Si bien el camino del silencio fue el más transitado por los diputados bonaerenses luego de haber sido detenido un empleado con 48 tarjetas sueldos, ahora aparecen reacciones.
La reacción de los diputados bonaerenses, en general, se da luego de la presentación realizada por el diputado nacional Ricardo López Murphy, el intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel y la candidata a senadora nacional, María Eugenia Talerico, todos ellos de Juntos por el Cambio, que denunciaron por presunto mal desempeño a los camaristas.
Tal como se informó, el pasado 9 de septiembre el empleado legislativo Julio Rigaou quedó detenido en una comisaría de La Plata acusado de presunta “defraudación reiterada”, por orden del juez de Garantías Federico Guillermo Atencio que dio lugar al pedido de la fiscal Betina Lacki, titular de la UFI N° 2 de La Plata.
Los camaristas platenses Juan Alberto Benavides y Alejandro Gustavo Villordo anularon la investigación al considerar que los policías que detuvieron a Julio “Chocolate” Rigau lo hicieron sin previa autorización judicial.
Muchos legisladores entendieron que era el momento -al menos- dar cuenta de esta denuncia al tiempo de empezar a evaluar los hechos, que en última instancia deberán considerar de forma directa, en lo que tiene que ver con la parte administrativa de la Cámara baja, y con el desenlace judicial de la denuncia a los funcionarios, al ser los legisladores actores del eventual juicio político.
Por ello, talvez muchos legisladores encuentran allí justificación al silencio público, pues creen que pueden ser recusados por los imputados llegado el caso de tener que desempeñarse como jueces en el eventual juicio.
E incluso, en un comunicado difundido por dos miembros de La Libertad Avanza, Nahuel Sotelo y Constanza Moragues, y no de los tres que componen la totalidad de esta expresión política, falta Guillermo Castello, solo se limitaron a expresar “una profunda preocupación por el caso de Julio “Chocolate” Rigau, quien recientemente fue encontrado en un cajero del banco de la provincia de Buenos Aires haciendo reiteradas extracciones con tarjetas de débito de más de cuarenta ‘empleados’ de la Legislatura bonaerense”.
Acto seguido consideraron que “es importante que la justicia investigue el caso para llegar a quienes organizan estas maniobras”. Sin más.
El escrito opositor que realiza la “denuncia pública”, del que no participan ningún legislador provincial de la fuerza, que firman Murphy, Talerico e Iguacel, fue presentado ante la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense a cargo de Julio Conte Grand.
Allí se califican de “aberrante” el criterio expuesto por los jueces de que la Policía no podría detener al sospechoso. Y creen que la decisión “pone al descubierto un posible contubernio con la política”.
La denuncia que presentaron los tres dirigentes de la oposición contra los camaristas que firmaron esa resolución polémica fue remitida desde la Procuración hacia la oficina de Control Disciplinario que depende de la Suprema Corte de Justicia, que no es una ventanilla formal para iniciar el juicio político.
En la Legislatura bonaerense se espera que más temprano que tarde e incluso se especula con una nueva presentación similar en “otras ventanillas” para habilitar efectivamente un proceso de juicio político a los camaristas platenses Juan Alberto Benavides y Alejandro Gustavo Villordo.
A nadie escapa que las sentencias, por discutidas que sean, constituyan “motivo” de juicio político, tampoco sorprendería la vinculación de los magistrados con dirigentes políticos, razón por la cual no sería fácil considerar que en este caso haya existido “mal despeño” o incluso que se inicien denuncias de toda índole, que sí puedan constituir “motivo” de juicio político.
Por ello, en principio, lo diputados que integran la Comisión de Bicameral de las Normas de Procedimiento para el Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionario levantaron la guardia, pero no fue allí donde se presentó la denuncia de los opositores. Tampoco la recibió la Secretaria Permanente de Enjuiciamiento. Únicas ventanillas formales para iniciar el Juicio Político de los magistrados.
La Comisión bicameral, que fuera constituida en sesiones extraordinarias el pasado año, en un caso singular y con el Caso Scapolán en ciernes, tiene un claro control oficialista, 8 sobre 12 integrantes.
El presidente de ese organismo es el diputado camporista platense Juan Archango, lo integran además los diputados del Frente de Todos, Carlos “Cuto” Moreno, Juan Malpelli, Carlos Puglelli, Juan Pablo De Jesús y los senadores Omar Plaini, Adrián Santarelli y Juan Martínez. Los representantes opositores allí son los diputados Etchecoin Moro y Santiago Passaglia y las senadoras Nidia Moirano y Érica Revilla.
