Lamentablemente, no es la primera vez en la historia constitucional, política y penal argentina, que una autoridad de relevancia máxima -como el titular del Poder Ejecutivo nacional, el presidente de la Nación en ejercicio- resulta imputado penalmente ante un juez que debe proceder a investigar un suceso que lo involucra. 

Nos referimos a la causa iniciada y derivada de la celebración de un cumpleaños (sin medidas de aislamiento ni cuidado alguno) en la quinta-Residencia Oficial Presidencial -sita en Olivos, partido de Vicente López, en la provincia de Buenos Aires- cuando en todo el territorio nacional regía (si bien con dudosa constitucionalidad) una rigurosa cuarentena con derechos y garantías severamente afectados y limitados (DNU Nro. 576/2020). 

El proceso se encuentra caratulado: “FERNÁNDEZ ALBERTO Y OTROS s/ VIOLACIÓN DE MEDIDAS-PROPAGACIÓN EPIDEMIA (205) y ABUSO DE AUTORIDAD y VIOLACIÓN DEB. FUNC. PÚB. (ART. 248) DENUNCIANTE: BASTIANES ADRIÁN MARCELO Y OTROS”. 

La causa penal en la Justicia Federal 

La primera denuncia de un ciudadano -a raíz de la masiva difusión de fotografías y videos, en redes sociales y medios; y luego un expreso reconocimiento presidencial público y notorio- promovió la intervención judicial del fuero federal porteño, y la consecuente imputación del fiscal, Dr. Ramiro González, contra todas las personas identificadas en las imágenes. Se trata de la causa Nro. 4723/2021, que tramita por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 7, a cargo del Juez, dr. Sebastián Casanello. Al momento de redactar estas líneas, existen en otros juzgados federales similares denuncias penales -generadas por el mismo suceso del 14 de julio del 2020 en la Quinta Presidencial de Olivos- por la presunta comisión del delito previsto en el Art. 205 y otros del Código Penal. 

Minutos antes de dicha notificación a los imputados -en los términos de los Arts. 72, 73 y 279, del Código Procesal nacional- el presidente de la Nación formalizó su presentación en el expediente (autopatrocinándose, tal la excepción que prevé la regulación de nuestra actividad abogadil. Ver Art. 4°, Ley N° 23.187), en el que: ofrece una reparación pecuniaria en concepto de ‘eventual daño potencial’ (a favor de una entidad sin fines de lucro y con objetivos altruistas: conforme Art. 59, inciso 6; del Código Penal, y Art. 34 del Código ritual ya citado) derivado de su ingreso por compensación de gastos funcionales, manifiesta que no ha cometido ningún delito, ningún hecho penalmente reprochable (y cita doctrina y jurisprudencia), y solicita su sobreseimiento. 

No tiene inmunidad de proceso 

La imputación significa un involucramiento de una persona en un hecho delictual, una suerte de acusación formal por la comisión de un delito, aunque fuese (como es el caso) apenas el principio de un proceso cualquiera sea su estado y trámite. Sólo otra decisión judicial pone fin a esta situación. No significa que el presidente de la Nación se halle procesado, y menos aún, condenado. Pero contra un jefe de Estado, es más que nada. 

Producida y notificada la imputación, la persona con dicho estado ya tiene acceso al expediente, y hasta puede solicitar algunas medidas y supervisar la producción de otras. El magistrado cuenta con un plazo (diez días hábiles) para resolver si ordena su procesamiento, dicta la falta de mérito o la absolución del imputado. 

La causa penal, podrá continuar hasta su conclusión, pues el funcionario constitucional imputado no goza ya de la inmunidad de proceso que le otorgaban los derogados artículos 189 a 191 del Código Procesal Penal de la Nación (Ley 23.984). Ello merced a la vigencia actual de la denominada “ley de fueros” (Nro. 23.520, del año 2000), que instituyó un “regimen de inmunidades para legisladores, funcionarios y magistrados”, reglamentando así imprecisos contenidos constitucionales; y -con mayor fuerza- “desterrando” serios obstáculos que legislaban varios códigos provinciales de procedimiento en materia penal, así como el nacional precitado. 

Sí tiene inmunidad de arresto 

En cambio, una orden de detención contra el presidente -más allá de las connotaciones institucionales y/o políticas que ella trae aparejada para la salud de la República- no podrá hacerse efectiva inmediatamente. Pues previamente, deberá ponerse en marcha el mecanismo constitucional del juicio político -con la necesaria intervención del Poder Legislativo- ó en hipótesis, una situación en la que este último acepte una renuncia válidamente presentada. 

Así lo establece -claramente- la precitada “ley de fueros” en su artículo 1º, cuando dice: “En el caso de dictarse alguna medida que vulnera la inmunidad de arresto, la misma no se hará efectiva hasta tanto el legislador, funcionario o magistrado sujeto a desafuero, remoción o juicio político no sea separado de su cargo. Sin perjuicio de ello el proceso podrá seguir adelante hasta su total conclusión. El tribunal solicitará al órgano que corresponda el desafuero, remoción o juicio político, según sea el caso, acompañando al pedido las copias de las actuaciones labradas expresando las razones que justifiquen la medida”. 

Fuente de las inmunidades del presidente 

Lógicamente (se trata de otro Poder, con otra naturaleza) no le alcanzan las inmunidades que sí otorga el Texto Fundamental a los parlamentarios por medio de los artículos 68 a 70, y que vino a reglamentar (“con dudosa constitucionalidad”, según Quiroga Lavié) la ley 23.520. Claro que el Art. 53 de nuestra Carta Magna, lo torna susceptible de soportar acusación (junto a otros funcionarios del mismo status constitucional) -en juicio político- por la Cámara de Diputados y ante el Senado. 

Previo a ello (antes del año 2000), los ordenamientos procesales de las distintas jurisdicciones -y la Nación misma- establecieron prerrogativas en favor de todas las autoridades constitucionales: es decir, ciertos “filtros” hoy derogados. 

La denominada “ley de fueros” -que rige plenamente- equipara las situaciones y autoridades de los tres poderes, y establece un régimen igualitario para todos ellos, prescindiendo (o “estirando”) el alcance de los precitados artículos constitucionales. 

Así son, las inmunidades -exactamente con la misma “medida”- de la que gozan tanto el presidente como la vicepresidente de la Nación. 

Por José Angel Di Mauro

“Su problema es la autosuficiencia”, sintetizó alguien que conoce bien a Alberto Fernández y que como tal ha sido destinatario muchas veces en los últimos tiempos de la pregunta: ¿Qué le pasa al Presidente?

Para una mejor comprensión, la frase merece ser ampliada y plantea que el mandatario se siente tan idóneo en muchas cosas que suele llevarlas a cabo él mismo, más allá de la investidura que hoy ostenta. Habrá que creerle entonces que, como dijo hace pocos días, muchas veces se olvide de que es “el Presidente” y actúe en cambio como “un hombre común”. En tiempos en que su palabra está tan devaluada, hay que reconocer que esa apreciación al menos es cierta.

Por eso es que muchas veces procede como un jefe de Gabinete, cargo que ocupó durante el gobierno de Néstor Kirchner y parte del primero de Cristina. No debe sorprender que quiera ser también su jefe de campaña, tarea que cumplió hace cuatro años, para Florencio Randazzo en 2017. No le fue tan bien: sacó menos de 6 puntos.

Hoy pareciera querer ser el protagonista central de la campaña del Frente de Todos. Solo así se explica que hable casi todos los días. Hace algunas semanas y a raíz de sucesivos traspiés, había aceptado el consejo/súplica de allegados para moderar sus intervenciones públicas. Pero le duró poco. Y ya en el tramo final de la campaña para las PASO, aceleró.

Previsiblemente eso le trae problemas, sobre todo en el Olivosgate, donde su mensaje ha ido mutando y en consecuencia el daño autoinflingido ha sido peor. Desde su entorno le han pedido que deje de hablar del tema. Dicen que él aseguró que el viernes fue la última vez, pero no le creen mucho. Acaba de ser imputado en esa causa y presentó un escrito en su defensa que resulta devastador para con la orden que él mismo dio en forma de decreto el año pasado. Si el juez termina aceptando lo que Fernández plantea, el DNU original debería considerarse inconstitucional. Por disparatado que parezca, nadie ha hecho más contra el decreto que él firmó y prorrogó una y otra vez, que él mismo.

Para completarla, el abogado Gregorio Dalbón la emprendió contra el fiscal de la causa, acusándolo de “coimero”, y del juez Casanello dijo que le importa “un huevo”. Dalbón es uno de los abogados de la vicepresidenta y representa a Alberto Fernández en el juicio que le inició a Patricia Bullrich por el tema Pfizer, pero luego de que se conocieran las expresiones del controvertido letrado, desde Presidencia salieron a despegarse: aclararon que si bien lo consultó, no iba a ser su abogado en este tema. Por eso Fernández presentó su escrito y se representará a sí mismo, dijeron desde el gobierno, pero como tiene la matrícula suspendida en virtud del cargo que ostenta, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal tuvo que habilitarlo especialmente el viernes para actuar como abogado “exclusivamente en causa propia”.

En su presentación el Presidente se hace cargo de lo que define como “un error” y plantea como resarcimiento el pago de cuatro sueldos. Estamos hablando de poco más de un millón de pesos, si se tiene en cuenta que el salario neto del Presidente asciende a $256.207,83. Lo cual fue cuestionado por muchos, por considerar que el salario de un presidente -que nada paga de su bolsillo- es “simbólico”.

Las comparaciones son odiosas, pero en este caso inevitables. En diciembre del año pasado el presidente chileno Sebastián Piñera fue multado con el equivalente de unos 3.500 dólares por incumplir la disposición sanitaria del uso del tapaboca. Sucedió luego de que se viralizara en las redes sociales una imagen suya con una mujer que en una playa le pidió sacarse con él una selfie. Ante la repercusión del hecho, el presidente trasandino pidió disculpas y presentó una autodenuncia.

En el oficialismo lamentan que el escándalo por el cumpleaños de la primera dama en tiempos de pandemia estricta no termine nunca de cerrarse, y responsabilizan de ello al propio mandatario por sus idas y vueltas.

Lo cierto es que en el extenso reportaje que concedió el viernes a un medio afín, Fernández habló de todo, incluso de lo que nadie en el oficialismo hablaba: el escándalo de la docente ultra K que adoctrinaba a los gritos a sus alumnos, sacada cual personaje de Capusoto. Sin que nadie se lo pidiera, el Presidente se metió solito en un tema de lo más ríspido y, para desconcierto de sus compañeros del oficialismo, realizó una sorprendente defensa y reivindicación de la docente separada del cargo.

En rigor, alguien del gobierno sí había hablado del tema; el ministro de Educación no había podido rehuir opinar sobre la profesora militante, y obviamente lo hizo de manera muy crítica, aclarando que el episodio era “injustificable”. Como hace algunos meses con el tema de la presencialidad en las aulas, Nicolás Trotta volvió a ser desautorizado por el Presidente.

