Parafraseando a Deodoro Roca, digo: “los dolores que nos quedan, son los jueces que nos faltan”. 

Es así, nos faltan jueces con espíritu patriótico y comprometidos con el derecho y la justicia. 

En las causas del epígrafe, tenemos por un lado al Juez Lorenzini, casi sin experiencia, exempleado del Banco Nación y proclive a defender los intereses de Vicentín, como muchos han denunciado; y la causa Swift-Deltec, que estuvo a cargo el exjuez nacional de Comercio Salvador M. Lozada, presidente honorario de la Asoc. Internacional de Derecho Constitucional y pte. del Instituto Argentino para el Desarrollo (IADE). 

De la simple comparación de antecedentes, cada uno ya puede ir sacando algunas conclusiones. 

En ambos procesos se trató de la responsabilidad de grandes grupos económicos ligados al agro, uno a los cereales y el otro a la ganadería.   

El primero está en “marcha” y el 2do. se resolvió hace más de 50 años, ratificado por la Corte Suprema de Justicia y que algunos magistrados niegan la aplicación de su jurisprudencia. 

En el caso Vicentín, mientras el tiempo sigue pasando, lo único cierto son las dilaciones, chicanas, las prórrogas, las arbitrariedades y la falta de razonabilidad jurídica, que son de estado público, lo que seguramente es de aplicación a la causa Correo (curreo). 

Por el fallo Swift – Deltec, el dr. Lozada, rechazó el concordato preventivo propuesto por dicha compañía y decretó la quiebra de la misma, pero extendiéndola a todas las sociedades y filiales del grupo en el mundo, no sólo en el ramo específico, sino también a todas sus actividades, incluidas las financieras, manifestando “que no existe personalidad jurídica diferenciada entre todas las empresas de un grupo, que responden a una voluntad común”. 

“La extensión de la quiebra a más de una docena de empresas del grupo…, tuvo un resultado venturoso: toda la masa acreedora, configurada principalmente por obreros y consignatarios de hacienda, terminó cobrando la totalidad absoluta de sus créditos con indexación e intereses. No cabe duda de que el instituto de la extensión de la responsabilidad patrimonial a todo el conjunto económico de una multinacional es un recurso genuino del derecho contemporáneo para hacer justicia en una sociedad globalizada”. 

De conformidad a ese fallo, en el caso Vicentín se debería extender el concurso y eventualmente la quiebra a sus filiales de Paraguay, Uruguay, Brasil y otros países, como también a empresas conexas o asociadas como Friar y posiblemente muchas más. 

Alertaba en su momento el dr. Lozada, que las sociedades anónimas, como máximo instrumento jurídico de acumulación capitalista, conducen a desviaciones peligrosas. 

Y continuaba: “El remedio frente a esta desviación ha sido encontrado en la posibilidad de…penetrar en ella hasta descubrir su verdadero sustrato personal y patrimonial, poniendo al descubierto la verdadera identidad y los verdaderos propósitos de quienes se amparan bajo aquella armadura legal”.  

Espero que puedan ver las diferencias entre un juez probo, honesto, interesado en los problemas del país y en sus soluciones, diríamos “patriota” y otro que responde a los mandamientos de los grupos de poder, como desde varios lugares se acusa a Lorenzini, que dilata y que no va al fondo del problema con valentía y audacia y que sólo se maneja dentro de la formalidad de la normas y no en la buena fe y los principios generales del derecho. 

Para dejar que piensen, en tiempos de pandemia, también en estas cosas que hacen al futuro de Argentina y a la seguridad de todos, termino coincidiendo con el dr. Salvador María Lozada cuando dice: “Esto es lo que hizo… y es lo que hay que hacer ahora…: levantar el velo de la personalidad jurídica.” “Producido el daño… poner la totalidad de sus patrimonios al servicio del deber de devolver esos dineros”.