La Cámara de Diputados sancionó por 213 votos positivos, 1 en contra y 2 abstenciones la “Ley Yolanda”, que establece la capacitación obligatoria en materia ambiental para todos los integrantes de los tres poderes del Estado.

El único voto en contra correspondió al diputado del Pro de Neuquén Francisco Sánchez.

La norma, que se originó en el Senado, recibe ese nombre en homenaje a Yolanda Ortiz, quien fue la primera mujer en Argentina y en América Latina en ocupar un cargo relacionado con la temática.

Ortiz, quien falleció el año pasado, asumió como secretaria de Ambiente en 1973, convocada por el expresidente Juan Domingo Perón.

Miembro informante del dictamen de mayoría, la diputada Gabriela Cerruti consideró muy importante que esta ley “reciba el nombre de una militante ambientalista que es de otra generación, y también cuando hablamos con les pibis, que trajeron esa frescura, esa calle y esa prepotencia de decir ‘es ahora, no es en el futuro’, y toda esa fuerza que nos dan, también nos parece importantísimo hacer el enlace entre las generaciones, porque tenemos un montón de cosas que cambiar, pero también yo les digo a les pibis que este mundo es mucho mejor, y este país es mucho mejor que el mundo y el país en el que yo crecí. Y eso fue gracias a las militancias, las luchas y las peleas”.

Y agregó: “Yo crecí en un país donde no podías leer Mafalda, y donde tiraban militantes vivos de los aviones al Río de la Plata… Yo crecí en un país donde se jugaba al fútbol al lado de un campo de concentración… No hace tanto de eso. Y si hoy no estamos en ese país y vivimos en un país diferente es porque durante muchísimos años se salió a pelear por la democracia, por la educación pública, porque no cerraran los trenes en los 90, porque hubo un 20 y 21 de diciembre…”.

A su turno, la diputada del Pro Camila Crescimbeni destacó que “nuestra generación está cansada de políticas calesita, que dan vueltas y vueltas y no van hacia ningún lugar, y van cambiando, y donde nos olvidamos que Gobierno y Estado son dos cosas distintas, por eso mismo quisimos proponer un proyecto de capacitación para los tres poderes del Estado, para servidores públicos, para invitar a incorporar esa conciencia sobre qué decisiones, desde las más pequeñas hasta las más estructurales podemos tomar cada una y cada uno desde su lugar para contribuir a que el futuro sea sostenible, y que tengamos un futuro, porque eso es lo que está en riesgo”.

Luego la diputada enumeró los logros en política ambiental alcanzadas durante la gestión Cambiemos, dijo esperar que “la ley Yolanda sirva también para que todas las funcionarias y funcionarios que son parte del actual oficialismo tengan esa conciencia a la hora de toma decisiones y que no tengamos una doble vara… que tengamos hoy este proyecto de ley y que nos vayamos contentos con la militancia, pero que después todo siga como si nada”.

“Esta ley no es de un partido, es de todos los partidos”, aclaró en la misma línea el diputado Martín Maquieyra (Pro – La Pampa).

Cerró el debate la diputada oficialista Ayelén Spósito, quien destacó que “amanecimos en un país más justo, y venimos desde semanas en que venimos construyendo un país más justo para todos los argentinos y las argentinas. Un país verde”, dijo, aludiendo a “la firma del Acuerdo de Escazú, la reglamentación del cannabis medicinal, el proyecto del aborto, la ley del fuego, y hace pocas semanas por educación ambiental, plásticos de un solo uso… Y aún nos falta la ley de humedales. Empecemos tenerla pronto, porque es una demanda del país”, enfatizó.

La diputada rionegrina remarcó que “hoy vemos que los que alzan la voz en pos del cuidado ambiental son las y los militantes, quienes tienen una gran preocupación, y nosotros debemos dar respuesta a esto. Tenemos la oportunidad de cambiar la historia”.

Puntos centrales de la flamante ley

La “Ley Yolanda” establece la “capacitación obligatoria en la temática de ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación”.

De acuerdo al texto, la autoridad de aplicación tendrá 90 días a partir de la sanción de la ley para establecer los “lineamientos generales destinados a las capacitaciones”, para cuya confección deberá convocarse a “instituciones científicas especializadas en la materia, así como de la sociedad civil y sus organizaciones”.

“Los lineamientos generales deberán contemplar como mínimo información referida al cambio climático, a la protección de la biodiversidad y los ecosistemas, a la eficiencia energética y a las energías renovables, a la economía circular y al desarrollo sostenible, así como también deberán contemplar información relativa a la normativa ambiental vigente”, indica.

Las máximas autoridades de los organismos serán responsables de garantizar las capacitaciones, mientras que para las máximas autoridades de los tres poderes, la capacitación estará a cargo directamente de la autoridad de aplicación.

“La información comprendida deberá ser clara, precisa y de base científica, y deberá ajustarse al organismo y al contexto en el que se brinde. El material desarrollado por la autoridad de aplicación será de libre disponibilidad, contemplando su difusión y circulación para actividades de capacitación que quisieran replicarse en jurisdicciones públicas provinciales o municipales, así como en otros ámbitos privados de la República Argentina”, reza la nueva norma, que invita a las provincias a adherirse a la norma.

También se aclara que “las personas que se negaren sin justa causa a realizar las capacitaciones serán intimadas en forma fehaciente por la autoridad de aplicación a través y de conformidad con el organismo de que se trate”. “El incumplimiento de dicha intimación será considerado falta grave dando lugar a la sanción disciplinaria pertinente, siendo posible hacer pública la negativa a participar en la capacitación en la página web de la autoridad de aplicación”, agrega.