Domínguez respaldó a los productores porque “cuando tienen problemas, la producción está comprometida”

Invitado a la Comisión de Agricultura y Ganadería de Diputados, el ministro explicó los puntos principales del proyecto de ley agrobioindustrial y resaltó que “estamos en un escenario de que lo que Argentina produce, el mundo lo reclama”.

Convocado por la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara baja, que preside Ricardo Buryaile, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, se presentó este miércoles para explicar la situación del sector del país.

Desde la Sala 1 (227) del Anexo de Diputados, el expresidente de la Cámara baja entre 2011 y 2015, habló de una nueva ley de semillas la cual destacó que “es un estímulo para la inversión en el sector que aún tiene un camino para recorrer y es algo importante para la Nación”, pero la mayor parte de su ponencia se enfocó en la ley agrobioindustrial, destinada a estimular la inversión en la cadena agroindustrial y agregar valor a las economías regionales, uno de los temas clave que figura al tope de la agenda oficialista para los próximos meses.

Al inicio de la reunión el presidente de la comisión expresó: “Acá pretendemos que se dialogue. Hoy tenemos una responsabilidad todos los estamos en la política en un momento que vive la argentina, de dialogar, de encontrara soluciones. Pensamos distinto porque eso enriquece y eso es mejor para la sociedad”.

En su alocución Domínguez agradeció la invitación a la comisión y recordó que cuando fue ministro en el 2010 “se trabajó en lo que fue el PEA – Plan Estratégico- donde se trabajaron en metas por cadena de valor”. En tanto reconoció que la sorpresa más grata es cuando se enteró que se institucionalizaban la materialización de las diferentes cadenas productivas. Es un hecho absolutamente novedoso en la vida empresarial y productiva del país”.

En ese sentido, remarcó que la propuesta de “principal interés” en esta etapa de la gestión es la propuesta del Consejo agroindustrial y resaltó que “la trabajó el sector privado. La constituyeron las diferentes organizaciones empresariales, se debatió mucho en la órbita del Ministerio de Economía. Cuando asumí estaba convencido que era el mejor instrumento para la acción, para subir un proceso de promoción y de nuevas inversiones, de industrialización de la ruralidad argentina, de generación de empleo y venía a dar respuesta a uno de los principales problemas que reclama el productor argentino que son reglas de previsibilidad”.

“Tenemos el convencimiento de que el mejor mensaje que hoy pueden recibir los productores, la Argentina y la industria del sector es que se van construyendo consensos básicos y promociones a quienes decidan invertir en el país”, señaló el titular de la cartera de Agricultura y sumó: “La mejor noticia que puede tener el país es que el sector privado en acuerdo con el sector público pone a consideración una propuesta para ser discutida y debatida”.

En tanto, explicó que dicha propuesta “viene en un contexto que no imaginábamos. Fin del año pasado la Argentina vivía un contexto internacional que se modificó más allá de lo que los economistas del sector podían plantear porque nadie imaginaba que la guerra iba a traer las consecuencias que trajo como el costo de los fertilizantes fue la primer señal que recibimos donde el escenario iba a cambiar y eso ameritó reuniones con los ministros de los países limítrofes donde consecuencia de ese aumento América Latina estimaban que 80 millones de habitantes iban a  bajar por la línea de la pobreza. Esa señal nos advertía los problemas que iban a haber sumado a una demanda creciente de lo que Argentina produce”.

“Estamos en un escenario de que lo que Argentina produce, el mundo lo reclama. Es una construcción colectiva que viene a dar respuesta y a generar mejores condiciones para las nuevas inversiones en el país”, resaltó Domínguez y ponderó que “hay mucha distorsión con este proyecto porque contempla todas las economías, todas las regiones del país. No es un proyecto pensado para un sector o región particular, sino que busca estimular nuevas inversiones y alentarla en todo el país. Es importante porque es la ley de todo el país, fue conversado con más de 12 gobernadores. Recoge un sentimiento o deseo de generar condiciones para que Argentina pueda avanzar en un proceso de inversión y de industrialización”.

En tanto, contó que cuando presentaron el proyecto la denominaron “Ley agrobioindustrial,” porque “vivíamos un proceso, hasta fines del año pasado, donde los países centrales tenían condiciones sanitarias extremadamente rígidas que terminaban actuando como barrera arancelaria para nuestra producción”. También relató que defendieron la producción ganadera sobre la cual había una “embestida sobre la producción”, lo cual llevó al país a un ejercicio de certificación de buenas prácticas agrícola y de certificación de manera que se garantizara la trazabilidad de lo que el país producía.

También destacó que su predecesor impulsó a las economías regionales bajando “a tasa 0 los derechos de exportación” es decir “hubo una clara decisión de generar mejores condiciones de competitividad”.

“La ganadería es un punto común de todos los productores de Argentina. Nos aprecia que llevar una estrategia en las políticas ganaderas que permitieron más y mejor carne, el objetivo es más ternero por madre, más carne por animal, para lograr recomponer la pérdida de 900 mil vientres”, enumeró y recordó los trágicos incendios de Corrientes que “nos descalzó en el plan ganadero. Haberlo sufrido a dicho incendio fue una catástrofe imposible de imaginar. La angustia e incertidumbre de los productores, pero logramos la interacción del gobierno provincial y nacional de las entidades para reponerse rápidamente y las consecuencias en el impacto a la economía fueron mucho mejor al que pensábamos”, explayó Domínguez.

En ese sentido, afirmó: “Mi visión sobre el sector ganadero es la mejor porque asumieron y absorbieron un cambio de ciclo y desplazamiento de la ganadería que fue exitoso”, y señaló que “si hay algo que tenemos que defender si queremos seguir produciendo, exportando, si queremos dar respuesta a la demanda global de alimento, es el primer paso que es el productor argentino porque cada vez que los productores tuvieron problemas la producción está comprometida”.

En suma, ponderó el proyecto de industrialización del Consejo Agroindustrial porque “es un compromiso con el futuro y un mensaje fuerte para los países de la región. Construirá la mejor señal de previsibilidad a nuestros socios del Mercosur”.

“Es una ley que promueve el incremento de la inversión y el incremento del empleo. Genera condiciones altamente favorables para la inversión y el empleo. Las metas que se plantearon poder exportar 100 mil millones de dólares y generar 290 mil puestos de empleo. El horizonte es altamente importante. Pretende impulsar el aumento de la producción y la competitividad de las diferentes cadenas por lo que está pensado de una manera sensata en un momento donde el mundo espera de los países que producen proteínas. Actuará como un disparador de rendimiento y de industrialización”, describió.

Y sumó: “Genera un aprovechamiento de la biomasa y eso lleva a un impulso de la transformación de valor agregado. Promueve la producción de alimentos procesados, servicios para el agro”.

“Argentina ha hecho una fenomenal transformación en las últimas dos décadas, fue una verdadera revolución en la producción extensiva. Estamos en el límite de las capacidades de crecimiento de la producción agrícola del país. Tiene un horizonte de ampliación de la zona cultivable”, destacó el ministro de Agricultura.

A su vez, destacó que los dos ejes centrales para el desarrollo de la agroindustria del país son el INTA porque “es un espacio de cooperación” y el SENASA porque “Argentina puede garantizar lo que exporta”. Por otro lado, destacó las capacitaciones en las universidades porque son “generaciones aptas para el desarrollo del sector con grandes conocimientos”.

Por último, se refirió al cambio climático que “vino para quedarse y la respuesta viene por la biotecnología y la empresa del conocimiento. Por eso el plazo de la ley de cinco años es aceptable porque construye la previsibilidad que los empresarios y agricultores demandan”.

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