Las comisiones de Derechos Humanos y Garantías y Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados retomarán este miércoles, a partir de las 15, el debate de un proyecto de ley que tiene como objetivo brindar asistencia integral a las personas en situación de calle. El encuentro contará con la participación de María […]
Las comisiones de Derechos Humanos y Garantías y Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados retomarán este miércoles, a partir de las 15, el debate de un proyecto de ley que tiene como objetivo brindar asistencia integral a las personas en situación de calle.
El encuentro contará con la participación de María Pía Chiacchio Cavana, ministra de Desarrollo Social de Chaco; Gabriel Yedlin, ministro de Desarrollo Social de Tucumán; Andrés Larroque, ministro de Desarrollo Social bonaerense; Alejandro Verón, subsecretario de Desarrollo Social de Mendoza; y Maximiliano Corach, subsecretario de Asistencia y Cuidado Inmediato de Ciudad de Buenos Aires
La iniciativa fue presentada por el diputado oficialista Federico Fagioli en marzo pasado, y hace dos meses atrás se llevó atrás a cabo la primera reunión informativa en la que funcionarios -entre ellos el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo- brindaron su respaldo al texto.
Al respecto, Fagioli (FdT) expresó: “El proyecto de ley nacional para personas en situación de calle y familias sin techo nace desde la realidad misma. Esa realidad constantemente invisibilizada, profundamente ignorada y deshumanizada”, apuntó.
“Tenemos que avanzar hacia políticas que restituyan derechos humanos y constitucionales. No hablamos solamente de acceder a un techo sino de una serie de vulneraciones que no pueden permitirse. Es tiempo de que abordemos la problemática de manera integral y federal, comprendiendo su complejidad”, agregó.
Asimismo, el legislador bonaerense señaló: “Tenemos muchas expectativas de que el tratamiento progrese. Estamos trabajando mucho para construir los consensos necesarios para que este proyecto sea ley”, cerró.
La Iniciativa
El proyecto tiene como objetivo “garantizar integralmente y hacer operativos los derechos humanos de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle que se encuentren en el territorio de la República Argentina”.
Se prevé la creación, dentro del Ministerio de Desarrollo Social, de un “espacio de articulación para coordinar la implementación” de la ley, el cual será interministerial y del que también serán parte representantes de universidades, sindicatos y organizaciones sociales.
Entre sus puntos principales, la propuesta contempla el derecho a la identidad, por lo que el Estado deberá facilitar el trámite de los documentos necesarios de las personas -DNI, partida de nacimiento, pasaporte, CUIL-.
Abarca además el derecho de acceso y uso de los servicios, de la infraestructura y de los espacios públicos; de los servicios socio-asistenciales, de salud y de apoyo para la obtención de un trabajo digno; y a la vivienda digna.
El Ministerio de Desarrollo Social tendrá que, juntamente con el INDEC, realizar un relevamiento a nivel nacional para obtener cifras reales de las personas que se encuentran en situación de calle.
Asimismo, se establece la creación de una red nacional de Centros de Integración Social, los cuales serán de acceso voluntario y funcionarán las 24 horas los 365 días del año; promoverán la integración social respetando las características propias de las personas y de los grupos familiares; proveerán tanto prestaciones básicas de alojamiento, alimentación, higiene y cuidados primarios de la salud, como espacios terapéuticos, talleres y actividades de formación, capacitación y ocupación laboral, adaptados a los conocimientos e intereses de los destinatarios, entre otros puntos.
La iniciativa incluye además un artículo por el cual, dentro de los dos años posteriores a partir de la vigencia de la ley, se suspendan los desalojos.
El proyecto fue elaborado con aportes de organizaciones sociales como Proyecto 7, Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y Nuestramérica, y propone la creación, en el Ministerio de Desarrollo Social, de una coordinación interministerial que aplique políticas transversales de salud, vivienda y trabajo para la gente en situación de calle.
