Expertos y economistas reclaman en la región un impuesto a las grandes fortunas

En línea con la norma aprobada en la Argentina, pero de manera permanente, sugieren implementar esa iniciativa para salir de la crisis que dejará la pandemia en América Latina y el Caribe. “Es de pura lógica económica establecer un impuesto a las grandes fortunas”, sostienen.

La portada del informe “Ahora o nunca: Impuestos a la riqueza y las grandes fortunas en América Latina y El Caribe”, que recientemente publicó Latindadd.

Especialistas y economistas de América latina volvieron a reclamar a los gobiernos de la región que avancen en la creación de un impuesto permanente a las grandes fortunas para hacer frente a la gigantesca crisis sanitaria y económica provocada por el coronavirus. Según un estudio de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd), un tributo a las riquezas podría recaudar un mínimo de US$26.504 millones al año entre una veintena de países de la región.

“Quieren convencernos de que sería malo para todos y todas tener impuestos a la riqueza, cuando la lógica económica nos dice que pagar impuestos a la riqueza beneficia a las grandes mayorías y afecta bastante poco a los grandes capitales”, enfatizó la economista española Rosa Cañete Alonso, autora del Informe “Ahora o nunca: Impuestos a la riqueza y las grandes fortunas en América Latina y El Caribe”, que recientemente publicó Latindadd.

La profesional, experta en temas de Desigualdad, puntualizó que un gravamen a las grandes fortunas “removería los activos improductivos e impulsaría que estos sean utilizados. Es decir que dentro de la lógica meramente económica, de impulsar el crecimiento, tienen fundamento los impuestos a las grandes fortunas”.

Además, demandó que a la hora de legislar se incorporen obligatoriamente mecanismos que transparenten la riqueza acumulada. “Hoy los Estados no tienen información sobre el volumen de los patrimonios de las personas. Sin  tener claro cuál es la base de los impuestos, va a ser muy difícil perseguir o sancionar a quien no cumple la ley”, advirtió la profesional en una videoconferencia organizada por el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) de Ecuador,

Al respecto, Carlos Bedoya, director de Latindadd, destacó la paradoja de que “del pobre que recibe su bono o su cash transfer, de manera condicionada, se sabe hasta de la hora que va al baño, pero de los ricos que reciben privilegios tributarios no se sabe nada”.

El abogado, de origen peruano, aseguró que llegó el momento de pensar una profunda reforma tributaria integral que termine con los privilegios de las élites económicas que “son las mismas que siempre pusieron las reglas y que ahora dicen que un impuesto a las grandes fortunas es malo para la economía o que ahuyenta las inversiones”.

Por su parte, Jahiren Noriega Donoso, candidata de Centro Democrático a la Asamblea Nacional en Ecuador, reveló datos impactantes sobre los efectos de la pandemia en su país: “De acuerdo con UNICEF, 3 millones de niños y adolescentes han caído en pobreza multidimensional en 2020”, dijo y agregó que este drama se da “mientras los grandes bancos del país tendrán utilidades cercanas a 300 millones de dólares en el mismo año”.

Por último, Pablo Iturralde, director del CDES, pidió que la crisis desatada por el Covid-19 no la paguen los sectores desfavorecidos. “La crisis económica nos afecta a todos,  pero tiene agravios mayores sobre los más humildes. El impacto a los más pobres puede ser la diferencia entre comer y no comer, entre tener salud o no tenerla, en tener educación o no tenerla”.

El debate es parte de la campaña impulsada por instituciones y organizaciones nucleadas en la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) que reclama a los gobiernos de la región establecer tributos a los patrimonios más grandes como forma de paliar las devastadoras consecuencias de la pandemia y combatir la creciente desigualdad sistémica en América Latina y el Caribe.

Según Latindadd este gravamen podría recaudar US$26.504 millones al año en 20 países de la región lo que permitiría cubrir el acceso universal a la vacuna contra el Coronavirus.

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