Ante la denuncia formulada por el fiscal federal Guillermo Marijuan, la diputada nacional Sofía Brambilla (Pro) solicitó al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Capital Humano, un pedido de informes respecto al programa “Potenciar Trabajo”.

En el documento se solicita información sobre cantidad de adjudicados, incompatibilidades entre dicha ayuda social y los beneficiarios, como así también las medidas a adoptarse frente a este escenario.

"Conforme surge de la investigación del fiscal, se acreditó que 8 mil personas que cobran el plan tienen relación laboral con alguna de las dependencias del Estado y que al menos que 160 mil beneficiarios tenían el plan de manera ilegítima", señaló la correntina y criticó: “Estas discrecionalidades son propias de gobiernos populistas”.

En esa línea, la legisladora expresó que "estas irregularidades generan un perjuicio enorme al patrimonio público". “Los argentinos decidieron cambiar, pero para cambiar hay que confiar y para confiar hay que hacer las cosas bien”, dijo.

El pedido de informes apunta a promover un marco regulatorio general para el otorgamiento de programas y beneficios sociales que sean financiados con la contribución de todos los argentinos.

Por otra parte, Brambilla recordó que para el ingreso y permanencia en el programa, "resulta incompatible para aquellas personas que posean empleo formal; sean prófugos de la justicia; quienes perciban subsidio o prestación monetaria no reintegrable con fines de empleo y/o capacitación otorgado por el Estado Nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; sean empleados provinciales, municipales o de ONG’s y sean personas con empleo formal registrado".

El proyecto fue acompañado por sus pares Sabrina Ajmechet, Martin Ardohaín, Héctor Stefani, José Núñez, Marilú Quiroz, Sergio Eduardo Capozzi, Germana Figueroa Casas y Aníbal Tortoriello.