Por unanimidad -61 votos afirmativos-, la Cámara alta sancionó este jueves una ley que establece que el Certificado Único de Discapacidad (CUD) podrá ser expedido con o sin fecha de vencimiento, de modo de facilitar su renovación para quienes lo necesitan de manera permanente.

De acuerdo a la norma, la Agencia Nacional de Discapacidad será la encargada de la actualización del CUD conforme la concepción dinámica de la discapacidad dispuesta por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Dicha actualización deberá implementar la flexibilización de los requisitos para su otorgamiento.

A su vez, la ANDIS tendrá que “definir las condiciones y lineamientos” para la implementación de la norma, “incluyendo el fortalecimiento de las juntas evaluadoras de las personas con discapacidad”, y teniendo en cuenta recomendaciones que realice el Consejo Federal de Discapacidad.

Un aspecto a destacar es que se indica que “la persona beneficiaria podrá solicitar la actualización del CUD en cualquier momento de acuerdo”.

Cabe destacar que hace dos meses atrás, a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, la ANDIS ya avanzó en este sentido, al crear el “Plan de Promoción, Mejoramiento y Fortalecimiento de la certificación de la discapacidad”, que pretende entre sus objetivos “determinar la expedición del CUD sin sujeción a plazo temporal, generando instancias de acompañamiento por parte del Estado”.

Oradores

La senadora santacruceña María Belén Tapia (UCR) fue la encargada de abrir la ronda de debate sobre el tema quien explicó que el proyecto plantea que el certificado único de discapacidad “pueda otorgarse sin vencimiento para los casos de ciertas discapacidades con características permanentes”, y remarcó que es una “aspiración de varios colectivos de discapacidad”.

Además, destacó que al ser un tema transversal con varias iniciativas presentadas “estamos todos de acuerdo”. “En este caso este proyecto en su artículo 2 hace referencia que ANDIS será la responsable de otorgar y actualizar el CUD conforme al concepto dinámico de la discapacidad”, explicó.

Sobre el artículo 3, mencionó: “Incluye algo muy novedoso y muy pedido a lo largo y ancho del país por todos los Ministerios de Salud de las provincias que es el fortalecimiento de las juntas evaluadoras de discapacidad”.

Por otro lado, contó que han considerado en la comisión proyectos de los senadores Antonio Rodas, María Vega, Luis Juez, Daniel Kroneberger, quienes “supieron recepcionar las inquietudes de muchas organizaciones que luchan por los derechos con discapacidad”.

“El CUI hoy es un medio para acceder a más derechos, por eso la importancia que tiene en determinados casos esta posibilidad que no tenga vencimiento para ciertas patologías y, por supuesto, ni que hablar en el interior del país”, reclamó la radical.

También informó que la Agencia Nacional de Discapacidad estableció por medio de una resolución una medida que “va en este sentido y que responde a las inquietudes a las que nos referimos, pero la importancia de hacerlo hoy ley es asegurar y solidificar este criterio de manera permanente y, de esa manera, dar respuesta a la demanda social que hace mucho tiempo venimos recepcionando en todos los niveles de gobierno”.

A continuación, la oficialista Lucía Corpacci (Catamarca) explicó que la modificación al artículo 3 de la Ley de Protección Integral de las Personas con Discapacidad, que se refiere al certificado de discapacidad, plantea que “la institución que lo entrega no certifica enfermedad, sino que certifica la pérdida de función que genera determinada discapacidad”.

“En muchas ocasiones esa pérdida de función es definitiva, es permanente y, por lo tanto, se hace innecesario pedir anualmente o cada dos años nuevamente esa certificación”, planteó Corpacci y comentó que “cuando una persona va a hacer el trámite del CUI lo hace buscando el acompañamiento del Estado que le garantice el acceso a recibir prestaciones médicas gratuitas acorde a sus patologías. Le otorgue también un pase de transporte sin costo”.

Y siguió: “Fundamentalmente se refiere al tema de la atención médica y en el caso de electrodependientes de aluna cobertura de tarifas eléctricas cuando requieren permanentemente el uso de algún aparato”.

“Los centros que otorgan los certificados, en la mayoría de las provincias, se encuentran en las capitales provinciales. Las distancias a veces son enromes. Tienen que recorrer 400 kilómetros para llegar a la capital y renovar el certificado de discapacidad y no es tan fácil solucionar ese tema por la sencilla razón de que no es cualquier médico el que otorga certificado de discapacidad, sino que tiene que estar preparado para conocer y rendir un examen que lo habilita a otorgar el grado de perdida de función que tiene quien solicita el certificado”, explayó la catamarqueña.

En tanto, insistió en que “no es tan fácil de implementarlo en todos los centros de atención de las provincias. Mucho menos cuando se requieren determinadas especialidades médicas como neurólogo, psiquiatras”.

“Definidas ciertas discapacidades que son permanentes debieran permitirse que algunos certificados sean permanentes y no requieran la renovación del mismo y otros sean transitorios porque esa pérdida de la funcionalidad puede revertirse”, resumió Corpacci y remarcó que es un proyecto que no tiene costo y que no impacta en el presupuesto, por el contrario, resaltó que “mejora la calidad de vida de quienes lo necesitan”, y contó que en 2022 en su provincia se otorgaron 3.200 certificados.

Autora de uno de los proyectos, la riojana Clara Vega (Hay Futuro Argentina) destacó que la iniciativa hace a “un mundo más inclusivo y más igualitario para sacarle todo ese peso burocrático que se le ha puesto por años a las familias que tienen algún familiar con discapacidad, a quienes se les dificultó conseguir el Certificado Único de Discapacidad”.

En suma, aseguró que con la aprobación de la ley “vamos a ayudar a que esa discapacidad con la que algunos tienen que sobrellevar toda la vida, empecemos a hacer más fácil y que la inclusividad sea una realidad y no solo parte de una retórica”, e informó que según las estadísticas el 10% tiene algún tipo de discapacidad.

De forma breve, el cordobés Luis Juez (Pro) se emocionó al hablar de la discapacidad que sufre su hija y agradeció a sus pares el tratamiento del proyecto y relató: “La reiteración sistemática casi al borde de la humillación de tener que ir a mostrarle que la criatura no va a progresar porque tiene una discapacidad de esas que son para toda la vida, cuesta entender”.

También emocionado, el chubutense Carlos Linares (FdT) contó: “En el caso mío también tengo un ser querido prematuro no vidente que sabemos lo que produce esto, en el interior del interior”, por lo que remarcó que “este CUI es un alivio, un paliativo, pero es bueno aprovechar el momento porque la discapacidad es mucho más que esto”.

“El dolor de la discapacidad es mucho más, esto no puede ser un debate que quede acá”, expresó y sumó: “La discapacidad duele y le duele a la familia, al entorno y nos marca como sociedad. ¿Qué tenemos que hacer con estos casos? Tenemos que profundizarlo, el Estado presente lo tiene que hacer.  Tenemos que ayudar de forma constante y permanente a organizaciones y a asociaciones de padres porque muchas leyes salen por el pedido de ellos. Tenemos que ayudarlos con la política para poder llevar soluciones concretas y palpables”.