Tras el interrogatorio formulado en el seno de la Comisión de Juicio Político a Marcelo D’Alessandro, fue el turno del procurador general de la Ciudad, Gabriel María Astarloa, ante quien se planteó un debate en torno a los recursos otorgados a la Ciudad por el fallo de la Corte y, en definitiva, en torno a la Ley de Coparticipación Federal en general.

Quedó claro de entrada que Astarloa había sido citado en su condición de responsable de la acción declarativa de inconstitucionalidad presentada ante la Corte Suprema. A instancias del diputado Rodolfo Tailhade, Astarloa contó que tanto el decreto original del Gobierno actual, como la ley posterior que estableció un nuevo valor para los recursos coparticipables de la Ciudad de Buenos Aires “violaron gravemente preceptos constitucionales que agravian a la ciudad. Están violados el federalismo de concertación por el decreto y la ley”.

Agregó que la segunda cuestión que fundamentó su acción declarativa “es el claro precepto del artículo 75 inciso 2 en párrafo 5° (de la Constitución Nacional), que dice que no habrá transferencia de competencia, servicios y funciones, sin la respectiva asignación de recursos. La Ciudad tiene que aceptar esa encomienda. Eso tampoco está cumplido”.

Para Astarloa fue “gravemente herida la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires reconocida porque sus recursos son intangibles, y finalmente una competencia natural que corresponde a toda provincia -y la Ciudad oficia como tal-, que es su competencia en materia de seguridad”.

“Esos son los cuatro temas más centrales que desde el punto de vista constitucional han afectado al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y por eso hemos pedido la inconstitucionalidad de las normas”, precisó el procurador, quien agregó más tarde que “se trata de una cuestión constitucional, y así lo ha entendido también preliminarmente la Corte en ese fallo”.

Aclaró también que “no ha habido ningún monto adicional que se haya dado por encima de los necesarios para atender las cosas de seguridad traspasadas”. Asimismo precisó que todavía el expediente está “abierto a prueba”, en el marco de  un juicio que está en pleno trámite.

Consultado sobre las reuniones realizadas entre el Estado nacional y la Ciudad de Buenos Aires, y las razones por las que no hubo acuerdo, Astarloa contó que en 2021 la Corte Suprema invitó a las partes a una conciliación. “Estableció que ese proceso era a nivel de la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte, por eso fuimos convocados por el secretario de esa área a algunas reuniones, y concurrimos con el ministro de Hacienda de la Ciudad y el de Seguridad, las dos áreas afectadas. No pudimos avanzar en encontrar un camino para una solución”.

“El Estado decía que para dialogar había que hacerlo en los términos de la ley que nosotros cuestionamos, porque era una ficción”.

Al año siguiente volvieron a ser invitados a una nueva audiencia y “allí fue la Corte la que decidió otorgar un plazo de 30 días a las partes para acordar una solución; en caso contrario, la Corte estaba obligada a resolver sobre el pedido de cautelar”, contó el funcionario, que detalló que hubo seis reuniones en el marco de un “muy buen diálogo”, pero vencido ese plazo la Ciudad notificó que no había habido acuerdo entre las partes.

La discusión giró en torno a la legalidad de haberle aumentado la coparticipación a la Ciudad, como hizo la gestión anterior. Astarloa remarcó que se había intentado señalar que había una ilegalidad que en realidad no había existido, y respecto de la insistencia por parte de CABA de reclamar que la asignación de recursos fuera por coparticipación y no transferencia, esto es que el dinero no fuera enviado a través del Tesoro, sino por masa coparticipable, el procurador explicó que “el régimen de coparticipación tiene una doble área: la distribución primaria y la secundaria. La secundaria tiene que ver con cómo las provincias distribuyen entre sí el 42%” de la masa coparticipable.

El funcionario recordó que la Constitución estableció que dos años después de sancionada la misma debía redactarse una nueva Ley de Coparticipación. “Está claro que hay una mora que llevamos hace más de 25 años, es la nueva ley, y la Ciudad debiera estar en la fase de la distribución secundaria. A la fecha, la Ciudad está en la fase primaria, junto a Tierra del Fuego, así que en este caso una transferencia de servicios sería solo a esas dos jurisdicciones. No hay una afectación constitucional a las restantes provincias”.

“La norma no trae una directiva expresa acerca de si tiene que hacerse vía un incremento de la coparticipación o por transferencia. La Constitución no tiene una manda específica y por lo tanto el acuerdo entre Nación y la Ciudad de que el fondeo para traspasar recursos vinculados a la seguridad pudo hacerse como se hizo, vía el incremento de la coparticipación”, puntualizó Astarloa.

El presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, sostuvo que el coeficiente otorgado por el Gobierno anterior a la Ciudad era sobre un 100% de la coparticipación, ante lo cual preguntó si incrementar los recursos del índice no significaría una merma de los recursos de las otras provincias.

“Indirectamente se puede decir eso, pero ningún coeficiente de coparticipación que le corresponde a otras provincias fue alterado”, aclaró Astarloa, secundado por el diputado Pablo Tonelli, que aclaró que eso “sale de Nación”.

“Fue totalmente neutro –resumió Astarloa-. Los mismos recursos con que la Nación debía atender el servicio de seguridad, se los traspasó a la Ciudad. Así que acá las provincias no han sido vulneradas”.

La diputada Graciela Ocaña recordó entonces que hubo un Pacto Fiscal donde todas las provincias aceptaron la distribución establecida. No afectaba a nadie, insistió, “al punto tal que la devolución la recibió la provincia de Buenos Aires; el resto de las provincias no vieron incrementarse ningún fondo. Eran fondos nacionales”.

Tonelli sostuvo que “es claro que las provincias no se afectan. Tres veces en el fallo de la Corte se dice que el porcentaje de coparticipación que se le aumenta a la Ciudad en nada afecta a las provincias. La Corte lo que hizo fue partir por la mitad las pretensiones de las partes. Mientras se tramita, vayamos por el medio, dijo”.

Consultado por Tailhade respecto de la judicialización por parte de la Ciudad de la Ley 27.606, el procurador sostuvo que la misma “es absolutamente innecesaria. Es una ficción que empieza por decir que hacía falta aprobar el convenio de transferencia en materia de seguridad, suscripto en 2016, y en realidad no hacía falta, porque ya el Congreso se había expedido en esa materia de manera muy clara con una ley de 2007 que modificó la Ley Cafiero”.

Esa norma, dijo, estableció que en las materias no federales esas competencias y servicios no federales quedaban transferidas a la Ciudad y que hasta que eso no fuera efectivo debía cubrirlo la Nación. Era una cláusula especial que indicó que la manera de llevar esa transferencia era conforme estaba previsto en la Ley Cafiero a través de pactos y convenios.

“Es muy claro que el Congreso ya se había expedido y no hacía ninguna falta que la ley posterior lo hiciese, pero fue el modo que encontraron para vestir de algún ropaje jurídico el fenomenal zarpazo que le dieron en 2020 a la Ciudad en plena pandemia”.