Tras un largo derrotero, avanzó este miércoles en la Cámara de Diputados el dictamen de un proyecto de ley que busca atender la situación de los tomadores de créditos UVA -alrededor de 100 mil-, quienes han visto incrementadas sus cuotas de manera exponencial. 

El despacho de mayoría, fruto de un consenso que se extendió desde marzo hasta la fecha, fue acompañado por los legisladores del Frente de Todos y la UCR. Obtuvo en total 50 firmas a favor, de las cuales 10 fueron con disidencias parciales de los radicales. 

Pero el interbloque Juntos por el Cambio exhibió sus diferencias a partir de un dictamen de minoría encabezado por el diputado de Evolución Radical Martín Tetaz, que a su vez fue suscripto por sus pares del Pro y la CC-ARI, pero también con disidencias parciales. 

En el arranque del encuentro, que se extendió por dos horas, la presidenta de la Comisión de Finanzas, Alicia Aparicio, detalló los aspectos del proyecto que plantea “una solución posible para llevar alivio y certeza a las familias de los tomadores de crédito”. “Esperamos tenga el mayor apoyo posible que nos permita llevar el tema al recinto”, abogó la oficialista.

Al cuestionar la iniciativa que se puso en debate, el diputado del Frente de Izquierda Nicolás Del Caño enfatizó: “La usura es impresionante, lo que han ganado los bancos, cómo ha aumentado la deuda exponencialmente y se hace prácticamente imposible para muchas familias que fueron estafadas por los créditos UVA poder afrontarlos”. “Es claramente a favor de los bancos el planteo que se está haciendo con este dictamen”, consideró y, sobre las críticas del sistema bancario a la propuesta, el bonaerense se quejó que “los bancos están diciendo que sería un perjuicio cuando tienen ganancias extraordinarias por todos lados”. 

Para Del Caño, atento la crisis habitacional -al recordar también a los inquilinos- habría que “tomar medidas de fondo” e implementar “un impuesto a la vivienda ociosa, aumento de emergencia a los salarios y jubilaciones y un verdadero plan de obras públicas porque hay un déficit habitacional que alcanza a 4 millones de familias en Argentina”. 

Uno de los mayores impulsores del tema, el radical Julio Cobos celebró la reunión “después de tanta búsqueda de consenso”, y resaltó la importancia de encontrar una solución por medio de una ley, dado que si bien hay casos que llegan a la Justicia, los fallos ordenan “que pasen al coeficiente de variación salarial, pero todo lo demás queda en la nebulosa”.

El mendocino salió al cruce de quienes dicen “hasta que no solucionemos el tema de los alquileres no vamos a tratar otra ley, cosa que no comparto porque esto es parte del problema, que no haya crédito hipotecario”. 

“Los bancos tienen que hacer un esfuerzo, acá el fondo compensador surge del sistema bancario”, aclaró, al tiempo que señaló que uno de “los reclamos fundamentales” está en que sea agosto de 2019 la fecha de retroactividad, ya que fue cuando se dio el primer congelamiento. Según el legislador, esto “implicaría una erogación de 390 millones de pesos y la ley establece una generación de recursos de aproximadamente 500 millones de pesos, así que creo que económicamente se podía afrontar o al menos establecer como una opción para el que quiera”.

En ese sentido, Cobos expresó que “lo importante es que esta ley tenga efecto” y advirtió por la poca adhesión que podría haber a la misma en caso que sigan los juicios. 

En su intervención también propuso que “no sea obligatorio” que la cuota no supere el 30% del salario, ya que eso extiende el plazo de la deuda y, afirmó, “hay gente que ya se lo quiere sacar de encima y está dispuesta a poder pagar más”, como por ejemplo un 35%.

Sobre quienes hablan de la ruptura de contratos, el diputado dijo: “No estamos rompiendo nada, porque se está generando un mecanismo compensador para el descalce”. “No es la solución ideal ni para la gente ni para los bancos, pero esto surge de un esfuerzo compartido”, concluyó. 