“Esta no es una práctica en nuestro sistema educativo”, garantizó el ministro, pero el episodio de Laura Radetich trajo a la memoria la carta que la ministra de Educación porteña Soledad Acuña remitió a la comunidad educativa en noviembre del año pasado, generando una airada reacción de los gremios docentes. En uno de sus párrafos expresaba: “También sabemos que algunos dirigentes abusan de su rol docente y eligen adoctrinar antes que enseñar a pensar”. En esa oportunidad, el secretario general adjunto de UTE, Eduardo López -muy cercano al kirchnerismo- replicó: “Hablan como gerentes de una comunidad educativa que maltratan, espían y persiguen desde hace 13 años y que odian por no poder doblegar”.

No se entiende el objetivo del Presidente de meterse en un tema destinado a espantar los votos que él debía ocuparse de asegurar, razón por la cual Cristina Kirchner pensó en él hace dos años. “Su comentario está dirigido a consolidar el voto propio, innecesariamente porque eso ya lo tienen”, advirtieron desde el propio oficialismo, perplejos por la actitud presidencial. “Salvo que se busque exagerar el compromiso con el kirchnerismo”, agregaron en busca de justificaciones. Lo cierto es que será difícil encontrar figuras dispuestas a avalar como AF a la docente adoctrinadora.

Tal vez el Presidente no haya querido cuestionar a Radetich pues en realidad comparte todos sus dichos. Porque lo cierto es que los conceptos vertidos por esa militante no difieren de lo que suele escucharse en la militancia K, pero también en la dirigencia, en ámbitos públicos.

Fue, sin ir más lejos, el tono utilizado el jueves pasado a lo largo de todo el día en el Congreso de la Nación. Congelada la actividad legislativa por la campaña, las autoridades de ambas cámaras alteraron ese parate para convocar el mismo día a dos comisiones. Por la mañana, se reunió la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, que analizó la cuenta de inversión correspondiente a 2016, el primer año de la gestión macrista. Un trámite previsto por la Constitución Nacional y la Ley de Administración Financiera y que contempla la participación de la Auditoría General de la Nación. Para evitar sofocones, los gobiernos tratan de dejar aprobadas esas cuentas antes de irse, pero estando en minoría, el de Mauricio Macri no pudo aprobar ni una. Y previsiblemente el actual oficialismo anticipó su rechazo en el recinto, lo cual no terminará como una acción declarativa, sino que servirá para activar acciones judiciales contra los exfuncionarios macristas. Algunas de las cuales ya están en marcha.

El senador salteño Juan Carlos Romero lamentó la intención de judicializar las acciones de todos los presidentes y concluyó: “Quédense tranquilos que a Alberto Fernández ya le tocará dentro de dos años”.

Tres horas después de concluida esa reunión, arrancó la Bicameral de Seguimiento de Deuda, nada menos que con la visita del ministro de Economía, Martín Guzmán. Previendo que lo que sería “un acto de campaña para fustigar a la gestión pasada”, los legisladores de Juntos por el Cambio se negaron mayoritariamente a participar. Los senadores de JxC fueron los más decididos en ese sentido y no estuvo ninguno. Vicepresidente de la comisión, el diputado Luciano Laspina fue el único de ese espacio que participó de manera presencial. Obviamente todo giró en torno a la deuda… contraída por la gestión Macri.

Los resultados del último sondeo de la consultora Giacobbe traen malas noticias para el presidente Alberto Fernández, ya que perdió 10 puntos de imagen positiva en la provincia de Buenos Aires y creció 11 su negativa; mientras que perdió 5 en la Ciudad de Buenos Aires y creció 9 su rechazo, tras conocerse las fotos y los videos de la celebración del cumpleaños de la primera dama Fabiola Yáñez en la Quinta de Olivos en plena pandemia 2020.

Respecto al caso del cumpleaños durante la cuarentena estricta, tan solo el 15.2 por ciento (en PBA y CABA) adhiere a la siguiente idea: “No es un tema importante. El presidente pidió disculpas. Es un asunto terminado”.

Otro 22.9% en PBA y 20.8% en CABA opina que “es un error importante y no debería haber sucedido. Pero hay que dejar de atacar al presidente”.

Finalmente, un 61.3% en PBA y un 62.5% en CABA opinan que “es un escándalo moral terrible. El presidente debería ser sometido a juicio político”.

Ante estos datos, el consultor Jorge Giacobbe describió la reacción de la opinión pública al señalar que “la vergüenza es Ministerio”.

Al respecto, agregó: “El impacto de opinión pública de los vergonzosos sucesos que ya ni vale la pena enumerar, han generado un tipo de impacto curioso. Se ha desplomado la imagen del presidente, pero no la de la vicepresidenta (Cristina Fernández de Kirchner)”.

“La imagen positiva de Cristina apenas ha mermado uno o dos puntos según el distrito. Tampoco golpeó sobre sus candidatos para esta elección. El problema tampoco es enorme en términos de intención de voto”, advirtió.
En ese sentido, señaló: “Si lo vemos por espacios, en ambos distritos, el Frente de Todos apenas ha retrocedido 2 por ciento en los resultados sin proyección y 3% en los datos proyectados. Siguen por encima del 30% en la provincia de Buenos Aires y por encima del 20% en la Ciudad”.

“A su vez, visto por candidatos, Victoria Tolosa Paz y Leandro Santoro están exactamente igual que antes. No es ilógico. Venimos explicando que el voto es genérico hacia el espacio, y que el apoyo del núcleo duro es hacia Cristina Kirchner. Entonces Alberto Fernández puede tener un comportamiento ético o anti ético, gobernar bien o mal, ser abducido por extraterrestres o partido por un rayo, pero los votos de Cristina siempre están allí”, aseguró.

En su reflexión, Giacobbe fustigó: “Lo que se desmorona es Alberto, solamente Alberto. Y el kirchnerismo lo va a sostener apenas lo suficiente para que el hombre siga siendo el empleado que atiende el mostrador de los reclamos, manteniendo su función primaria y esencial en la relación con la vice”.

“La vida política siempre le da revanchas a Cristina. Esta vez, de tener entre sus dedos la suerte de quien tan duramente la criticó”, agregó.

En su informe, el consultor afirma que “el desmoronamiento de Alberto, si bien no parece llevarse puesto el núcleo duro kirchnerista, muy probablemente limite o cercene las posibilidades del Frente de Todos para seducir a los famosos y misteriosos indecisos”.

“La herida está aquí, porque todavía hay casi un 20% de ciudadanos que no tienen una decisión tomada hacia el voto. Va a ser difícil conquistarlos”, apuntó.

Desde la otra vereda

Con respecto a una transferencia de votos de FdT a Juntos por el Cambio, manifestó que “de ninguna manera se puede sostener, todavía, que Juntos por el Cambio esté capitalizando nada de esto. Solo el voto con intenciones liberales se ha visto unos puntos reforzado”.

“Pero dentro de las internas hay movimiento. En Provincia, la diferencia inicial de cuatro puntos a favor de Diego Santilli, que luego se convirtió en seis, ahora se ha estirado a trece. En la Ciudad, María Eugenia Vidal ha caído unos cuatro puntos mientras que (Ricardo) López Murphy ha crecido casi dos”, agregó.

El alcance de la difusión de la fotografía del cumpleaños de Fabiola Yáñez en Olivos fue total: el 100% de la gente consultada vio o escuchó acerca de este escándalo, sin importar ideologías. Y un 37% reconoció que este tema podría cambiarle el voto.

Esos datos surgen de un informe elaborado por la consultora D’Alessio Irol y Berensztein, que salió a medir el impacto del escándalo de Olivos y verificó que para un 36% ese es un tema “muy importante”, en tanto que un 18% lo consideró “algo importante”. “Poco importante” fue para un 19%, en tanto que un 27% lo calificó de “nada importante”.

Más importante que ese dato es saber si eso va a influir en el voto. Un 37% cree que sí (seguramente 31% y probablemente 6%), contra el 63% que opina lo contrario. Haciendo foco en los votantes del Frente de Todos, el 24% considera que impactará en su voto en las próximas elecciones y no repetirá su apoyo al oficialismo: el 79% se inclinará ahora por candidatos de Juntos, un 5% cambiaría su voto a los libertarios, en igual proporción optaría por otros partidos. Un 5% votaría en blanco o no iría a votar y un 6% prefiere no contestar.

Finalmente, el 41% cree que el tema fue tomado como una denuncia por la oposición, mientras que el 55% opina que lo hizo como oportunidad política, percepción que alcanza al 77% de los oficialistas y apenas al 27% de los electores de Juntos por el Cambio en 2019.

Por José Angel Di Mauro

Cristina Fernández de Kirchner no es de faltar a las sesiones. En rigor de verdad, ella está al principio de las mismas y vuelve sobre el final; en el ínterin aprovecha para recibir gente en su despacho del Senado. Cuando en el arranque de una sesión aparece en su lugar la santiagueña Claudia Abdala de Zamora, elegida por CFK para ser presidenta provisional, se sabe que la vicepresidenta de la Nación ya no asistirá. Pasa pocas veces, pero el último jueves ocurrió por segunda vez consecutiva.

El 15 de julio, justo en la última sesión que había tenido el Senado, su titular no estuvo. Nunca hay una explicación oficial, pero esa vez quedó claro que la expresidenta estaba preparando la presentación que haría a la mañana siguiente ante la Justicia, por la causa del Memorándum con Irán. Este jueves solo se informó que Cristina Kirchner estaba en El Calafate.

Había tenido una semana agitada, con apariciones dos días sucesivos, en Lomas de Zamora primero y luego en el  plenario del Frente de Todos organizado en el Estadio Unico de La Plata. Arrancó con Alberto Fernández el martes en un acto organizado para mostrar señales de unidad -ese pareciera ser el principal objetivo del oficialismo en campaña- y fundamentalmente respaldar al Presidente en el peor momento de su gestión. Allí fue que terminó su discurso con una recomendación pública pasible de múltiples interpretaciones: “Por eso Alberto, poné orden en lo que tengas que poner orden y no te pongas nervioso, no te enojes y metele para adelante”, le dijo la expresidenta en una posible referencia a trascendidos de los últimos días que reflejaban una supuesta inquietud suya por comportamientos que desaprobaría y de los que habría tomado conocimiento previo a la pandemia. La segunda parte de la frase era obvia, después de que se lo viera al Presidente el día anterior visiblemente alterado y a los gritos. 

Al día siguiente volvieron a estar juntos en La Plata y allí se vio a una Cristina poco interesada en ocultar lo evidente, que es la jefatura notoria que ejerce sobre quien ella designó para la primera magistratura. El pasaje en el que se la escuchó hablando sobre el discurso de Alberto y éste le terminó cediendo el micrófono fue para la antología.

