar el bono a cuenta de Ganancias, “en un porcentaje no mayor al porcentaje de exportaciones informado durante su inscripción”.

• Como incentivo adicional, el bono podrá ascender al valor del 80% de las contribuciones patronales si la empresa incorpora a su nómina de personal a mujeres, travestis, transexuales y transgénero; profesionales con estudios de posgrado en ingeniería, ciencias exactas o naturales; personas con discapacidad; personas residentes en “zonas desfavorables o provincias con menor desarrollo relativo”; y personas que, previo a su contratación, hayan recibido planes sociales.

• Otro de los beneficios de la ley es la reducción del impuesto a las Ganancias, que será del 60% para las micro y pequeñas empresas; del 40% para las medianas, y del 20% para las grandes. El proyecto aprobado en Diputados establecía el 60% para todas las empresas sin distinción de tamaño, pero el Senado estableció una diferenciación.

• Se establecen sanciones por incumplimiento del régimen o la falsedad de la información declarada, tales como suspensión del goce de los beneficios por un lapso de entre tres meses y un año, la baja total y la inhabilitación para inscribirse nuevamente, además de multas.

• Se crea el Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía del Conocimiento (FONPEC), que se conformará como un fideicomiso.  El objetivo será financiar actividades de capacitación y formación, apoyar inversiones productivas, financiar capital de trabajo, promover el desarrollo de empresas “ambientalmente sustentables”, fomentar la inserción comercial internacional de las empresas, las actividades de innovación productiva y nuevos emprendimientos.

• El FONPEC se alimentará de aportes de los beneficiarios de hasta el 4% del monto total de los beneficios percibidos; partidas presupuestarias; legados o donaciones; fondos provistos por organismos nacionales, provinciales o de ONGs, o de empresas nacionales o extranjeras, públicas o privadas, entre otras fuentes de financiamiento.

• Por último, en las cláusulas transitorias se flexibilizan los requisitos de inscripción si ésta se solicita durante la emergencia sanitaria por la pandemia.