Por unanimidad, la Cámara baja aprobó y giró al Senado el proyecto que crea el Programa Argentina Inclusiva, que alcanza a los tres poderes del Estado y que busca incorporar la perspectiva de discapacidad desde el modelo social.
En un marco de discursos que defendieron la presencia del Estado y críticas hacia un candidato presidencial que aboga contra el mismo, la Cámara de Diputados aprobó este martes y giró al Senado un proyecto que establece la creación del “Programa Argentina Inclusiva”, el cual propone un Régimen de Capacitación en Discapacidad en la Función Pública.
El proyecto -unificado entre distintas propuestas, uno de la cordobesa Natalia de la Sota- logró 243 votos afirmativos y ninguno negativo y fue el primer tema aprobado durante la sesión.
Defendió el proyecto el presidente de la Comisión de Discapacidad, el rionegrino Luis Di Giacomo, que destacó inicialmente a quienes presentaron las iniciativas que definieron el proyecto aprobado y que a su juicio “de alguna manera habla a las caras de que es un tema transversal”. Citó entonces que esta iniciativa contempla proyectos de las diputadas De la Sota, Silvana Ginocchio, Héctor Baldassi, Graciela Parola y Dina Rezinovsky.
“Este proyecto tiene elementos tan importantes como la búsqueda de la capacitación de todo el personal de los tres poderes en lo que hace a la no discriminación, la igualdad de oportunidades y la accesibilidad universal”, dijo Di Giacomo, resaltando que esta iniciativa “tiene la posibilidad de que a partir de una autoridad de aplicación se establezcan los lineamientos mínimos de los contenidos curriculares que va a tener que tener esta capacitación”.
A continuación, valoró “la importancia que adquiere esta ley en este momento particular de la Argentina, un momento crítico en el que lamentablemente escuchamos voces que tienen la posibilidad de regir los destinos de nuestra patria, que frente a la pregunta sobre la atención de los derechos de las personas con discapacidad, asegurándoles a todos las posibilidades de cubrir su atención… desde esos sectores dicen que de ninguna manera van a permitir que se les robe el dinero desde el Estado para ser distribuido así”.
Di Giacomo advirtió que “esa concepción individualista en extremo nos está poniendo frente a un momento crucial para la Argentina”, y remarcó que “el Estado es la forma de la organización de la sociedad”. Ante ello, aclaró que “si dejamos a cada individuo liberado a su absoluta decisión, vamos a tener con el paso del tiempo la organización de individuos para someter a otros individuos. Los individuos cuando se organizaron dieron lugar al nacimiento del Estado como esa forma de organización social que permite organizar la convivencia, equilibrar aquel que no tiene poder con aquel que por distintas situaciones puede tenerlo”.
A continuación advirtió que “hoy ciertos representantes del capitalismo salvaje nos vienen a hablar de una supuesta liberalidad, un posicionamiento filosófico que es inmoral, injusto e inviable: no hay ninguna sociedad que no tenga el Estado presente”.
Di Giacomo sostuvo entonces que “para nosotros es inviable iniciar el camino de la destrucción de la sociedad que sea conducida por representantes de un ideario discriminador. Por eso la capacitación de los representantes del Estado en comprender la discapacidad y ser solidarios y tener en cuenta la buena fe humana es importante eso que nos hace humanos y debemos defender. Darle el sí a este proyecto que parece menor, pero tiene un mensaje claro para quienes están en función de ciertos individualismos extremos, dejando de lado la posibilidad de convivir dentro de las diferentes ideas como ser es humanos que somos”.
A continuación, Natalia de la Sota resaltó que ese programa “viene a cubrir una gran falencia que tenemos todos, que es el desconocimiento y nos va a marcar un camino para seguir adelante”. La legisladora destacó que “ninguno de nosotros es ajeno a tener algún tipo de discapacidad en algún momento de su vida, por eso este proyecto nos anima a conocer, a aprender, porque lo que no conocemos y asumimos como parte nuestra, no nos interpela”.
La diputada cordobesa habló de la necesidad de tener “un gran baño de humildad y reconocer los ignorantes en la materia”. En ese marco afirmó que a partir de esta norma, “hasta el presidente de la Nación deberá formarse en trato adecuado: cómo tratar a una persona con discapacidad y solamente un Estado comprometido con la integración verdadera puede aplicar políticas públicas transformadoras”.