En contra de varios puntos del borrador, el diputado de Evolución Radical Martín Tetaz manifestó que “la voluntad de llegar a un acuerdo permanece”, pero reclamó que al conocerse el texto consensuado “no hubo chance de modificar ni una coma, por eso está la posibilidad de llegar con un dictamen de minoría”. 

Respecto de la creación del fondo compensador, ejemplificó que “estamos creando un seguro que dice ‘si chocaste el auto te cubrimos, pero si no chocas el auto no pagas’. Y eso no es un seguro, es una transferencia de recursos hacia un sector de la economía que implica una licuación del crédito. Es un argumento populista”. 

“En vez de un fondo compensador es un subsidio permanente”, aseveró y subrayó que “el aporte que estamos poniendo a los bancos es un impuesto encubierto”. “Estamos creando un fondo que se vacía siempre, que nunca se reconstruye”, añadió.

El porteño sí destacó que “en lo que estamos todos de acuerdo” y “es lo más importante del proyecto” es “en la simple elección donde la gente elija si quiere ir atada a salarios o UVA”, pero insistió con que “un fondo de transferencia nosotros no lo vamos a votar”. Además, sumó que “la suspensión de los desalojos es una mala idea, porque no hay ni un solo desalojo”. 

A su turno, el legislador Alejandro Cacace, también de Evolución Radical, reveló que él es tomador de crédito UVA y, bajo esa condición, no iba a firmar ningún dictamen y en el caso de que el tema llegue al recinto se abstendrá. 

“El tema de la cuota creo que es absolutamente atendible y hay que buscar ayudar. Ahora, no comparto que no se haya hecho nada. Cuando se hizo la ley, ya el artículo 7° marcaba la situación de qué pasaba con el descalce”, apuntó. 

En su alocución, el puntano recordó que en pandemia el Gobierno nacional estableció por decreto que “la cuota no se podía exceder del 35% del salario, y si eso pasaba se podía pedir al banco una refinanciación”. Sobre esto consultó al jefe de Gabinete, Agustín Rossi, quien informó que “de 1.576 solicitudes, 323 se aprobaron, de los cuales a 105 se la bonificaron, a otros 209 se los refinanciaron y a los demás se los bonificaron y refinanciaron. Y  1.091 fueron rechazadas”. 

Al relatar su experiencia personal, el radical contó que hoy día paga “130 mil pesos de cuota, muchísimo más de lo que pagaba al comienzo, pero también igual o menos de lo que hoy vale un alquiler”. Actualmente, debe “25 mil dólares de crédito”, pero al cotizar esa vivienda “la lograría vender a 77 mil dólares”, con lo cual podría pagar “los 25 de deuda que tengo, recupero los 30 que puse para el crédito, recupero los 20 que ya he pagado y me quedo con plata encima”. 

En esa línea, se preguntó: “¿Es razonable que yo venga a pedirle al Congreso que me subsidie el capital de la deuda?”. “Creo que la situación de las familias que no les alcanza sus ingresos para pagar la cuota es absolutamente atendible y hay que regularla. Ahora, disponer un esquema que termine subsidiando una deuda de alguien que hasta se logra enriquecer a partir de eso, no hay razón para que haya subsidio al capital por parte del Congreso”, argumentó. 

A favor del borrador del dictamen, el oficialista Eduardo Fernández ponderó que se establece que la cuota no deberá ser superior al 30% de los ingresos y que a los tomadores del crédito se les diga que “si llegan a perder el empleo, este fondo que creamos les van a pagar tres cuotas”. 

Además de suspender los desalojos, el cordobés remarcó que suspende “embargo o cualquier tipo de medida preventivas y/o cautelares en trámite sobre aquellas viviendas”, por lo que “estamos otorgando por ley la posibilidad de que los jueces que están atendiendo estas causas tengan una apoyatura legal”. 

“Lo que le molesta a la banca privada es la intervención en el mercado”, admitió, pero valoró que esta propuesta además de “avanzar en un sistema integral de cobertura”, lo que busca es “la promoción de créditos hipotecarios”. “Estamos dando un salto de calidad. Siempre van a quedar puntos, incluso hasta el día de la sesión, que podemos mejorar”, agregó. 

