El padre de Micaela García, en quien se inspiró la ley de capacitación de género para los tres poderes del Estado, negó que se hayan “gastado millones en su implementación”.
El padre de Micaela García, Néstor García, expuso este martes en el plenario de comisiones de Diputados que analiza el proyecto de ley ómnibus y reclamó por la reforma que se busca sobre la Ley Micaela, inspirada en el caso de su hija.
En la iniciativa “ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, el Ejecutivo establece que esta norma sólo será obligatoria “en la temática violencia familiar y contra la mujer, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en los organismos competentes en la materia”. Actualmente rige que la capacitación es obligatoria “en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación”. Los cambios están previstos en los artículos 535 a 540.
Para Néstor García, esta reforma “es como prácticamente derogar la ley”. “Violencia familiar no es lo mismo que violencia de género. Esto es muy grave”, enfatizó.
Y explicó que “se pretende solamente capacitar a todas las personas que se desempeñan en la función pública en los organismos competentes en la materia” cuando “se supone que son las personas que conocen de la temática”.
“La Ley Micaela surge porque un juez de ejecución de pena dejó en libertad a Sebastián Wagner, hoy cumpliendo condena por violación y femicidio a Micaela”, recordó y apuntando a ese magistrado, dijo: “Este señor Carlos Rossi no trabajaba en un organismo competente en la materia”.
García rememoró que “ todo el arco político votó la ley”, que “tuvo un solo voto en contra” del exdiputado Alfredo Olmedo. “De los diputados actuales hubo 44 que votaron a favor de la Ley Micaela, y de esos 44 hubo 12 que dieron discursos”, agregó.
Además cruzó al secretario de Niñez y Familia, Pablo de la Torre, al asegurar que “no se gastaron millones en la implementación de la Ley Micaela. La mayoría de las capacitaciones se realizaron por trabajadoras del Estado Nacional que no cobraron un adicional por realizar esta tarea, sino que hacían una tarea militante”.
“También se dijo que era una ley noble, no sé si es una ley noble, lo que sí es una ley transformadora”, defendió y sostuvo: “No creemos que los problemas económicos en nuestro país tengan que ver con desarmar la Ley Micaela, una ley que tiene tan solo cinco años” y que “a pesar de un montón de fallas en su implementación, logró cambios”.