“Lo que está sucediendo es una crisis en el liderazgo presidencial”, interpreta el consultor Lucas Romero, director de Synopsis, una de las encuestadoras que ha verificado un impacto singular y contundente de la crisis por la foto de Olivos. Por lo pronto, observó que se trata de un hecho tan notorio que el 93,9% dijo haber visto la foto del festejo del cumpleaños de la primera dama, en tanto que un 71,7% lo calificó como “un error, un delito y una inmoralidad”. No son datos aislados; Management & Fit también registró una enorme repercusión de este episodio: un 91,7% dijo haber escuchado o leído sobre el tema. Y peor, el 76,1% lo consideró “grave o muy grave”.

Lucas Romero insiste en hacer hincapié en el liderazgo presidencial, jaqueado por las circunstancias: “Este es un presidente muy particular, designado de manera inédita. Un presidente que no tenía voto, ni apoyo partidario, que no surge del consenso de la coalición”. Así las cosas, sostiene que Alberto Fernández terminó siendo “una prenda de unidad” ofrecida por Cristina. Pero “la legitimidad de Alberto Fernández para liderar esa coalición tiene ese defecto”, y en ese marco “estaba obligado a lograr la legitimidad en el ejercicio. Y es lo que no ha conseguido”.

En este contexto Cristina Kirchner modificó una habitual estrategia suya de campaña. Ha dejado de lado el “abuenamiento” que suele mostrar previo a cada elección, en busca del voto moderado. Pareciera que a tres semanas de las PASO la expresidenta busca consolidar estrictamente el voto propio.  “Nosotros somos los buenos, los otros defienden el odio”, es el mensaje que trasunta el discurso actual del oficialismo. Funcionario del gobierno, Ricardo Forster abonó esa postura cuando al referirse a la Marcha de las Piedras con la que los deudos de los muertos por el coronavirus homenajearon a sus allegados, afirmó que “no había duelo, sino odio y bronca” en esa manifestación.

Más sutil, Cristina le agradeció el martes en Lomas de Zamora a Elizabeth por la escarapela que le había regalado. Una escarapela que era de su marido, muerto hace cinco meses por Covid. “¡Qué lindo que te den una escarapela! Me gustan más las escarapelas”, dijo en ese acto. Le faltó agregar que las prefería a “las piedras”, pero no hacía falta.

Este es un presidente muy particular, designado de manera inédita. Un presidente que no tenía voto, ni apoyo partidario, que no surge del consenso de la coalición”, señala Lucas Romero.

Como no hizo falta tampoco preguntarse las razones por las que la expresidenta evitó estar en el Senado el jueves, donde no hubiera sorprendido que la oposición aprovechara para realizar un acto de campaña en el recinto con el argumento de la foto de Olivos. Deberá reconocerle el oficialismo a sus adversarios que no fue así: el episodio de cumpleaños solo se trató al principio, circunscripto a la intervención del presidente del interbloque JxC, Luis Naidenoff, que recibió la extensa respuesta de su par del oficialismo, José Mayans.

No sería igual en Diputados, donde habría seguramente un desfile de cuestiones de privilegio, y esa es una de las razones por las que no habrá sesión allí al menos hasta después de las PASO. Está también la cuestión del pedido de juicio político impulsado contra el Presidente, que era un hecho la semana anterior y se congeló en los días siguientes. La primera en desinflarlo fue Elisa Carrió, que lo desaconsejó, y luego Horacio Rodríguez Larreta habló en el mismo sentido. La líder de la CC sobreestimó el poder de la oposición, al sugerir que si el juicio político prosperaba, quedaría Cristina en lugar de Alberto. Lo cierto es que dicho pedido carece de toda posibilidad de avanzar, pues sería rechazado en todas sus instancias, justo el mismo argumento que usaron otros desde JxC para relativizarlo: si no hay chances, ¿para qué impulsarlo?

La verdadera razón de quienes se oponen y cuya postura estaría prevaleciendo es el riesgo de que el descrédito que envuelve hoy la figura presidencial se extienda a toda la clase política. La apatía que acompaña al electorado en esta campaña atípica lleva agua para el molino de la antipolítica y refuerza las aspiraciones de figuras disruptivas como Javier Milei.

Otro dato concreto en este sentido es la asistencia a votar en estas elecciones, toda una incógnita en circunstancias inéditas de pandemia. Los comicios registrados a lo largo del presente año no han sido auspiciosos en ese sentido. En Misiones concurrió a las urnas un 63,49% del electorado en junio pasado; en Jujuy, ese porcentaje alcanzó el 65%; mientras que en Salta, el domingo pasado, la poca participación fue el dato más relevante: 60,22% del padrón se presentó a votar. Un detalle más: el voto en blanco ganó en la categoría “concejales” de la capital provincial.

Todos datos que preocupan más a la oposición, convencida de que la baja participación electoral suele beneficiar a los oficialismos. Y conlleva además el riesgo de una mala fiscalización, factor clave para la supervivencia de Juntos por el Cambio. De eso se habló en el cónclave organizado por el PRO el miércoles pasado en el campo de deportes de la Asociación de Amigos del Colegio Cardenal Copello, en Tres de Febrero, adonde concurrieron los intendentes bonaerenses del partido amarillo. Cada alcalde detalló cómo va la planificación de la fiscalización en sus distritos y uno de ellos se mostró confiado sobre el tema ante este medio. Intendente de uno de los principales municipios gobernados por el PRO, dijo contar con un millar de fiscales generales y reconoció que -en casos de fuerza mayor, que suelen darse- llegan a prescindir de fiscales en los lugares donde saben que tienen pocos votos.

¿De qué manera impactará con este clima tan adverso el Olivosgate en el voto oficialista? La mayoría de los analistas coincide en que el voto duro es sólido aun ante este tipo de sucesos. Lo cual no se extiende a todo el voto propio, claro está. El sondeo de Management & Fit estableció que un 22,3% de los encuestados que pensaban votar a candidatos oficialistas hoy cambiaría su voto. Un dato que genera inquietud en el gobierno, pero no tanta como el estudio como que realizó el Observatorio de Psicología Social Aplicada dependiente de la Facultad de Psicología de la UBA, que amén de brindar números muy ajustados en la provincia de Buenos Aires, verificó una valoración altamente negativa del gobierno nacional en territorio bonaerense. Con un 63% de opiniones negativas al evaluar la gestión de gobierno nacional.

Una valoración que emerge de las preguntas sobre las cuestiones clave de la gestión, que revelan que un 74% tiene opinión entre mala y muy mala respecto de la situación económica; un 67% se manifestó de manera negativa respecto de la situación social, y ni la situación sanitaria se salva, con un 52% de opiniones negativas.

El precandidato a diputado nacional por el frente La Libertad Avanza, Javier Milei, se refirió en su cuenta de Twitter al cumpleaños celebrado por Elisa Carrió a fines de 2020. “¿Entendés porque la ‘oposición’ ha comenzado a dar vueltas con el tema del juicio político y destitución de Alberto?… Pero Cristina… no… es para cuidarse el culo propio”, escribió.

Además hizo hincapié en las consecuencias de la foto y los videos del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez, en plena cuarentena. “Con lo de las fotos el presidente quedó como un tirano y un traidor. Alberto Fernández perdió el poco poder que tenía”.

En una recorrida hecha por Palermo junto a Victoria Villarruel, Ramiro Marra y Lucía Montenegro, que terminó con un discurso en Plaza Serrano, el economista afirmó que “nuestro principal rival es la casta política porque ellos son socios mientras que nosotros tenemos que trabajar cada día más para tener menos. Es ellos contra nosotros”.

Y apuntó a las propuestas de los distintos sectores sobre el aspecto impositivo: “Al ver la exposición de ideas de los políticos sobre los impuestos me queda claro que no sólo no producen nada sino que jamás lo han hecho. Además me sorprenden los mentirosos que hablan de bajarlos cuando siendo funcionarios en el pasado y/o en el presente los subieron y suben”. Milei ratificó su compromiso de no promover desde el Congreso la creación de nuevos impuestos, ni el aumento de los existentes.

Por último, en declaraciones radiales, advirtió que “en Juntos por el Cambio ha terminado dominando la línea política de las palomas como (María Eugenia) Vidal, que responde directamente a (Horacio Rodríguez) Larreta“.

Como era de esperarse, el escándalo por el cumpleaños de Fabiola Yáñez en Olivos fue tema en el arranque de la sesión de este jueves en el Senado, aunque el único orador de la oposición sobre la cuestión fue el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, quien comenzó con un tono moderado, que fue incrementando durante su discurso para dejar sentado el total repudio al hecho.

“Olivos era una puerta giratoria y una especie de fiesta en fiesta”, lanzó el senador formoseño, que instó al oficialismo a votar un proyecto de declaración de repudio y aseguró que ese festejo “no fue un error, fue una inmoralidad que merece el repudio de la política en Argentina”.

El radical planteó un pedido de preferencia para tratar “un proyecto de declaración para expresar el repudio por los hechos acontecidos el 14 de julio de 2020 en la residencia presidencial de Olivos”.

Recordó entonces que desde marzo de 2020, para frenar la pandemia, el Gobierno “eligió el camino de adoptar las medidas más duras, y en materia de libertades, las más restrictivas”.

“Todos los ciudadanos han hecho un enorme esfuerzo, acompañando no solamente las decisiones del presidente, dispuestas por decreto de necesidad y urgencia, sino fundamentalmente resignando algunas cuestiones que no se pueden medir ni cuantificar y que tienen que ver con los afectos, la imposibilidad de reencontrarse con la familia, la imposibilidad de sostener un emprendimiento, la imposibilidad de encontrar respuestas en el Estado”, sostuvo.

Naidenoff remarcó que “lo más triste” fue “la imposibilidad de despedir a un familiar o a un ser querido porque la pandemia se lo llevó”. Sin embargo, “las medidas se acompañaron” desde la oposición, “a pesar de las diferencias de los que bregamos por la libertad o medidas alternativas”.

En relación a la situación durante julio de 2020, el legislador opositor apuntó que “el 1ro. de julio de 2020 el Poder Ejecutivo publicó el DNU 576/20” que “diferenciaba para la Argentina zonas con las disposiciones más estrictas y las zonas con DISPO”, pero el AMBA estaba comprendido “para continuar en la fase 1” porque se había detectado un 136% de incremento de los contagios.

Y específicamente, esa norma establecía en el artículo 19 la prohibición de eventos sociales, señaló y continuó: “En las últimas semanas los argentinos tomamos nota de que el 14 de julio de 2020, cuando todos estaban cumpliendo los parámetros que impuso el presidente de la república, en Olivos, en la residencia presidencial, se festejaba el cumpleaños de la primera dama con un grupo de personas y en presencia del propio presidente”.

“El propio presidente que señalaba en sus discursos, en sus mensajes a la sociedad, la importancia de cumplir con las disposiciones de aislamiento”, expresó y opinó que “Olivos era una puerta giratoria y una especie de celebración y fiesta en fiesta”.

