A paso lento. La norma actual N° 25.422 venció el pasado 5 de abril. En julio se aprobó el dictamen en comisión de la Cámara baja. Pasaron 3 meses sin llegar al recinto. Reclamo de la oposición puso en el temario la ley nueva ley Ovina. El Senado la aprobó el 20 de mayo. La actual norma está vencida.
El proyecto de ley Ovina que modifica la actual Ley Ovina (N° 25.422), se convertirá en ley luego de que la Cámara de Diputados lo apruebe el próximo martes 26 cuando de inicio una maratónica sesión luego de varios meses de parálisis.
A pesar de que hay un acuerdo de todos los bloques parlamentarios de aprobar esta norma, hace 3 meses que tiene dictamen de comisión y espera llegar al recinto.
En los primeros días de julio este proyecto, que tiene media sanción del Senado, obtuvo dictamen de mayoría con el apoyo de todos los bloques parlamentarios y quedó listo para ser tratado en Diputados.
En esos tiempos ya se hablaba de que se debía sancionar con celeridad, ya que la vigencia de la norma actual venció el pasado 5 de abril, pero los tiempos legislativos en tiempos electorales generaron la demora.
En la sesión especial pedida por el Frente de Todos en los primeros días de octubre, la ley Ovina no estuvo incluída y fue uno de los pedidos de Juntos por el Cambio para consensuar una agenda. Por eso, en esta oportunidad, forma parte del orden del día.
Debate en Comisión
Cabe señalar también que durante el tratamiento en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura, desde la oposición y también algunos legisladores del Frente de Todos le hicieron críticas y manifestaron sus disidencias.
Uno de los cuestionamientos es por el “monto escaso que se fijó” en 850 millones de pesos, según planeó el diputado de Juntos por el Cambio Pablo Torello mientras que su compañero de bancada Atilio Benedetti marcó como puntos en disidencia con “el sistema de reparto de los fondos y la falta de mecanismos de actualización de recursos”.
En tanto, el diputado santafesino Luis Contigiani afirmó: “Voy a acompañar esta ley porque creo que es un valor superior a las diferencias, que voy a llevar al recinto, para que tengamos ley ovina nacional”.
Al iniciar el debate, el presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, José Ruiz Aragón, señaló que “este proyecto que viene del Senado de alguna manera sintetiza la gran mayoría de las discusiones que se han dado en torno a este tema. Estamos en tiempo de descuento ya que la anterior ley venció hace más de 60 días”, recordó.
Por su parte, el diputado rionegrino Luis Di Giacomo contó: “A fines de abril de 2021 llegamos a este proyecto unificado que consensuó las distintas ideas. Esta ley es una política de Estado que ha superado los cambios de gobiernos, vaivenes y crisis, y merece ser votada si es posible por unanimidad”, cerró.
Puntos centrales de la nueva ley Ovina
En el proyecto se establece que por el plazo de 10 años el Poder Ejecutivo deberá incluir en el Presupuesto Nacional un monto anual a integrar en el Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO) de 850 millones de pesos. Hasta el pasado 5 de abril, esa cifra era de 20 millones de pesos. Los productores estaban reclamando 1.500 millones de pesos.
La iniciativa establece el “Régimen para la Promoción, Desarrollo y Consolidación de la Ganadería Ovina y de Llamas”, el cual estará destinado “al desarrollo sostenido de la producción, la transformación y la comercialización de la ganadería y sus productos derivados, a través de la actualización permanente, modernización e innovación de los sistemas productivos, fomentando el desarrollo sostenible de sus potencialidades, el incremento del agregado de valor y la integración horizontal y vertical de todos eslabones de la cadena, el desarrollo regional y el carácter federal del presente régimen, la radicación de la población en el medio rural y la ocupación del territorio”.
Serán beneficiarios del régimen las personas humanas, jurídicas, sociedades de hecho y sucesiones indivisas que realicen estas actividades; al tiempo que se especifica la clasificación entre productores y productoras; prestadores de servicios; transformadores y comercializadores.
Para poder acogerse al régimen, los solicitantes deberán “presentar un plan de trabajo y/o un proyecto de inversión, según corresponda, ante la Unidad Ejecutora Provincial del Régimen”. “Se promoverá la igualdad de oportunidades para el desarrollo y participación de las mujeres en la cadena ovina y de llamas”, contempla la iniciativa.
El artículo 6 reza que la autoridad de aplicación, que será el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, “dará un tratamiento diferencial en los beneficios económicos y en los requisitos a cumplimentar a las pequeñas productoras y productores y al sector de la agricultura familiar campesina e indígena” que “desarrollan la actividad en reducidas superficies o cuentan con pequeñas majadas”.
Además, se dispone la creación de una Comisión Asesora Técnica del Régimen para la Promoción, Desarrollo y Consolidación de la Ganadería Ovina y de Llamas (CAT), la cual estará presidida por el ministro del área e integrada por representantes de distintos sectores, teniendo en cuenta la participación femenina en la misma.
El artículo 12 del proyecto expresa que la autoridad de aplicación, en conjunto con la CAT, “establecerá el criterio para la distribución de los fondos del FRAO, considerando prioritariamente la cantidad de cabezas de ganado ovino registradas oficialmente”.
Ese artículo agrega que “anualmente se podrán destinar hasta 5% de los fondos del FRAO para compensar los gastos administrativos, en recursos humanos y en equipamiento, tanto en el ámbito nacional como provincial, que demande la implementación, seguimiento, control y evaluación del régimen”.
En tanto, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, también en previa consulta con la CAT, “podrá destinar anualmente hasta el 20% de los fondos del FRAO para otras acciones de apoyo general a la promoción, consolidación y fomento de la ganadería ovina y de llamas que se consideren estratégicas y que sean de carácter nacional y regional”.
“Del total asignado, se deberá determinar un porcentaje no menor al 50% de dichos fondos para financiar, en forma obligatoria, el Programa para el Mejoramiento de la Calidad de la Lana (PROLANA) y el Programa de Nacional de Fomento del Consumo de Carne Ovina”, establece el texto, entre otros puntos.
