La iniciativa fue impulsada por Juan Marino y propone que los empleados de las empresas que fueron privatizadas se vean beneficiados del Programa de Propiedad Participada.
El diputado nacional Juan Marino (FdT – Buenos Aires) presentó los proyectos de ley de reparación histórica en beneficio de los trabajadores damnificados por las privatizaciones de las empresas del estado de Correo y SEGBA (servicios eléctricos del gran buenos aires)
Cuando en 1989 el Congreso Nacional sancionó la ley de “Reforma del Estado” (Ley 23.696) las empresas mencionadas pasaron a la órbita privada. La ley de Reforma del estado establecía el Programa de Propiedad Participada, por el cual los trabajadores de las empresas afectadas al proceso de privatización pasarían a ser beneficiarias de una participación accionaria de las empresas privatizadas.
“Lamentablemente gran cantidad de los beneficiarios de este programa fueron excluidos de ese derecho que establecía la ley y a pesar de tres décadas de continuos reclamos siguen sin cobrar lo que les correspondía por ley”, señaló.
Los proyectos de ley establecen una indemnización a favor de los exagentes de la empresa SEGBA (Servicios eléctricos del Gran Buenos Aires) que se desempeñaban en relación de dependencia al 31 de agosto de 1992 y a los exagentes de la empresa de correo ENCOTEL que se desempeñaban en relación de dependencia al 24 de enero de 1992.
La norma también extiende esta indemnización a sus derechohabientes en el caso de fallecimiento de los titulares de esta reparación. Acompañan estos proyectos con su firma los diputados naciones Sergio Palazzo, Itai Hagman y Vanesa Siley.
Con la sanción de estas leyes el Estado Nacional reconocería a través de estas iniciativas legislativas a los trabajadores que por cualquier causa no hubieran podido acogerse al Programa de Propiedad Participada o incorporados al programa hubieran sido excluidos.
Las iniciativas legislativas presentadas por Juan Marino retoman el camino de restitución de derechos que iniciara el Congreso Nacional y tiene como antecedentes los casos de las empresas privatizadas de SOMISA, Altos Hornos Zapla e YPF cuyos trabajadores se vieron impedidos de acceder al Programa de Propiedad Participada y obtuvieron respuesta a sus justos reclamos a través de respectivas leyes de reparación.
