El bloque de legisladores porteños del Frente de Todos acató de forma inmediata el pedido que realizó el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en la tarde de este lunes a través de cadena nacional: “Que evalúen la conducta de los funcionarios de ese distrito que están involucrados y de corresponder presenten el juicio político”, respecto a la filtración de chats que involucran jueces, funcionarios del Pro y directivos del Grupo Clarín en un viaje al sur.

A través de un comunicado, el bloque oficialista expresó: “Exigimos el juicio político al ministro de Seguridad Porteño, Marcelo D´Alessandro, por su participación en un viaje financiado por el Grupo Clarín, del que también participaron fiscales, jueces, y ex agentes de inteligencia”.

También, solicitaron el Juicio Político al fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques, “por el intento de ocultar las pruebas de dicho financiamiento”, y manifestaron que “los hechos mencionados evidencian la comisión de diversos delitos, de acuerdo a los más elementales criterios de ética pública y confirman la existencia de una mesa judicial que incluye a funcionarios del macrismo, además de operadores mediáticos, agentes de inteligencia y ejecutivos del Grupo Clarín”.

“La cantidad de posibles delitos confesados, planeados y sugeridos en las conversaciones que dieron a conocer estos hechos y la activa participación en ellas de D’Alessandro y Mahiques desbordan las previsiones de los más escépticos”, explayaron y sumaron: “Recibir dádivas, encubrirlas falsificando documentos, presionar fiscales y periodistas, armar causas, prometer cárcel a los díscolos: todo es válido para esta suerte de poder paralelo, que nada casualmente integran el juez Julián Ercolini, quien instruyó la causa -inocultablemente ‘trucha’- de Vialidad contra la vicepresidenta de la Nación, así como el Ministro Porteño responsable de vallar su casa”.

A su vez, sostuvieron que “el rol ocupado por Juan Bautista Mahiques en la Ciudad de Buenos Aires como fiscal general fue brindar protección y una base de operaciones perfecta a este entramado judicial, algo largamente sospechado y que ahora ha quedado finalmente expuesto, a la vista de toda la sociedad argentina”.

“La connivencia de la Policía de la Ciudad, a cargo de Marcelo D’Alessandro, con la persecución y el hostigamiento a la vicepresidenta, ya había quedado expuesta en varias oportunidades: desde su participación como auxiliar de justicia en causas federales en la Provincia de Santa Cruz, hasta la inacción frente al acoso y las agresiones a la Vicepresidenta en su despacho del Congreso, sin detenciones por hechos tan graves como arrojar piedras y bombas molotov, como así tampoco por llevar bolsas mortuorias a la Casa Rosada”, recordaron en el texto.

Además, denunciaron que “la impunidad con la que se manejó este entramado que compromete a funcionarios políticos y judiciales vinculados a Macri y Larreta devela que no se trata solo de negocios, sino de persecución, complicidad mediática con pautas millonarias  y espionaje ilegal, todo esto al servicio de un sistema de injusticia e inequidad que necesita presa a Cristina para perpetuarse”, y repudiaron “este manejo antidemocrático que busca desestabilizar, completamente inaceptable para una sociedad que recuperó el Estado de Derecho con un costo social enorme”.