Naidenoff criticó a Alberto Fernández porque “primero negó, después reconoció, fue y vino”. “Este proyecto de declaración, del repudio a lo que pasó, lo quiero plantear no como una cuestión del interbloque, sino como un mensaje de la política argentina, porque creo que los ciudadanos se merecen el respeto a la dignidad”, argumentó.

Para el senador de Juntos por el Cambio, “lo que nos pasó es mucho más fuerte que la pérdida de credibilidad en la palabra presidencial”, sino que es “un golpe bajo al esfuerzo colectivo de un pueblo que dio todo en los peores momentos”.

En su discurso, analizó que “el desafío que nosotros tenemos es cómo hacemos en una Argentina” con una pandemia “para que alguien pueda imponer autoridad o establecer cuáles son los parámetros para que los argentinos se sujeten a la ley”.

“No se cuestiona el festejo, no se confundan, se cuestiona la persecución, el castigo y el ensañamiento con los argentinos, que no podían ni siquiera despedir a sus familiares”, subrayó y aclaró: “Estamos a cuatro, cinco semanas de las elecciones, por eso trato de plantearlo de manera desapasionada”.

El presidente de la bancada opositora consideró que “no podemos dimensionar las consecuencias cuando se quiebra un contrato social básico de confianza entre el presidente y la sociedad”, pero “tenemos una democracia muy potente, muy sólida y el Parlamento es una herramienta de recupero de confianza”.

Por eso, aseveró: “Nosotros tenemos que ser contundentes, tenemos que repudiar lo que ocurrió, porque lo que ocurrió es una burla. Todos sentimos que nos tomaron el pelo”.

“Olivos era un carnaval. Olivos era una fiesta. Y la fiesta la encabezaba el presidente de la república. Y el presidente amenazaba, y el presidente apretaba a los que podían incumplir”, enfatizó.

Hacia el final, el senador insistió que “nosotros tenemos que demostrar que el sistema político en Argentina es mucho más fuerte que la inmoralidad presidencial” y “señalar con un mensaje claro a la sociedad que cuando hay incumplimiento, hay también ejemplaridad y la tiene el Senado”.

“La primera señal la tiene que dar el oficialismo repudiando este hecho, por respeto a la sociedad, a los que acompañaron los momentos más duros”, añadió.

Y exclamó: “¡Es una falta de respeto que mientras no se podía estar con los familiares en los momentos más duros, se brindaba en la quinta presidencial! ¡Es una falta de respeto, es una inmoralidad que la tenemos que rechazar, este cuerpo la tiene que rechazar!”.

“Tómense los días si no quieren tratarlo sobre tablas, quieren que pase septiembre, que pasen las elecciones, pero que el cuerpo se expida. Por respeto a ustedes, fundamentalmente al oficialismo, a los que militaron en serio”, desafió al Frente de Todos y concluyó con que esto “no fue un error, fue una inmoralidad que merece el repudio de la política en Argentina”.

Mayans se despachó con todo

Al final de una extensa sucesión de mociones de preferencia, habló el jefe del bloque oficialista, José Mayans. Con una fuerte dosis de ironía a lo largo de su extenso discurso, el formoseño arrancó anunciando que darían tratamiento tanto a los temas de repudio como a los de beneplácito, y citó puntualmente al expuesto por su comprovinciano Naidenoff. Pero aclaró que “también tenemos una listita que queremos tratar… Por ejemplo la escándalosa deuda externa generada en el Gobierno anterior, sin anuencia del Parlamento, por más de cien mil millones de dólares”.

Agregó la “fuga de capitales que ha empobrecido a la República Argentina”. Mencionó también a las empresa energéticas “que han obtenido ganancias fabulosas y no tuvieron ni siquiera la dignidad de invertirlo en la Argentina”.

También repudió “el escandaloso manejo del Banco Central” por el manejo de las Leliq y las Lebac, como así también repudió “la caída del empleo, la caída del salario, la destrucción del sistema previsional argentino y la caída del Fondo de Garantía Sustentable que, dijo, “destruyó el sistema previsional argentino”.

Mayans dijo tener “un repudio específico por el manejo que hacía (el extitular de la ANSeS Emilio) Basavilbaso, dejando en ruinas el sistema jubilatorio”.

Tuvo repudios hacia la dolarización de los servicios y también hacia “la estafa de los préstamos del Banco Nación”; e incluso “tenemos un repudio por la estafa de los parques eólicos, donde estaba el presidente de la Nación (por Mauriciio Macri), (Carlos) Tévez y todo este grupo de Boca Juniors”. Y ya que estaba con Macri, repudió “la estafa del Correo”.

Pero Mayans siguió ampliando, extendiéndose al “desastre que hicieron con la educación en la Argentina, en la ciencia y la tecnología”. Y siguió con el sistema de salud, donde, abundó, la gestión anterior hizo “un verdadero desastre”.

También repudió la paralización del 70% de las obras en 2015 “solo por haber sido iniciadas por Cristina Kirchner”, y repudió “la manipulación de la Justicia argentina”.

Cuando llegó a “la manipulación del sistema electoral argentino” se escucharon gritos de la oposición, que recordaron que ese era el espacio de las mociones de preferencia y no correspondía bajar línea, cosa que previsiblemente Mayans rechazó, y por el contrario la emprendió contra Patricia Bullrich por sus expresiones sobre las Malvinas, incluyó a la AMIA, Nisman y el dólar futuro. Y concluyó afirmando que toda la movida generada los últimos días en torno al “Olivosgate” era “una maniobra mediática para tapar lo que han hecho (Fernando) Iglesias y Waldo Wolff  por las cosas que han dicho de las mujeres. Estas maniobras son para tapar eso, y también para tapar el esfuerzo de la vacunación”.

Mayans concluyó reclamándole a la presidenta provisional del Senado, pues consideró “un acto de deslealtad parlamentaria” la manera como presentaron las mociones de preferencia, que -explicó- debían limitarse a citar el expediente y el título de lo que debía tratarse. Por el contrario, “acá se utiliza como artimaña para elaborar un discurso”.

“Eso se llama mordaza”, le gritó la radical Silvia Elías de Pérez, mientras Mayans aclaraba que aceptarían avanzar en comisión con los repudios y beneplácitos solicitados, pero incluirían todos los temas que él había mencionado.

La polémica por el festejo del cumpleaños de la primera dama en Olivos generó la búsqueda irrefrenable de otras imágenes de eventos masivos -o no tanto- en la residencia presidencial, que certifiquen la ausencia de protocolos en materia de reuniones en el entorno presidencial.

Así, el examen de los listados de ingresos a la residencia presidencial permitió verificar el 30 de diciembre un ingreso inusual de dirigentes del Frente de Todos para participar de un brindis de fin de año. Así fue presentado los últimos días en diversos medios y claramente se distinguía por orden alfabético el nombre de la mayoría de los integrantes el bloque oficialista de diputados nacionales.

En las últimas horas aparecieron imágenes y el tema hizo carrera en las redes sociales, donde el apellido de una integrante de esa bancada, Gabriela Cerruti, se hizo trending topic. Es que la diputada kirchnerista es una de las que aparecen incluso en los videos que han sido reflotados.

Brindis el 30 de diciembre en olivos. La mentirosa de Gabriela Cerruti dijo que había sido al aire libre.

Una ley para ellos y otra para nosotros.

Se burlaron de nosotros. #JuicioPolitico Ni olvido ni perdón

https://t.co/PuFGSRnwXs

— Miguel A Boggiano del 55,6% (@Miguel_Boggiano) August 18, 2021

Y decimos “reflotados” porque, en rigor, el evento fue oficial y difundido en su momento incluso, por supuesto, por parlamentario.com. “Alberto Fernández recibió en Olivos a diputados oficialistas para cerrar el año”, tituló este medio la información en la que se hizo referencia a que, además de diputados, concurrieron ministros. La nota se dio inmediatamente de la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y fue presentada como una “señal de unidad”.

La imagen ilustrativa que difundió Presidencia esos días fue la del presidente y funcionarios acompañados por los legisladores en los jardines de Olivos, pero en la información que los medios difundieron entonces fueron incluidas otras imágenes subidas por los propios protagonistas a las redes sociales, donde se veía a los concurrentes en Olivos. Al encuentro asistieron 62 integrantes de la bancada y los legisladores del interior que se encontraban en sus provincias participaron por videoconferencia.

El jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, se manifestó este martes en la misma línea que la referente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien no se mostró a favor de un pedido de juicio político contra el presidente Alberto Fernández, a raíz del escándalo por el cumpleaños de Fabiola Yáñez en plena cuarentena en la Quinta de Olivos.

En diálogo con FM Urbana, el mandatario porteño consideró que a un pedido de estas características “hay que estudiarlo más; no tengo el detalle de los causales del juicio político, a priori no parecería”.

No obstante, el dirigente del Pro resaltó que “hay que cumplir con las normas”, al recordar que el mismo Alberto Fernández era el que había dictado el aislamiento. En ese sentido, lo criticó por el “incumplimiento grave de su propio decreto”.

También, Rodríguez Larreta le pegó al jefe de Estado por haber “responsabilizado a su pareja” en su primer descargo público.

Para el jefe porteño, este “es un tema para que los juristas lo estudien más, a priori no me suena. Pero las cosas no es lo que me suena o no, sino que el tema es cumplir la ley”.

Este martes, un grupo de diputados de Juntos por el Cambio, encabezados por Mario Negri y Cristian Ritondo, presentaron el pedido en la Cámara de Diputados.

Por otra parte, Rodríguez Larreta se defendió de los cuestionamientos por no haber cumplido las normas sanitarias tras su viaje a Brasil el año pasado. “No hubo ningún incumplimiento, volví y cumplí con la cuarentena, estuve siete días en mi casa”, afirmó.

El diputado nacional Gustavo Menna (UCR) presentó este martes un proyecto de ley de amnistía para las personas a las que, durante el ASPO, se les abrieron causas judiciales por el hecho de circular.

Tras el escándalo por el “Olivosgate”, motivo por el cual Juntos por el Cambio impulsa un pedido de juicio político contra el presidente Alberto Fernández, el radical aseguró que “objetivamente están las causales, habría que ver cómo se desenvuelve un juicio”.

“La Cámara de Diputados es la acusadora, el rol de juzgar le corresponde al Senado”, explicó el vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, quien agregó que “el hecho tiene gravedad” porque “se trata de reglas que remiten a sanciones penales”.

En diálogo con radio Futurock, el chubutense recordó que durante la cuarentena estricta “hubo gente que la pasó muy mal, le secuestraron el auto” y “se fueron abriendo miles de causas penales”, mientras que “el mismo funcionario que escribía las reglas, no las cumplía”.

Menna consideró que un pedido de juicio político “no es temerario”, sino “un mecanismo previsto por la Constitución”, que “será discutible”. Al reconocer que la oposición no cuenta con los votos para que prospere, dijo que se trata de “poner en agenda la discusión”.