“Creo en un Estado presente, en el rol fundamental que debe cumplir el Estado en la materia, que vele por los sectores de la sociedad excluidos”, dijo, abogando también por “un Estado eficaz”, y admitió que “nos asombra que a pesar de todo este recorrido largo, aún tengamos que escuchar algunas manifestaciones que rayan lo grotesco. En mi provincia (Córdoba), en las últimas elecciones un candidato acompañó a su hija a votar por primera vez (en referencia al senador Luis Juez) y escuchamos a otra candidata (de La Libertad Avanza) que decía por qué la mostraba, por qué no la dejaba en su casa…”. Cuestionó también a otro candidato por “comparar la discapacidad con la homosexualidad (en referencia a Ricardo Bussi), y a otro integrante de esta Cámara (por Javier Milei) utilizar el término mogólico para intentar agredir o defenestrar a un oponente político. Vaya si tenemos que aprender”.
En su intervención, la oficialista Graciela Caselles (San Juan) habló como “mamá de Agustina, que cumplió hace poquito 19 años que tiene el síndrome de Down. Que se haya comprendido que la vida pasa por la unidad, por los consensos, por evitar grietas y mirar para adelante, a mí me hace sentir mucha esperanza, sobre todo en un ámbito como es la discapacidad tantas veces discriminado, como seres fuera del sistema”.
Así, coincidió con los diputados preopinantes porque “esta es una ley que viene a fortalecer lo que significa un proceso educativo y cuando uno educa a un ser humano intenta sacar lo mejor de sí. Los mejores valores e ir dejando de lado lo peor. Lo mejor del ser humano es tener empatía con el otro, entender, escuchar, abrazar, facilitar caminos, no poner piedras por ponerla”.
“Es una ley que seguramente a un empleado público, a un diputado o a un presidente le hará reflexionar y hasta pensar ‘miércoles, cuántas veces me equivoqué’”, consideró y ejemplificó: “Quizás una persona en silla de ruedas consigue un pasaje de colectivo, pero lo mandan arriba con lo que significa para una persona con discapacidad acceder por escaleras. O si consiguen un remedio gratuito, pero lo trabamos con burocracia”.
“Esta ley se trata de empezar a entender, de formarnos en valores y como personas y seguramente va a ayudar, no solo a las personas con discapacidad, nos va a enriquecer como seres humanos”, analizó y coincidió con De la Sota de que un 15% de la población es o tiene discapacidad, “pero a eso hay que sumarle la mamá, los abuelos, las instituciones. ¿Por qué hacerle más difícil la vida a esa mamá o papá que todos los días peleamos por nuestros derechos?”, expresó, tras un breve aplauso del recinto para con sus palabras.
Por último, Caselles señaló: “Se sabe que no va a aparecer un candidato a presidente tratando de mogólico a otra persona con ese odio, esa bronca, ese sentido de discriminación que nos tira para atrás y nada menos que a esa comunidad de síndrome de Down junto con todas las discapacidades los seres más nobles y más humanos e inteligentes que tiene el mundo”.
“Es un día clave para mirar para adelante, para entender por qué hay un candidato que habla de compatibilidad de haberes; por qué una persona que tiene una pensión, no puede acceder al derecho a trabajar en blanco. Esas son las cosas que marcan este proyecto de ley. Vale la pena ser buena gente, incluir, abrir puertas y no trabarles la vida a la gente”, cerró tras un fuerte aplauso de todos los bloques que resonó en todo el recinto.
La porteña Carla Carrizo (Evolución Radical) adelantó el acompañamiento de la ley que “se ha trabajado”, pero hizo algunas reflexiones: “Celebro que estemos hablando aquí en la Cámara de Diputados de discapacidad porque la verdad que tuvimos el debate presidencial obligatorio y la verdad es para sacar una tarjeta roja a los miembros de la Cámara Nacional Electoral porque ni niños ni adolescentes ni personas con discapacidad fueron temas prioritarios en la política social de los dos debates financiados con los sueldos de todos los ciudadanos”, expresiones que nuevamente hicieron que todo el Cuerpo aplaudiera.
