La Cámara baja aprobó por 216 positivos, 3 negativos y 0 abstenciones un proyecto sobre reintegro impositivo para la adquisición de autos para el servicio de taxis.

En primer lugar, la impulsora del proyecto, la porteña Mara Brawer (FdT) destacó que la iniciativa “busca incentivar a un sector en crisis”. “Los beneficios impositivos son una herramienta que posee el Estado para promover el progreso y la inversión en sectores que vieron afectada su actividad por diferentes motivos”, señaló.

“Hoy en nuestro país hay más de 100 mil taxis habilitados, pero de los cuales están trabajando menos de 80 mil”, precisó la oficialista, que explicó luego los puntos centrales del dictamen.

Brawer resaltó que “la enorme criticidad del sector” se debe “por un lado, a la crisis económica de la pandemia del gobierno anterior; por otro, por la pandemia de la salud que vivimos en los últimos dos años; y también por el furor y la aparición de las aplicaciones en esta avergonzante competencia desleal”.

“El taxi es el único servicio de transporte público que no recibe ningún apoyo del Estado”, enfatizó la legisladora, que defendió que este proyecto “nos beneficia a todos, porque un taxi renovado es un taxi seguro”. “Los taxis son parte de la cultura popular de nuestro país”, ponderó y agradeció a “las asociaciones de taxistas de todo el país por su enorme lucha”.

A su turno, la bonaerense Vanesa Siley coincidió en que “la pandemia afectó muchísimo la actividad”, pero “otro factor fue la competencia desleal”, que comenzó antes de la pandemia. En ese sentido, detalló que el patentamiento, la compra de autos 0km., bajó un 8% en 2018 y descendió en un 45% en 2019, recién repuntando en 4% en 2021.

Para la oficialista, el costo fiscal de esta iniciativa “es cero, porque no se están comprando autos. Y el IVA que se reintegra nadie lo estaba pagando por el momento”.

“Uber aterrizó en el año 2016 de la mano de (Mauricio) Macri“, recordó, y cuestionó que estas plataformas -que ya son alrededor de cinco- “no pagan impuestos, evaden absolutamente, no cumplen ninguna norma argentina. Luego destruyen a la industria regulada de los taxis y de esa manera, cuando monopolizan el mercado, suben todos los precios, empieza la fiesta de la remarcación de precios”.

Al expresar su apoyo a la iniciativa, la correntina Ingrid Jetter observó que “es un proyecto incompleto, debería ser más amplio” porque “en el interior hay taxis, pero no tantos”. En esa línea, la macrista recordó que en la discusión en la comisión pidió que “se incluyan a los remises y a los transportes escolares, que fueron los más perjudicados en la pandemia”.

Al mostrar un cuadro sobre las habilitaciones de autos en la ciudad capital de Corrientes, la legisladora precisó que 11% fueron taxis, mientras que “un 64,7% son remises”. “Nos hubiera gustado a muchísimos legisladores del interior que los conductores de remises también tuvieran estos beneficios”, insistió.

En el cierre del debate, que fue breve, el diputado salteño Carlos Zapata consideró que con esta iniciativa el oficialismo está reconociendo “a la presión fiscal como un grave problema que entorpece la actividad económica”, al “quitar impuestos para que sea más accesible la renovación de las unidades”.

“Es una medida proactiva”, sostuvo el legislador del monobloque Ahora Patria, dentro de Juntos por el Cambio, y celebró que será un “beneficio para la industria automotriz” que tiene una “capacidad instalada del 56%”. No obstante, aclaró que “el alcance de la ley no va a llevar a que se posibilite una baja de tarifas para que este beneficio llegue también al ciudadano”.

Qué propone el proyecto

La iniciativa, que ahora deberá ser tratada en el Senado, crea un régimen transitorio de reintegros impositivos para la adquisición de las unidades que prestan el servicio de vehículos automotores de alquiler con taxímetro, con el objetivo de fomentar “la modernización de este servicio así como la industria automotriz nacional”.

Al beneficio podrán acogerse “las personas humanas y jurídicas que cuenten con la respectiva licencia y certificación que acredite la prestación del servicio”, así como “una antigüedad no menor a un año en la misma”.

El reintegro será de “un monto equivalente a la suma abonada en concepto del impuesto al valor agregado y el impuesto establecido en el capítulo IX, del título II, de la Ley de Impuestos Internos, texto sustituido por la ley 24.674 y sus modificaciones, que recaigan sobre la unidad adquirida en condiciones de contado”.

Serán elegibles los vehículos que posean un contenido mínimo nacional de: 20% para las adquisiciones que se efectúen desde la entrada en vigencia de la ley hasta el 31 de diciembre de 2024; y de 30% para las adquisiciones que se efectúen desde el 1° de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2028.

El beneficio podrá ser utilizado para la adquisición de una unidad por persona humana y/o jurídica, una vez al año. Asimismo, los vehículos adquiridos deberán mantenerse afectados al servicio de taxímetro como mínimo tres años contados a partir de la fecha de adquisición. “Durante dicho período no podrán ser vendidos, donados, permutados, cedidos, ni transferidos a título gratuito u oneroso”, aclara el texto.
El proyecto aprobado fija un cupo fiscal hasta el 31 de diciembre de 2022 de $3.600.000.000 que, a partir del 1ro. de enero de 2023, se deberá fijar un cupo fiscal mediante la Ley de Presupuesto Nacional que se apruebe cada año.

Finalmente, se invita a las provincias y la Ciudad “que tuvieran previstas en sus legislaciones locales gravámenes para la adquisición de automotores 0 km., a adoptar disposiciones análogas a la que se establecen en la presente ley”.

Antes de pasar a la votación, se aceptó una incorporación propuesta por el radical Víctor Hugo Romero para que se establezca que “la reglamentación deberá prever criterios objetivos para la asignación de los beneficios y una distribución federal de los mismos”.