Néstor Fabián Migueliz. El abogado y asesor legislativo analiza el caso contra el presidente Fernández por la causa iniciada y derivada de la celebración de un cumpleaños en la quinta de Olivos.
Lamentablemente, no es la primera vez en la historia constitucional, política y penal argentina, que una autoridad de relevancia máxima -como el titular del Poder Ejecutivo nacional, el presidente de la Nación en ejercicio- resulta imputado penalmente ante un juez que debe proceder a investigar un suceso que lo involucra.
Nos referimos a la causa iniciada y derivada de la celebración de un cumpleaños (sin medidas de aislamiento ni cuidado alguno) en la quinta-Residencia Oficial Presidencial -sita en Olivos, partido de Vicente López, en la provincia de Buenos Aires- cuando en todo el territorio nacional regía (si bien con dudosa constitucionalidad) una rigurosa cuarentena con derechos y garantías severamente afectados y limitados (DNU Nro. 576/2020).
El proceso se encuentra caratulado: “FERNÁNDEZ ALBERTO Y OTROS s/ VIOLACIÓN DE MEDIDAS-PROPAGACIÓN EPIDEMIA (205) y ABUSO DE AUTORIDAD y VIOLACIÓN DEB. FUNC. PÚB. (ART. 248) DENUNCIANTE: BASTIANES ADRIÁN MARCELO Y OTROS”.
La primera denuncia de un ciudadano -a raíz de la masiva difusión de fotografías y videos, en redes sociales y medios; y luego un expreso reconocimiento presidencial público y notorio- promovió la intervención judicial del fuero federal porteño, y la consecuente imputación del fiscal, Dr. Ramiro González, contra todas las personas identificadas en las imágenes. Se trata de la causa Nro. 4723/2021, que tramita por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 7, a cargo del Juez, dr. Sebastián Casanello. Al momento de redactar estas líneas, existen en otros juzgados federales similares denuncias penales -generadas por el mismo suceso del 14 de julio del 2020 en la Quinta Presidencial de Olivos- por la presunta comisión del delito previsto en el Art. 205 y otros del Código Penal.
Minutos antes de dicha notificación a los imputados -en los términos de los Arts. 72, 73 y 279, del Código Procesal nacional- el presidente de la Nación formalizó su presentación en el expediente (autopatrocinándose, tal la excepción que prevé la regulación de nuestra actividad abogadil. Ver Art. 4°, Ley N° 23.187), en el que: ofrece una reparación pecuniaria en concepto de ‘eventual daño potencial’ (a favor de una entidad sin fines de lucro y con objetivos altruistas: conforme Art. 59, inciso 6; del Código Penal, y Art. 34 del Código ritual ya citado) derivado de su ingreso por compensación de gastos funcionales, manifiesta que no ha cometido ningún delito, ningún hecho penalmente reprochable (y cita doctrina y jurisprudencia), y solicita su sobreseimiento.
La imputación significa un involucramiento de una persona en un hecho delictual, una suerte de acusación formal por la comisión de un delito, aunque fuese (como es el caso) apenas el principio de un proceso cualquiera sea su estado y trámite. Sólo otra decisión judicial pone fin a esta situación. No significa que el presidente de la Nación se halle procesado, y menos aún, condenado. Pero contra un jefe de Estado, es más que nada.
Producida y notificada la imputación, la persona con dicho estado ya tiene acceso al expediente, y hasta puede solicitar algunas medidas y supervisar la producción de otras. El magistrado cuenta con un plazo (diez días hábiles) para resolver si ordena su procesamiento, dicta la falta de mérito o la absolución del imputado.
La causa penal, podrá continuar hasta su conclusión, pues el funcionario constitucional imputado no goza ya de la inmunidad de proceso que le otorgaban los derogados artículos 189 a 191 del Código Procesal Penal de la Nación (Ley 23.984). Ello merced a la vigencia actual de la denominada “ley de fueros” (Nro. 23.520, del año 2000), que instituyó un “regimen de inmunidades para legisladores, funcionarios y magistrados”, reglamentando así imprecisos contenidos constitucionales; y -con mayor fuerza- “desterrando” serios obstáculos que legislaban varios códigos provinciales de procedimiento en materia penal, así como el nacional precitado.
En cambio, una orden de detención contra el presidente -más allá de las connotaciones institucionales y/o políticas que ella trae aparejada para la salud de la República- no podrá hacerse efectiva inmediatamente. Pues previamente, deberá ponerse en marcha el mecanismo constitucional del juicio político -con la necesaria intervención del Poder Legislativo- ó en hipótesis, una situación en la que este último acepte una renuncia válidamente presentada.
Así lo establece -claramente- la precitada “ley de fueros” en su artículo 1º, cuando dice: “En el caso de dictarse alguna medida que vulnera la inmunidad de arresto, la misma no se hará efectiva hasta tanto el legislador, funcionario o magistrado sujeto a desafuero, remoción o juicio político no sea separado de su cargo. Sin perjuicio de ello el proceso podrá seguir adelante hasta su total conclusión. El tribunal solicitará al órgano que corresponda el desafuero, remoción o juicio político, según sea el caso, acompañando al pedido las copias de las actuaciones labradas expresando las razones que justifiquen la medida”.
Lógicamente (se trata de otro Poder, con otra naturaleza) no le alcanzan las inmunidades que sí otorga el Texto Fundamental a los parlamentarios por medio de los artículos 68 a 70, y que vino a reglamentar (“con dudosa constitucionalidad”, según Quiroga Lavié) la ley 23.520. Claro que el Art. 53 de nuestra Carta Magna, lo torna susceptible de soportar acusación (junto a otros funcionarios del mismo status constitucional) -en juicio político- por la Cámara de Diputados y ante el Senado.
Previo a ello (antes del año 2000), los ordenamientos procesales de las distintas jurisdicciones -y la Nación misma- establecieron prerrogativas en favor de todas las autoridades constitucionales: es decir, ciertos “filtros” hoy derogados.
La denominada “ley de fueros” -que rige plenamente- equipara las situaciones y autoridades de los tres poderes, y establece un régimen igualitario para todos ellos, prescindiendo (o “estirando”) el alcance de los precitados artículos constitucionales.
Así son, las inmunidades -exactamente con la misma “medida”- de la que gozan tanto el presidente como la vicepresidente de la Nación.