Carrizo detalló que “los niños, niñas y adolescentes con discapacidad son casi el 30% de la población y el 60% pobre y no le dieron el derecho a hacer al menos tres preguntas a los adolescentes de Argentina. No esta bien”, y planteó que “hay que visibilizarlos y las autoridades tienen que aprender a respetar y a escuchar. Esta ley es muy importante”.
“Esta ley es necesaria porque no pasa que la olvidamos solo en situaciones excepcionales como el debate presidencial”, señaló Carrizo y recordó que durante la pandemia “cualquier familia que tenía a una persona con discapacidad los agentes de salud no sabían cómo tratarlos y sabíamos que iban a estar solos, hubo una gran cantidad de denuncias por maltrato en los sistemas de salud porque no sabían cómo comunicarse. Fue una tortura para las familias porque nadie los iba a ayudar”.
En esa línea, remarcó: “Necesitamos que se sepa cómo se tratan, eso no se puede suponer, se tiene que enseñar. Es necesaria esta ley porque tampoco se sabe en la escuela por eso es importante que se forme a los docentes cómo es la educación inclusiva, cómo se trata, cómo se cuida, porque a veces no saben. Todas las personas que están en el ámbito de la escuela deben saber cómo tratar, cuidar, acompañar a una persona con discapacidad”.
“Tenemos que enseñarles a los funcionarios públicos que no se olviden de reglamentar las leyes a tiempo”, apuntó Carrizo contra el Gobierno al recordar la falta de reglamentación del Certificado Único de Discapacidad “que estamos esperando hace más de un mes una ley que se sancionó en ambas cámaras por unanimidad y es necesario que sea un derecho”.
También padre de un chico discapacitado, José Luis Gioja habló sobre su hijo y usó el término “mogólico” al admitir su condición y referir que “lamentablemente ese término se usó despectivamente como si fuese el último rango en esta sociedad en la que vivimos”. Agradeció a quienes trabajaron en esa ley, “porque la discapacidad no es que haya una escala inferior o superior, es una escala de igualdad con los que nos sentimos normales”.
Admitió que tal vez esas serían sus últimas palabras en el recinto tras su extensa carrera legislativa y señaló que “los que tienen alguna discapacidad, creo que todo lo que les falta de raciocinio, de poder hablar bien, lo reemplazan con una sonrisa, un abrazo, un apretón de manos… Lo reemplazan con el corazón”.
A su turno, el diputado Eduardo Valdés dijo esperar que quienes sean los elegidos en las próximas elecciones “sean los primeros capacitados en este tema, porque uno ve que demagógicamente se empieza a tirar que las pensiones por discapacidad se van a revisar porque son muchísimas”.
Aclaró que las personas con discapacidad en nuestro país son el 12,9%, es decir 5.114.000 personas. “¿Saben cuántas personas tienen certificado de discapacidad? 1.700.000”, detalló, para sumarse al pedido de Carla Carrizo y reclamarle al Poder Ejecutivo que de manera urgente reglamente la ley aprobada sobre el Certificado Unico de Discapacidad. Y sobre el final, contó que muchos padres de personas con discapacidad suelen decir “qué va a ser de mi hijo el día que yo no esté”. Por eso, enfatizó, “es tan importante lo que estamos votando en cuanto a capacitar, pero fundamentalmente capacitemos a los que toman decisiones para que nunca más digan que van a caer las pensiones por discapacidad, porque no queremos que un padre se pregunte ‘qué va a ser de mi hijo cuando no esté’”.
La iniciativa promueve la capacitación y formación obligatoria, permanente y actualizada de la Administración Pública Nacional en el trato adecuado a las personas con discapacidad y adecuación en accesibilidad de espacios públicos. También busca la difusión de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, incorporar la perspectiva de discapacidad desde el modelo social.
La Autoridad de Aplicación, que será elegida por el Poder Ejecutivo, creará la Mesa de Coordinación Administrativa del Programa Argentina Inclusiva, establecer, conjuntamente con los órganos de implementación, las directrices y los lineamientos mínimos de los contenidos curriculares de la capacitación; monitorear los datos estadísticos a los fines de facilitar la verificación y el cumplimiento de las capacitaciones y desarrollar indicadores anuales de evaluación; implementar campañas de difusión y de concientización.