Los diputados del Frente de Izquierda-Unidad presentaron un proyecto en el que reclaman al ministro de Economía, Sergio Massa, que informe sobre los motivos del contraste entre los datos oficiales vertidos por el INDEC respecto al precio del litio por tonelada y los datos que arrojan los informes de las propias empresas mineras. Asimismo, los legisladores exigen que el funcionario informe sobre las medidas tomadas por su gestión para evitar posibles fraudes y garantizar el acceso público a los balances contables de esas empresas.

La iniciativa, presentada en el marco del reconocimiento de sobre facturación por parte de la AFIP, surge de un estudio realizado por el economista y concejal Gastón Remy (PTS-FIT), que recuerda que en agosto pasado, al asumir como ministro, Massa afirmó que se procedería “a denunciar en la justicia argentina y la unidad antilavado de Estados Unidos casos de subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones”.

“Hay una significativa inconsistencia entre el precio por tonelada -que surge de las exportaciones informadas por el INDEC-, respecto a los resultados publicados en el balance de Sales de Jujuy, y lo que se puede inferir de Livent”, afirmó el diputado Alejandro Vilca.

Y destacó que, como advierte el informe del economista Gastón Remy, “en el caso de Sales de Jujuy a lo largo de 2022, el precio promedio informado por tonelada fue de U$S38.823, muy por encima del precio promedio que surge de las exportaciones informadas por el INDEC, de U$S 20.807 (por tonelada)”.

“En 2022 Livent fue multada por U$S8 millones tras una investigación de la Aduana por un caso de subfacturación de exportaciones”, apuntó el candidato de la izquierda a gobernador de Jujuy. “La empresa hizo su descargo argumentando que el litio aún no es un commodity, o sea, que no hay un precio único de referencia mundial -como sí lo tiene el petróleo o la soja- y que está sujeto a cambios permanentes”, señaló.

Para el jujeño, “el contraste entre los datos oficiales del INDEC y los que arrojan las propias empresas mineras debería ser un motivo para que se ejerza -de mínima- una investigación a fondo. Sobre todo, si existen antecedentes en esta rama”.

“Avanzar en un control y seguimiento para evitar estos fraudes implicaría cruzar la información de la contabilidad y las declaraciones juradas de las mineras ante la AFIP con la producción efectiva y los precios de referencia internacionales del mineral que el propio Estado nacional proporciona en sus informes mineros”, completó Vilca.