A continuación, el legislador anunció “un proyecto de ley de amnistía” porque “hoy la Justicia Federal está sobrecargada con decenas de miles de causas por si una persona circulaba bien o mal, con autos que se están deteriorando secuestrados”.

En ese sentido, apuntó que sería para “los casos vinculados a la circulación, quien iba a trabajar, quien iba a visitar a un pariente enfermo”.

En declaraciones a Radio 3 de Trelew, el diputado ahondó que “la amnistía que proponemos no abarca a los delitos contra el ASPO cometidos por funcionarios públicos, ni las fiestas clandestinas, ni a quienes incumplieron cuarentenas por infección, contacto estrecho o viajes”.

El proyecto de ley

El proyecto del legislador chubutense otorga una amnistía a todas las personas con causas penales abiertas por quebrar el aislamiento y el distanciamiento social decretados durante la pandemia.

Las excepciones a la amnistía son los casos en los cuales los imputados sean funcionarios públicos; las reuniones o fiestas clandestinas, y las personas que quebrantaron la cuarentena por estar contagiadas, haber sido contactos estrechos de un infectado de Covid-19 o por un viaje del exterior o de otra zona del país.

La iniciativa busca la igualdad ante la ley frente a la transgresión del presidente Alberto Fernández, tras conocerse por fotos su participación en un cumpleaños en Olivos cuando estaban vigentes las medidas de prevención que el propio mandatario había decretado.

La propuesta “permitirá restablecer un sentido de justicia e igualdad ante la ley y evitará incurrir en la incongruencia de sancionar penalmente a los particulares por reglas que las autoridades incumplen, a sabiendas de lo que están haciendo”, explicó Menna.

“Tras el dictado de las medidas de prevención hubo en todo el país controles férreos que afectaron las libertades personales previstas en la Constitución. La persecución penal no discriminó entre los hechos que implicaban situaciones confusas de circulación por la vía pública a pie o en auto, de otras más graves como reuniones o fiestas clandestinas o el no cumplimiento de cuarentenas dispuestas para quienes estaban infectados, contactos estrechos o personas que arribaban de un viaje”, consideró Menna.

Señaló que “las normas dieron lugar a situaciones de violencia institucional muy graves, que en algunos casos implicaron la pérdida de vidas en circunstancias no esclarecidas como las de Facundo Astudillo Castro, Nahuel Gómez, Federico Rey, Alan Maidana, Lucas David Barrios, Ezequiel Corbalán, Ulises Rial, Augusto Oscar Iturralde, Lucas Nahuel Verón y Raúl Dávila, en provincia de Buenos Aires; Luis Espinoza y Walter Nadal en Tucumán; Mauro Coronel y Franco Isorni en Santiago del Estero; Florencia Magalí Morales y un adolescente de nombre Franco en San Luis; Facundo Scalzo en CABA y Valentino Blas Correas en Córdoba”.

Destacó que “el funcionario público que aprobó esas reglas de conducta por DNU fue el primero en incumplirlas”, y que esta situación “se contrapone con el principio de igualdad ante la ley”.

Las causas abiertas “generan una sobrecarga al atraso que afecta a la Justicia Federal, y la desenfoca de las causas más relevantes que demandan rapidez como las vinculadas al narcotráfico, corrupción, trata de personas, lavado de activos y evasión tributaria, entre otros”, concluyó Menna.

Acompañan esta iniciativa los diputados Mario Negri, Alfredo Cornejo, Ricardo Buryaile, Juan Martín, Roxana Reyes, Gabriela Lena, Jorge Lacoste, Claudia Najul, Atilio Benedetti, Alejandro Cacace, Federico Zamarbide, Carla Carrizo, Mario Arce, Lorena Matzen, Lidia Ascárate, Luis Pastori, Gonzalo del Cerro, Dolores Martínez, Karina Banfi, Ximena García y Brenda Austin.

proyecto-de-ley-amnistia-delitos-ASPO-y-DISPO

Pese al descargo del presidente Alberto Fernández en torno al “Olivosgate”, el escándalo que se despertó al conocerse la foto del cumpleaños de la primera dama Fabiola Yáñez en plena cuarentena del año pasado, Juntos por el Cambio insistirá con el pedido de juicio político y este martes presentará el escrito ante la mesa de entradas de la Cámara de Diputados.

Aunque ese procedimiento corre bajísimas chances de prosperar, la oposición busca instalar el tema en el Congreso, donde consideran debe debatirse la responsabilidad del mandatario. La iniciativa se suma a otra que la semana pasada, ni bien conocida la foto, presentó el diputado del Pro Jorge Enríquez junto a otros de sus pares.

En tanto, el texto que ingresará este martes está encabezado por Mario Negri, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, y Cristian Ritondo, el presidente de la bancada Pro de la Cámara baja.

Sin embargo, entre las firmas no figura la de Juan Manuel López, el titular de la Coalición Cívica, ni de ningún diputado de ese espacio, dado que la referente máxima del partido, Elisa Carrió, dejó claro que no está de acuerdo con el pedido de juicio político: opinó que tiene que avanzar la Justicia, dijo que no quiere que sea algo electoral y consideró que Cristina Kirchner podría asumir la presidencia.

En el proyecto, los legisladores piden “promover Juicio Político contra el Señor Presidente de la Nación, Dr. Don Alberto Fernández, por mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo que dispone el artículo 53 y concordantes de la Constitución Nacional”.

En los fundamentos recordaron que “la sociedad argentina está atravesando una situación muy difícil desde marzo de 2020 por la aparición del virus Covid-19” y “la pandemia impactó en los aspectos sociales, económicos, políticos y emocionales de las distintas poblaciones y se vieron diferentes actitudes en los distintos gobernantes. Algunos con rapidez convocaron a lo mejor de la dirigencia de sus países para discutir estrategias eficientes para enfrentar al virus y sus consecuencias, otros negaron la gravedad del momento y desoyeron las voces más entendidas. Sin embargo, hubo quienes hicieron de la pandemia su programa de gobierno, tomando decisiones personales y equivocadas”.

“En nuestro país se adoptaron medidas dirigidas a preservar la salud de la población y en ese contexto el presidente de la Nación dictó una serie de decretos de necesidad y urgencia con el fin de lograr el aislamiento preventivo, social y obligatorio de los ciudadanos”, mencionaron y apuntaron que “el DNU 287 de 2020 y sus sucesivas prórrogas fueron acompañados desde el Gobierno con la voz del presidente Alberto Fernández, quien esgrimía fundamentos científicos para su dictado y enérgicamente ordenaba su cumplimiento, al tiempo que amenazaba con atronador escarmiento para quien osara discutirlo o no acatarlo”.

Para los diputados opositores: “Observábamos un presidente que según el día o las circunstancias mostraba un perfil paternalista u otro que se transformaba en un adusto juez que sancionaba o limitaba garantías constitucionales sin el más mínimo recato. Convencido de las bondades de su estrategia, siempre mediante DNUs, marcaba el rumbo sanitario de la lucha contra la pandemia. Él estaba convencido de que cerrando fronteras y encerrando al pueblo lograríamos la victoria”.

“Sin embargo, los infectados crecían y las vacunas no aparecían a pesar de los contratos firmados y la propaganda oficial al respecto. Cuando llegaron las primeras, la sociedad tuvo que soportar ver funcionarios vacunándose con prioridades inventadas, jóvenes quitándole el lugar a personas mayores mostrando en las redes sociales su falta de solidaridad y desparpajo”, cuestionaron y agregaron: “El número de muertos ascendía y el Gobierno insistía con su estrategia inicial. Cerrar y encerrar, esa era la consigna”.

También recordaron la lista de decretos que se dictaron y algunas medidas que contenían, como que “la libre circulación interprovincial estaba prohibida, con varados dentro y fuera del país; los alumnos tenían sus escuelas cerradas; los ancianos no podían ser visitados, los niños no podían salir a la calle, se prohibían las reuniones familiares y sociales, los negocios estaban cerrados, se prohibían los funerales y los encuentros”.

“A la sombra de estos decretos, se denunciaban casos de violencia institucional, los comerciantes se fundían, los enfermos se recuperaban o morían en absoluta soledad”, enumeraron, para dedicar un párrafo a los casos de “deshumanización digna de una ficción” ocurridos en Formosa, y denunciados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Yendo al detonante del pedido, expresaron que “recientemente, unas fotos tomadas en la residencia de Olivos dan cuenta de que existía una realidad paralela, donde las normas no se aplicaban”. “Las fotos se fueron difundiendo con el pasar de los días. En ellas, el presidente de la Nación se mostraba sonriente y distendido en una reunión social, rodeado de personas sin barbijo y sin distanciamiento, claramente incumpliendo lo que él mismo había firmado”, retrataron.

Los legisladores de JxC enumeraron que “al principio, el Gobierno desmintió la primera foto filtrada, aludiendo que estaba trucada. Sin embargo, la contundencia de la segunda foto impidió nuevas defensas. Se trataba del festejo del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez, celebrado el día 14 de julio de 2020″.

“Los nombres de las 10 personas que aparecen en la foto coinciden con los partes oficiales de los ingresos al chalet de la Residencia de Olivos que dan cuentan que ingresaron a las 21.30 hs. del 14 de julio y se retiraron a la 1.47 del día siguiente”, continuaron y resumieron que “ella muestra sin lugar a dudas la existencia de una reunión donde está el presidente con una decena de personas en violación a los protocolos sanitarios establecidos por el propio Alberto Fernández”.

“La situación desenmascara la hipocresía del presidente. Para entonces, regía una estricta cuarentena que prohibía reuniones sociales y limitaba la circulación de los esenciales. Él, quien ordena cumplir lo que él no cumple ni hace cumplir a su círculo estrecho en el lugar donde vive, muestra una desigualdad ante la ley que agravia a un país republicano. Esta gota rebalsó el vaso. Se ha deshonrado la investidura pública. Se ha desconocido la más elemental dignidad republicana y de ética pública que impone la Constitución Nacional en sus artículos 1, 16 y 36”, enfatizaron.

Y añadieron que “la ejemplaridad es un valor que permite que las conductas se realicen y se repitan porque la autoridad que las crea las cumple. ¿Qué mejor ejemplo que aquel que da al ciudadano un gobernante honesto y respetuoso de la ley? ¿Qué mejor aliciente para el sufriente ciudadano agobiado y asustado por una pandemia desconocida y con final incierto que saber que el presidente de la Nación cumple irrestrictamente con la norma que creó para protegerlo?”.

“Nada de esto sucedió. La palabra del presidente está devaluada hace tiempo, las conductas que hoy se muestran suman a ese descrédito y desprestigio”, criticaron.

Finalmente, argumentaron que “en el caso que nos ocupa hay en curso además una investigación judicial. El Ministerio Público Fiscal está investigando si se ha cometido un delito. Si así resultara, habrá que sumar otra causal”, pero “el Congreso debe debatir la responsabilidad que le cabe al presidente Alberto Fernández por los hechos descriptos y abrir su juicio político”.

