El interbloque de senadores y senadoras nacionales de Unión por la Patria -encabezado por su presidente, José Mayans– recibió este miércoles a representantes sindicales y empresarios del sector farmacéutico y de pequeñas y medianas empresas del país, en sendas reuniones realizadas en las oficinas de la bancada opositora en el Palacio Legislativo.

En ambos encuentros, los referentes empresarios y sindicales expresaron su profunda preocupación por la vigencia del DNU 70/23 y por una eventual sanción de la denominada ley ómnibus. De esta manera, la primera minoría opositora del Senado continuó recibiendo a distintos sectores sociales y económicos, como ocurrió la semana pasada con productores vitivinícolas y yerbateros, que se oponen al referido decreto y al proyecto de ley en tratamiento en la Cámara baja.

La primera reunión de la tarde fue con el sector farmacéutico que tuvo la particularidad de que “estuvieron juntos propietarios de farmacias y trabajadores, a través de sus representaciones naturales”, destacó la senadora salteña Nora Giménez. En ese sentido, explicó que “la desregulación” impulsada con el DNU implica “un serio problema para la salud de la población”, ya que introduce un cambio de concepto fundamental: “el medicamento deja de ser un bien vinculado a la salud pública y pasa a ser un bien comercial más”.

En la reunión, los representantes alertaron de que el decreto afecta, además, a los profesionales farmacéuticos, ya que dispone que menos graduados de la disciplina estén abocados a atender una mayor cantidad de farmacias, y abre la puerta a la posible la falsificación de medicamentos, ya que se pierde la trazabilidad de los productos y se desdibuja el rol de la ANMAT como organismo de control.

Los senadores recibieron a representantes de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia (FATFA), de la Confederación Argentina de Farmacias (COFA) y de la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (FACAF), que coincidieron en el rechazo al DNU y abogaron por restablecer la obligatoriedad de que los medicamentos sean comercializados sólo en farmacias y con la presencia de un profesional farmacéutico, así como mantener la ley de genéricos.

Por la FATFA estuvieron presentes Fabián Hadad (secretario general), José López (secretario adjunto), Rodolfo Martínez y Martín Sancaro; por la COFA, Luis Alberto Salvi y Claudia Martino; y por FACAF, hicieron lo propio Sandra Prieto y Lucía Di Carlo.

Con PyMEs

En la reunión siguiente, fue el turno para referentes de distintas organizaciones de pequeñas y medianas empresas. “Las representaciones empresarias agradecieron ser recibidas por la bancada e informaron que van a pedir audiencias con el resto de los bloques para marcar su posición respecto del decreto y la ley ómnibus”, comentó Giménez.

Destacó que los visitantes coincidieron sobre “las severas consecuencias y el daño que va a producir en el tejido económico y social de las pequeñas y medianas empresas” las medidas surgidas del DNU y de la ley ómnibus. Tras destacar el importante rol de ese sector respecto a la producción local y a la actividad exportadora, alertó que la aplicación de ambas normativas puede provocar “en corto plazo la pérdida de alrededor de medio millón de puestos de trabajo”.

“En el encuentro, se hizo una proyección de que, en breve, pueden llegar a desaparecer cerca de 50 mil pymes, con la desregulación producto de la aplicación del DNU y la ley ómnibus; es decir, el de doble de la era Macri, cuando desaparecieron 25 mil pymes”, detalló la senadora por Salta.

Estuvieron presentes referentes del Frente Coordinador PYME, de la Cámara Empresaria Argentina, de la Confederación Federal PYME y del Movimiento 25 de Mayo, entre otros. Según analizaron, la puesta en marcha de ambas normas implica la desregulación de economía, la privatización de empresas estratégicas, la flexibilización laboral, la apertura economía y la pérdida de soberanía.