En el tramo final, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, reflexionó que “generalmente no hay soluciones buenas a cosas mal concebidas” y “estos sistemas son siempre pequeños paliativos a un problema estructural que es el de la vivienda”. “No creo que esto sea solo un problema de inflación, creo que es esencialmente un problema de defasaje de ingresos en relación a los precios”, analizó. 

El oficialista precisó que “el Fondo Compensador que estamos planteando, a valor mayo, significa que los bancos deberían tener que poner 719 millones de pesos por mes”. 

“Se trata de un proyecto razonable, tratando de corregir una situación que no es razonable. Esta ley no es la solución de la vivienda en Argentina, sino la solución para un segmento de la sociedad con un nivel de ingresos que le permite pagar una cuota igual o equivalente a un alquiler, con la opción de que con el paso del tiempo pase a ser dueño”, aclaró. 

Puntos centrales del dictamen de mayoría 

El proyecto, titulado “Sistema de Integral de Cobertura y Promoción de Créditos Hipotecarios”, contiene seis capítulos y, entre sus puntos principales, establece que la cuota a pagar por el deudor hipotecario se determinará por el coeficiente de variación salarial, tomando como referencia el RIPTE (salario formal de la economía). En los meses que el RIPTE se encuentre por arriba del IPC (inflación), pagarán siempre el índice más bajo.

La iniciativa estipula que la cuota a abonar no deberá superar el 30% de los ingresos de los deudores, ni podrá extender la duración del crédito más del 25% del plazo originalmente pactado. 

Para los créditos ya otorgados, el cómputo será retroactivo al 1ro. de enero de 2023. Desde la UCR aseguraron a parlamentario.com que, de cara al recinto, seguirán insistiendo para modificar esa fecha.

Asimismo, quienes estén alcanzados por el impuesto a las Ganancias podrán deducir anualmente hasta tres salarios mínimos, mientras que los deudores podrán vender su propiedad y el crédito existente. El mecanismo para esta posibilidad deberá ser determinado por el Banco Central. El proyecto agrega también portabilidad del crédito. 

Se prevé que en caso que el deudor se encuentre en cese laboral, el Fondo que se crea se hará cargo de hasta tres cuotas, mientras que las posteriores serán refinanciadas por acuerdo de partes.

Este Fondo, denominado “Fondo Fiduciario de Compensación y Promoción Hipotecario (FFCPH)” tendrá como objetivo cubrir descalces entre salario y UVA/UVI.

El texto indica que “las entidades financieras deberán integrar el FFCPH con un aporte mensual que determinará el Banco Central con un límite máximo de 0,0025% del promedio de los saldos diarios de los depósitos en pesos y moneda extranjera”.

El FFCPH se integrará también con las primas que aporten los tomadores de nuevos créditos promovidos. No obstante, la participación en el FFCPH será voluntaria por parte de los tomadores de créditos.

El Fondo también se financiará del rendimiento de sus inversiones y aportes de organismos multilaterales -entre otros-, pero se aclara que no recibirá aporte corriente alguno por parte del Tesoro ni del Banco Central, ni tampoco de los deudores. 

La diferencia entre la cuota calculada en base a salarios y la calculada en base a UVA/UVI será compensada a los bancos por el FFCPH. Si la cuota calculada por salarios resulta mayor a la calculada por UVA/UVI, prevalecerá la más baja.

A su vez, los beneficios plenos de compensación del Fondo regirán para aquellos deudores que se adhieran voluntariamente y hayan tomado créditos menores a 120 mil UVAs o su equivalente en UVIs. Si el crédito es de hasta 200 mil UVAs, regirá el beneficio de cobertura de hasta las 120 mil UVAs. Para créditos mayores a los 200 mil UVAs no existe posibilidad de tener en beneficio de compensación.

Se establece la suspensión de desalojos, embargos o cualquier tipo de medidas preventivas y/o cautelares en trámite por el término de un año y se encomienda al Banco Central a promover líneas de crédito similares, entre otros puntos.