Además de las firmas de Negri y Ritondo, el proyecto fue acompañado por Gustavo Menna, Omar De Marchi, Karina Banfi, Soher El Sukaria, Miguel Bazze, Albor Cantard, Federico Angelini, José Cano, José Núñez, Facundo Suárez Lastra, Gisela Scaglia y Ricardo Buryaile.

Luego de la foto de la discordia que muestra un festejo que se llevó a cabo en Olivos en plena cuarentena, la diputada de la oposición Roxana Reyes repudió esta actitud, tildó de “privilegiados” a los funcionarios que participaron del evento, y dijo que este accionar “es moneda corriente en la Santa Cruz del modelo K donde reina la impunidad y los beneficios de quienes tienen el poder”.

“La foto muestra a un grupo que se quedó con el Estado. Algo que vivimos en Santa Cruz constantemente. Les dan trabajo a sus familiares. Les regalan obras públicas a sus amigos y se llevan en bolsos los retornos de la corrupción. Se vacunan primero en un vacunatorio VIP y no respetan las leyes. Creen que el Gobierno les pertenece y que los recursos públicos son propios”, dijo duramente.

La diputada nacional sostuvo que esta foto que se dio a conocer en los últimos días, es “otro capítulo de demostración de los privilegios que disfrutan en nuestro país unos pocos”.

“Mientras todos los argentinos estábamos en pleno aislamiento por la pandemia de coronavirus, sufriendo por el encierro y la incertidumbre, en la Quinta de Olivos festejaban. Los privilegios de Alberto no sorprenden a nadie en Santa Cruz porque es lo que vienen haciendo desde hace años Alicia (Kirchner) y los K. Ponen el estado a su servicio”, remarcó Reyes y agregó “nosotros creemos que esto debe terminar y que hay que ponerle un freno a la impunidad y la corrupción K. Por eso trabajamos para cambiar este modelo”.

Para finalizar, Reyes recordó que en septiembre del año pasado en Santa Cruz hubo un escándalo similar por el que la gobernadora Alicia Kirchner tuvo que pedir la renuncia de un grupo de funcionarios de la empresa de energía provincial por haber violado la cuarentena con una reunión social de más de diez personas en Río Gallegos, pese a que regía el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.

El precandidato a diputado nacional por la Ciudad de La Libertad Avanza, Javier Milei, se refirió a los festejos en Olivos durante el aislamiento estricto del año pasado: “El presidente Alberto Fernández es un inmoral que no cumplió con las medidas impuestas por él a toda la población. No alcanza con pedir disculpas y responsabilizar a su esposa. Hay que hacerle un juicio político”.

Para Milei, “el problema no es solo Alberto, si no la casta política”. “Durante la cuarentena estricta, Macri se reunió con decenas de dirigentes políticos. Vidal se contagió poco después de ese evento en una reunión política. Larreta se fue de vacaciones a Buzios. El punto central es este: la clase política nos impone leyes a los ciudadanos, que no solo son inmorales, injustas y destructivas, sino que encima no las cumplen. Hay una ley para ellos y una ley distinta para nosotros”.

 El economista recordó que “mientras había voces dubitativas cuando se empezó a hablar sobre este escándalo, yo ya lo había advertido en La Noche de Mirtha el 31 de julio pasado: no tengo problema si el Presidente, en su vida privada, le encanta rodearse de meretrices. La cuestión, lo que lo hace realmente grave, es que lo hizo a costa de mi billetera y la de todos. En síntesis, Alberto es el gran partusano”.

“¿Por qué digo esto?”, continuó Milei, “porque mientras Alberto Fernández se la pasaba de joda en Olivos, festejándole el cumpleaños a su esposa junto con otras personas sin respetar el distanciamiento y el aislamiento que él impuso, hubo comercios que cerraron, personas que se quedaron sin trabajo, familiares que no pudieron ver a los suyos en los hospitales ni velarlos a quienes habían muerto”.

Si bien no había muchas expectativas en la oposición respecto del descargo que fuera a hacer el presidente desde Olavarría, las explicaciones que Alberto Fernández dio al principio de su discurso en Olavarría dieron paso a un mar de críticas de los legisladores de Juntos por el Cambio.

El presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, fue una de las voces cantantes desde que estalló el escándalo, y tras escuchar el mensaje presidencial dijo: “Las disculpas del Presidente dejan gusto a poco. No es de caballero culpar a la pareja, debería hacerse cargo él. No fue solamente un descuido”. Y agregó: “

Tampoco explicó por qué mintió a los argentinos al negar las reuniones sociales en Olivos. Se internó más en su laberinto”.

Su rival en las PASO en Córdoba, Luis Juez, señaló que “se nos rieron en la cara, nos faltaron el respeto, nos denigraron, nos humillaron, nos condenaron a vivir 18 meses encerrados mientras ellos estaban de joda. Sr. Presidente, si nadie es más que nadie, en vez de pedir disculpas pague como se debe sus culpas. #UnJuezparaAlberto”.

El culpable SIEMPRE es el OTRO, capítulo mil! 👇🏻 pic.twitter.com/b3xiMwtUIy

— Mercedes Joury (@MercedesJoury) August 13, 2021

A su vez, la diputada de la Coalición Cívica Mariana Zuvic señaló que Alberto Fernández “gobierna como vive, de prestado. Tanto en la Casa Rosada, como en la Quinta de Olivos. Acorralado entregó a la mujer, como a los argentinos”.

Muy crítico, uno de los impulsores del juicio político contra el presidente, Jorge Enríquez, señaló: “Como antes le había echado la culpa a un muerto, @alferdez le echó ahora la culpa a su mujer, su ‘querida Fabiola’. Todo le ocultan al pobre. ¡Pucha!”. Irónico, agregó: “Qué lástima que él no estaba por ahí para hacerla desistir del error. Oh!…”.

Una imagen que resume toda la falacia del kirchnerismo. ¡Basta! En estas elecciones tenemos que cambiar el rumbo del país. pic.twitter.com/wvw23TpVUz

— Ricardo López Murphy (@rlopezmurphy) August 12, 2021

El diputado radical Gonzalo del Cerro dijo que “la pandemia política empezó antes, con la elección de Alberto por parte Cristina. El repite con Fabiola lo que antes hizo con ella, ni miles de muertes lo hacen cambiar”.

“Fueron miles los negocios fundidos, las familias separadas, los trabajadores que se quedaron sin empleo durante la cuarentena. Todo por un presidente que hizo lo que quiso, mientras los argentinos hacían un tremendo esfuerzo y no pudieron despedir a sus familias”, tuiteó por su parte el jefe del bloque Pro de la Cámara baja, Cristian Ritondo.

Fueron miles los negocios fundidos, las familias separadas, los trabajadores que se quedaron sin empleo durante la cuarentena. Todo por un presidente que hizo lo que quiso, mientras los argentinos hacían un tremendo esfuerzo y no pudieron despedir a sus familias. pic.twitter.com/S4GGBrMSnE

— Cristian Ritondo (@cristianritondo) August 12, 2021

Su par del Senado, Humberto Schiavoni, expresó: “La cuarentena fue para todos, menos para ellos. El daño que han hecho es inconmensurable. Desde la oposición exigimos que los responsables de #LaFoto y de todas las reuniones ilegales en Olivos asuman su responsabilidad. Todos somos iguales ante la ley”.

A su vez, el diputado mendocino Omar De Marchi tuiteó: “La culpable es… ‘Su querida Fabiola’. Él fue parte del festejo. Él es el responsable. @alferdez aparte de mentiroso, es un timorato que culpa a su mujer”.

Y agregó: “Nunca un tibio mentiroso sacó adelante a un país. Argentina saldrá de la mano de hombres y mujeres valientes e íntegros”.

La culpable es…
"Su querida Fabiola"
Él fue parte del festejo.
Él es el responsable. @alferdez aparte de mentiroso, es un timorato q culpa a su mujer.

Nunca un tibio mentiroso sacó adelante a un país.

Argentina saldrá de la mano de hombres y mujeres valientes e íntegros. pic.twitter.com/kemA1Q1XFh

— Omar De Marchi (@omardemarchi) August 13, 2021

La legisladora porteña Gimena Villafruela dijo que “Fernández incumplió el decreto que él mismo firmó. Mientras no había clases, cerraban comercios, no podíamos abrazar o despedir a un familiar, ni siquiera circular, en Olivos vivían una cuarentena VIP. Eso fue responsabilidad del Presidente, no de la Primera Dama. Hágase cargo”.

A su vez, la diputada cordobesa Soher El Sukaria señaló que “los contagios fueron culpa de la oposición, los muertos culpa de Macri, la inflación culpa de los empresarios….La fiestita en Olivos culpa de Fabiola. #Miserable”.

Alfredo Cornejo, presidente del Comité Nacional de la UCR, afirmó: “El presidente dijo que no le gusta ocultar nada, pero no explicó por qué mintió y aseguró que la foto no era en la Quinta de Olivos. Su explicación no es la que merecen los argentinos”.

El presidente @alferdez dijo que no le gusta ocultar nada, pero no explicó por qué mintió y aseguró que la foto no era en la Quinta de Olivos. Su explicación no es la que merecen los argentinos.

— Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) August 13, 2021

Su comprovinciano Luis Petri destacó: “Dice Alberto Fernández que no ocultaron nada, pero hasta ayer decían que solo tenían reuniones de trabajo, después que #LaFoto había sido trucada y ahora que fue “una reunión que no debió haberse hecho” es la misma lógica que uso en el vacunatorio vip con el “saltarse de cola”. IMPUNES”.

Dice @alferdez que no ocultaron nada, pero hasta ayer decían que solo tenían reuniones de trabajo, después que #LaFoto había sido trucada y ahora que fue “una reunión que no debió haberse hecho” es la misma lógica que uso en el vacunatorio vip con el “saltarse de cola” IMPUNES

— Luis Petri (@luispetri) August 13, 2021

La también mendocina Claudia Najul sostuvo que “Alberto Fernández no se puso a disposición de la Justicia, no se reconoció como violador de la ley y volvió a ponerse por encima de todos: “Trabajo de presidente”. Más que nunca los poderes del Estado y las urnas deben darle una lección a un hombre que luce enajenado y gobierna fuera de órbita”.

A su vez, el diputado Facundo Suárez Lastra expresó: “Un pedido de disculpas frente a un delito no hubiera alcanzado. Hubiera, sí, demostrando empatía con un pueblo que sufrió pérdidas y privaciones extremas. Solo dijo que lo lamentaba, como si eso alcanzara. Mal desempeño en toda la línea, vamos hacia el #JuicioPolitico al cinismo”.

