Un artículo de la Ley Omnibus establece que las medidas de alto impacto social se sometan a la opinión ciudadana, como una “instancia de participación” que a juicio del autor representaría un “golpe institucional”.
Con el proyecto de Ley Ómnibus, el gobierno de Javier Milei y Federico Sturzenegger exige que el Congreso delegue en el Poder Ejecutivo Nacional facultades legislativas en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética y sanitaria.
En principio, esa delegación de facultades sería por dos años, pero la propia ley prevé que se extienda por dos ejercicios anuales más, hasta completar el mandato presidencial en 2027.
Pero lo que está pasando desapercibido es que Milei ya diseñó un sistema para reemplazar al Congreso.
Quiere que los nuevos funcionarios de su gobierno, antes de emitir las normas de alto impacto social que adopten en reemplazo de las funciones del Poder Legislativo, las “sometan” a la opinión ciudadana a través de un portal digital estatal, próximo a crearse.
De aprobarse la propuesta, Milei ejecutará un fujimorazo digital a través de un mecanismo que ellos mismos denominan “instancia de participación ciudadana”; pero que será un mero portal web.
Sería un verdadero golpe institucional, ya que el Congreso pretende ser reemplazado por un funcionario individual que adopta normas bajo el maquillaje “democrático” de una supuesta “participación ciudadana” por la vía digital. Los diputados y senadores elegidos por el pueblo, sobran.
En efecto, en el artículo 12, inciso C, del proyecto de Ley Ómnibus se estipula lo siguiente:
“Previo a la emisión de una norma de alcance general con alto impacto ciudadano, la autoridad competente podrá, a través de un portal digital, publicar la propuesta de norma a emitirse y abrir una instancia de participación ciudadana para recibir comentarios sobre la misma”.
Si la Ley Ómnibus se aprueba en estos términos, un funcionario a cargo de la política previsional podrá decidir, por ejemplo, subir en cinco años la edad jubilatoria y que se termine el sistema de reparto para que vuelvan las AFJP.
La justificación “democrática” de tamaña decisión será que antes de emitir la norma que cambia el sistema jubilatorio de millones de argentinos, el gobierno “abrió una instancia de participación ciudadana para recibir comentarios” sobre esa iniciativa, tal como se establece en la ley. El Congreso no tendría ninguna participación.
Medidas similares podrían adoptarse en materia tarifaria para aumentar el precio de la luz, el gas, el agua y el transporte; o para tomar más deuda externa simplemente recibiendo comentarios a través del portal digital; y, tal vez, para multiplicar el gasto en Defensa y Seguridad, aprobando compras millonarias de armamento en el exterior del país sin que el Congreso se inmiscuya, como ya lo planean los ministros Luis Petri y Patricia Bullrich.
Alejandro “Topo” Rodríguez es director del Instituto Consenso Federal