Un pedido de disculpas frente a un delito no hubiera alcanzado. Hubiera si, demostrando empatía con un pueblo que sufrió pérdidas y privaciones extremas.Solo dijo que lo lamentaba,como si eso alcanzara. Mal desempeño en toda la línea, vamos hacia el #JuicioPolitico al cinismo.

— Suarez Lastra (@fsuarezlastra) August 13, 2021

Por su parte, Karina Banfi dijo: “Maneja un país. Es autoridad en la Quinta de Olivos, Casa Rosada y donde quieras. Es el Presidente de la Nación y su justificación es echarle la culpa a la Señora. Es un mentiroso impostor. No honra el cargo. Por todo el dolor que causó, no tiene perdón”.

“Incalificable el ‘pedido de disculpas’. Culpó a su pareja de organizarlo y dijo que ahora (o sea después de q se conoció la foto) se dio cuenta de que estuvo muy mal. No reconoció su error de participar en la fiesta ni de ocultarlo tantos meses. Tiempo de la justicia y el voto”, tuiteó la diputada del Pro Silvia Lospennato.

Gabriela Lena subrayó: “Debido al conocimiento público, reconoce que no debió haber festejado el cumpleaños su pareja en plena cuarentena. Pero para esa fecha, en el 2020, encerraba y amenazaba a los que no cumplían con el aislamiento. El presidente ya no cuenta autoridad moral frente a los argentinos”.

“No puedo creer que para salvarse él, le eche la culpa a su compañera. Resulta que ahora la culpa fue de la mujer. Inaceptable. Una actitud sumamente cobarde”, expresó Josefina Mendoza.

No puedo creer que para salvarse él, le eche la culpa a su compañera. Resulta que ahora la culpa fue de la mujer. Inaceptable. Una actitud sumamente cobarde.

— Josefina Mendoza (@JosefaMendo) August 13, 2021

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN

RESUELVE:

Promover Juicio Político contra el Presidente de la Nación Argentina, doctor Alberto Ángel Fernández, por mal desempeño y por la eventual comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo que dispone el artículo 53 y concordantes de la Constitución Nacional.

Jorge R. Enríquez – Waldo Wolff – Luis Petri – Gabriela Lena – Gonzalo del Cerro – David Schelerth – Pablo Torello – Fernando Iglesias – Francisco Sanchez – Adriana Caceres – José Luis Patiño – Héctor Stefani

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

El artículo 53 de la Constitución Nacional otorga a esta Cámara la facultad de acusar ante el Senado al Presidente de la Nación por mal desempeño o por la comisión de un delito en el ejercicio de sus funciones.

Es en ejercicio de esta facultad que vengo a proponer a este cuerpo el inicio del proceso institucional de juicio político contra el Presidente de la Nación Argentina, doctor Alberto Ángel Fernández, por las causales de mal desempeño en la gestión de la pandemia que ahora se suma a la comisión de un delito común, pero de extrema sensibilidad para todos los argentinos, de violación de las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la propagación de una epidemia según lo establecido en el artículo 205 del Código Penal.

Nuestra doctrina constitucional sostiene que: “…el propósito del juicio político no es el castigo de la persona delincuente, sino la protección de los intereses públicos contra el peligro u ofensa por el abuso del poder oficial, descuido del deber o conducta incompatible con la dignidad del cargo. Pueden los actos de un funcionario no ajustarse al vocabulario de las leyes penales vigentes, no ser delitos o crímenes calificados por la ley común, pero sí constituir mal desempeño, porque perjudiquen el servicio público, deshonren al país o la investidura pública, impidan el ejercicio de los derechos y garantías de la Constitución, y entonces son del resorte del juicio político…” (Joaquín V. González, Manual de la Constitución Argentina, 1987, 21° ed. Ed. Estrada, pág. 519).

Como bien afirma Gabriela Andrea Stortoni1: “Debemos partir de la base que todos estamos alcanzados por el deber de ética, ya en el conocimiento de delitos, que nos obliga a denunciarlos; de atención de otros ciudadanos en riesgo, cuando es dable nuestra posibilidad de asistencia; de cumplimiento de nuestro oficio o profesión, conforme las reglas del arte, etc..” Lamentablemente, es nuestro deber proponer a esta Cámara que el Presidente de la Nación sea sometido al procedimiento de juicio político a fin de evitar que se siga profundizando el daño causado a la sociedad por su persistencia

En primer lugar, el Presidente de la Nación ha incurrido en mal desempeño en la gestión de la Pandemia producto del Covid-19. No se trata de una política más de su gobierno, sino que la protección de la vida y de la salud de los habitantes es el centro de su accionar desde casi el inicio de su mandato.

Frente a la pandemia, el Presidente debía garantizar la adquisición de todas las vacunas necesarias para inmunizar a la población en el menor tiempo posible, aplicando todas las buenas prácticas de prevención establecidas por la OMC y el grupo de especialistas convocado al efecto.

Así también lo expresó el Presidente de la Nación en numerosas oportunidades, que el principal objetivo de su gestión, en tanto durara la pandemia, era garantizar la vida y la salud de los habitantes del país y que para ello sacrificaría todo otro objetivo nacional.

Frente a este deber el Presidente debía garantizar que se cumplieranlas normas sanitarias en sentido estricto, como testeos, aislamientos y provisión de vacunas, y en sentido amplio como controlar la no circulación de gente en condiciones de contagiar, de acuerdo con lo previsto en los numerosos decretos de necesidad y urgencia dictados desde el 19 de marzo de 2020 al efecto y el orden previsto en el Plan Estratégico para la Vacunación contra el COVID 19 en Argentina, que fue aprobado por Resolución del Ministerio de Salud Nº 2883/2020, el 23 de diciembre pasado.

Sin embargo, la política en materia de salud ha sido llanamente mala y cargada de irregularidades que el tiempo y la justicia terminarán por aclarar en los correspondientes tribunales. En este caso, corresponde solamente mostrar el mal desempeño de la política de salud, después de la cuarentena más larga del mundo, cuenta con más de 5.050.000 de personas contagiadas (conocidas, porque el sistema de testeo siegue siendo tan precario e insuficiente que esta cifra, según los expertos, tiene poca fundamentación y debería multiplicarse por dos o tres); y más de 108.000 muertos (lamentablemente esta cifra aumenta diariamente sin que se vea la mínima reacción por parte del Presidente de la Nación), revelando con absoluta y mortificante claridad que la gestión de la pandemia fue desastrosa.

Indirectamente, los desmanejos de la gestión sanitaria repercutieron enormemente en la economía como económica, lo que nos condujo a una caída del 10% del PBI durante el 2020, el cierre de más de 60.000 PYMES, el aumento de la pobreza y desempleo, una inflación rampante que será de más del doble de lo anunciado por el titular de la cartera de Economía; la pérdida de inversiones; el exilio masivo de empresas, la devaluación DIARIA de nuestra moneda que en conjunto derivó en la peor crisis social, económica, educativa y de salud que ha sufrido en toda su vida nuestro país.

Capítulo aparte merece el cierre de las escuelas y la pérdida de oportunidades para más de 1.500.000 chicos que han abandonado sus estudios por falta de presencialidad.

Pero el mal desempeño no se ve sólamente en los resultados de la gestión sino que son todavía más patentes las ilegalidades que cometió la administración.

1. La implementación de un vacunatorio VIP, en la que el mismo presidente recibió la vacuna “saltándose la fila”, cuando ni los médicos estaban vacunados. La decisión política frente al escándalo no fue otra que premiar a quien tenía la responsabilidad de administrar la implementación de la vacuna con el nombramiento como titular del Ministerio de Salud de la Nación, evitando el Presidente deslindar sus responsabilidades políticas del hecho. Además, al conocerse que fueron “reservadas” en forma oculta 3.000 dosis de vacunas para uso discrecional de las autoridades nacionales, con el escándalo y la indignación que ello causó en la sociedad nacional y en la internacional, el Presidente de la Nación no solamente minimizó el hecho, afirmando que se trató de un hecho puntual y “que los medios han montado un escenario mediático de escarnio público”, cuando resulta obvio que se trató de una práctica sistemática de apropiación de las vacunas, que solamente resultó posible por la increíble opacidad con que se manejó tanto su adquisición (con el ocultamiento de los contratos cuya exhibición fue reclamada incesantemente desde esta Cámara); como su distribución (de forma claramente reñida con los criterios afirmados en el Plan Estratégico ya mencionado); como la designación de los responsables en cada una de las jurisdicciones del país.

2. La utilización política de la vacuna, no sólo por medio de su inoculación a la “militancia” sino en la conversión de unidades básicas en vacunatorios sin ningún protocolo. Numerosos municipios de las provincias de Buenos Aires y Santa Cruz (hasta lo que se conoce hoy) fueran inmunizados con las dosis reservadas prioritariamente para las personas en situación de RIESGO POR EXPOSICIÓN Y FUNCIÓN ESTRATÉGICA, militantes políticos, autoridades judiciales, municipales, familiares de estas autoridades, amigos y conocidos de los mismos.

3. La falta de vacunación de los menores con comorbilidades, mal planeada y todavía no ejecutada.

4. La opacidad en las contrataciones del Estado (con la excusa de la confidencialidad que obviamente no puede cubrir los detalles relativos a otra cosa que no sean las fórmulas de las vacunas).

5. Especulación política de la compra de vacunas, según lo admiten públicamente sus funcionarios y consta en documentos que comprometen al Estado argentino frente a la comunidad internacional, indicando que hubo otras razones (además de la absoluta incompetencia y negligencia con las cuales se manejó la pandemia) para evitar la compra de vacunas Pfizer por cuestiones ideológicas.

6. Negociados con los amigos del gobierno nacional y del gobierno de la Provincia de Buenos Aires, quienes (al efecto) resultan ser titulares de laboratorios. Quien entonces fuera Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García privilegió el vínculo con una empresa farmacéutica global con sede en Cambridge, Reino Unido, AstraZeneca, que a los efectos del desarrollo de la vacuna se alió con la Universidad d Oxford, pero imponiéndole como socio local al Grupo INSUD, de Hugo Sigman, de quien el ex Ministro es tan amigo que lo primero que hizo al llegar a Europa (ya renunciado) fue encontrarse en su hotel en Madrid con él. Estas relaciones tan cercanas eran de conocimiento del Presidente de la Nación y si no lo eran debieron serlo, lo que a los efectos políticos es lo mismo.

Pero además y para no ser menos, el ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán reconoció haberle dado “el dato” al dueño de otro laboratorio local: Laboratorios RICHMOND, de que el Instituto Gamaleya de Rusia podría producir la vacuna Sputnik V en la Argentina. Y así nuestros funcionarios cerraron los “negocios de las vacunas” que les interesaban, más por razones crematísticas que ideológicas, lo cual es obvio.

7. La inexistencia de una política de testeos.

8. Tampoco exigió, que se instalara un sistema de supervisión del cumplimiento del Plan de vacunación

La inmunización de solamente 9 millones y medio de argentinos, cuando el presidente anunciaba la vacunación completa para marzo es el resultado directo de estas irregularidades. También la falta de segundas dosis de la vacuna Sputnik V, con que se vacunó a los sectores más vulnerables frente al Covid-19 es consecuencia de estas irregularidades..

En comparación con otros países, como le gustaba mostrar al Presidente al inicio de la pandemia, la argentina se encuentra número 84 en el ranking mundial de cantidad de dosis aplicadas por habitantes como muestra Our World in Data u otros sitios de estadísticas de alcance público.

Era y es la responsabilidad política del Presidente de la Nación asegurar a toda la población, fuera cual fuera su lugar de residencia, el acceso a las vacunas que se proveen en todo el mundo. No solamente no lo hizo, sino que permitió una demora criminal en el acceso de vacunas gratuitas.

También era y es su responsabilidad política asegurarse de que las dosis adquiridas fueran distribuidas siguiendo los criterios establecidos en la Resolución dictada por el Ministerio de Salud de la Nación, en forma pública y transparente, y asegurar la publicación de la información en todos los medios de comunicación, con la explicación de la cantidad de personas que integran los diferentes grupos a que se refiere esa norma, en cada una de las jurisdicciones a las que se entregaban las dosis proporcionales a esa población objetivo. Nada de esto ni hizo ni hace el Presidente, y su omisión no fue culposa, es claramente dolosa.

Desde esta Cámara se intentó alertar del pésimo curso que el Presidente definió para gestionar la situación sanitaria generada por la pandemia, siendo innumerables los proyectos de declaración y de resolución presentados por diputados de la oposición a tal fin, sin que los mismos fueran considerados por el cuerpo, por las maniobras desplegadas por la primera minoría oficialista.

El Presidente de la Nación ha conculcado gravemente los derechos y garantías reconocidos a los habitantes de nuestro país en la Constitución Nacional, en especial al haber perjudicado, de manera irremediable, el acceso a la salud de la población. Nuestro país figura al tope de los Estados del mundo en los que es un infierno transitar la pandemia. Para ello, mucho mérito tuvo el Presidente de la Nación. Queda claro el mal desempeño del cargo que fundamenta este pedido.

En segundo lugar, el mal desempeño se confunde con la comisión del delito de omisión e incumplimiento de los deberes de funcionario público del Presidente:

“La ley penal, en tanto norma de fondo vital para la consecución de la paz social, persigue el buen funcionamiento de la Administración en tanto y en cuanto el ilícito desempeño de sus agentes afecte directa e inmediatamente a los particulares, individual o grupalmente considerados, o a la sociedad toda.”

¡Qué perfecta definición de Canda!

Para Donna2, el delito previsto en el artículo 249 “requiere que el autor conozca que el acto que omite es propio de su función, que tal omisión es ilegal y que tenga, además, la posibilidad de actuar, ya que si no le es posible realizar el acto no se le podrá imputar el hecho.”

La comisión del delito reprimido por el art. 249 del Código Penal son de ejecución continuada porque, lejos de retractarse de los manejos desastrosos, ilegales y oscuros de la adquisición de las vacunas, de su distribución y de los millones que esperan ser inoculadas, Dios sabe dónde, ratifica todas las gestiones que realizan tanto la Ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, como su asesora en este tema, Cecilia Nicolini.

Por último, no sólo se configuran los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, abandono de persona y propagación de pandemia, todos los cuales son causales que fundamentan el juicio político al Presidente de la Nación. Se ha sumado el delito de violación de las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la propagación de una epidemia según lo establecido en el artículo 205 del Código Penal.

Acaba de exponerse ante la opinión pública la situación de que mientras se exigía a la población una cuarentena estricta durante el año 2020, con prohibición de reuniones familiares de todo tipo, inclusive de velorios, el Presidente de la Nación y la Primera Dama celebraban cumpleaños y recibían gente de manera presencial en la residencia presidencial de Olivos, violando nuevamente las restricciones impuestas por la pandemia.

Por todo lo expuesto, considero configurada la causal de mal desempeño que habilita la apertura del procedimiento en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación a efectos de investigar los hechos denunciados y, en su caso, avanzar con el proceso de destitución.

En tal sentido, considero pertinente recordar la doctrina sentada por este Congreso en el caso del juicio político realizado en 1991 al juez Alberto Oscar Nicosia, que estableció que “constituyen mal desempeño todos aquellos actos que violan la constitución y las leyes del país, o que sin violarlas puedan constituir un abuso, un exceso en las atribuciones para el logro de fines indebidos” (Cámara de Senadores del Congreso Nacional, Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores, sesión del 13/3/91).

Estando cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 7 del Reglamento Interno de la Comisión de Juicio Político de la Cámara, razón por la que solicito que esta petición sea girada a la Comisión de Juicio Político a los fines de su pronta evaluación.

II. ACOMPAÑA DOCUMENTAL Y OFRECE TESTIMONIAL

A la Señora Presidenta de la

Comisión de Juicio Político

Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Doctora González, Josefina Victoria

S / D

JORGE RICARDO ENRIQUEZ, constituyendo domicilio en Avenida Rivadavia 1864, Piso 11 Oficina 1152.., de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, DNI: 7607580 abogado, Diputado de la Nación, correo electrónico, me presento y respetuosamente digo:

Que vengo a acompañar la prueba documental y a ofrecer la prueba testimonial sobre la cual se basa este Proyecto de Resolución.

I.- PRUEBA DOCUMENTAL

Adjunto a la presente denuncia, las siguientes piezas documentales:

i. Notas periodísticas:

a) Página 12: 24 de mayo de 2020. “La tasa de mortalidad está expresada por millón de habitantes, no por 100.000”. El Gobierno aclaró un error en las filminas de Alberto Fernández

b) La Nación: 4 de noviembre de 2020. TEXTO DE: Alan Soria Guadalupe. “Adiós a las filminas. ¿Por qué Alberto Fernández dejó de compararse con otros países?”

c) La Nación. 20 de agosto de 2020. El reto de Alberto Fernández por el mal funcionamiento de las filminas.

ii. Declaración del Director Ejecutivo para las Américas de Humans Rights Wach, José Miguel Vivanco. Publicada en Infobae el 23 de febrero de 2021.

iii. Declaraciones del Presidente de la Nación: Rompió el silencio. Alberto Fernández, sobre el Vacunatorio VIP: “Se ha montado un escenario mediático de escarnio público” , publicadas en Clarín el 23 de febrero de 2021.

iv. Declaraciones del Presidente de la Nación: Alberto Fernández sobre el Vacunatorio VIP: “Terminemos con la payasada” publicadas en Perfil el 23 de febrero de 2021.

v. Declaraciones de la doctora Carla Vizzotti Declaraciones de la flamante ministra de Salud Carla Vizzotti: “De ninguna manera funcionaba un vacunatorio VIP en el ministerio de Salud”. La funcionaria señaló que se trató de una situación “excepcional y desaprobada” con “un grupo muy reducido de personas” y sin respetar el orden que había impuesto el Gobierno Nacional. Asimismo, afirmó que a partir de ahora se va a elaborar “un plan de monitoreo de administración de las vacunas”, publicadas en El País el 21 de febrero de 2021.

vi. Artículo de Hugo Alconada Mom en La Nación del 4 de abril de 2021 informando sobre los motivos por los cuales se cortó en su momento la negociación con el Laboratorio Pfizer.

vii. Informe de Carlos Pagni en La Nación del 22de julio de 2021 el correo electrónico de Cecilia Nicolini al Fondo Ruso de Inversión Directa, de donde surge la exclusión de las vacunas norteamericanas.

viii. La copiosa información pública, que deberá recabarse durante la substanciación de la investigación, sobre las visitas a la residencia presidencial de Olivos de colaboradores y amigos del Presidente y de Fabiola Yañes durante el año 2020

PRUEBA TESTIMONIAL

a. Se cite a las siguientes personas a prestar declaración testimonial:

1 VITOBELLO JULIO

2 BIONDI JUAN

3 MARTÍN MARCELO

4 COLLAZO ESTEBAN

5 RITACCO NICOLAS

6 SOLA FELIPE

7 NEME JORGE

8 GUZMÁN MARTÍN

9 MALLAMACE MELINA

10 VOSKANYAN VERA

11 CHODOS SERGIO

12 SALINAS PABLO

13 COLODENCO MAIA

14 SCIOLI DANIEL

15 PEPPO OSCAR

16 ZANNINI CARLOS

17 GONZALEZ GINES

18 BONELLI LISANDRO AMELIO

19 DIAZ BAZAN JUDIT

20 GUILLE MARCELO ARIEL

21 MONSALVO MAURICIO ALBERTO

22 SABIGNOSO MARTIN HORACIO

23 MEDINA ARNALDO

24 DÀMICO CLAUDIO MIGUEL

25 CORCHUELO JOSE

26 BARRIONUEVO HECTOR

27 GALLARDO PATRICIA

28 FONTELA MARIANO ALBERTO

29 LEIBOVICH ANDRES JOAQUIN

30 INSUA HORACIO

31 ZANARINI EUGENIO DANIEL

32 REARTE ANALÍA

33 SAULLE JUAN PABLO

34 AQUINO ANALÍA

35 COSTA ALEJANDRO

36 CASTELLI JUAN

37 DOMINGUEZ MARIA DE LOS ANGELES

38 MIRANDA GRACIELA

39 BURGO FILOMENA MARTA

40 PAEZ DALESSANDRO

41 LOPEZ IRENE

42 MANDRACCIO NESTOR

43 MICHI GABRIEL

44 DEVOTO JORGE HECTOR

45 ALSUA PATRICIA

46 PEPE LORENZO ANTONIO

47 DUHALDE MARCELO JORGE

48 CURTO HUGO

49 DUHALDE EDUARDO

50 GONZALEZ HILDA

51 MAO CARLOS

52 DUHALDE MARIA EVA

53 DUHALDE JULIANA

54 GILARDI CARLOS ARIEL

55 MORICHETTI YAEL

56 AVELLA CARLOS ALBERTO

57 SOUTO JUAN

58 MARTELLETTI CAMILO

59 GONZALEZ MIGUEL ANGEL

60 MANUKIAN SEZA

61 VERBINSKY HORACIO

62 NOYA ALDREY LOURDES

63 NOYA ALDREY MATILDE

64 NOYA ALDREY DOLORES

65 GUILLE FELIX EULOGIO

66 ALDREY FLORENCIO

67 TAIANA JORGE ENRIQUE

68 SCHACHTER SALOMÓN

69 VALDES EDUARDO FELIX

70 Director del Hospital Nacional Posadas.

71 Sofia Pachi

72 Florencia Peña

73 Etc.

Jorge R. Enríquez – Waldo Wolff – Luis Petri – Gabriela Lena – Gonzalo del Cerro – David Schelerth – Pablo Torello – Fernando Iglesias – Francisco Sanchez – Adriana Caceres – José Luis Patiño – Héctor Stefani