Tres diputados de la Coalición Cívica alertaron sobre la no ejecución de ninguna de las partidas prorrogadas para el ejercicio 2024 del Programa 26 de Políticas Alimentarias.
Diputados de la Coalición Cívica alertaron a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo de la Torre, sobre “la frágil situación en materia de seguridad alimentaria” que afecta a los sectores socioeconómicos de más bajos ingresos en nuestro país y solicitar en consecuencia la urgente ejecución de las partidas presupuestarias destinadas a políticas alimentarias.
Al día de la fecha, advirtieron dirigentes de la CC basados en los portales públicos de “Presupuesto Abierto” y de “Compras Públicas”, “no se ha ejecutado ninguna de las partidas prorrogadas para el ejercicio 2024 del Programa 26 de Políticas Alimentarias, tanto en lo que refiere a transferencias a las administraciones provinciales y municipales, instituciones culturales/sociales, cooperativas, como así tampoco se han iniciado procesos de compras para la adquisición directa de alimentos”.
Los diputados nacionales Maximiliano Ferraro y Juan Manuel López, y la diputada provincial Maricel Etchecoin Moro, advirtieron sobre las consecuencias del proceso inflacionario que se ha desbocado en diciembre y enero, con especial impacto en el rubro de alimentos y bebidas, y el irreversible crecimiento de la pobreza e indigencia que afecta a millones de argentinos, que atribuyen a “la irresponsable política fiscal del anterior gobierno”.
En diciembre pasado, el Observatorio de la Deuda Social de la UCA presentó el informe de avance “Deudas sociales crónicas y desigualdades crecientes. Desafíos para la agenda pública (2004-2023)”, entre sus conclusiones se destacan algunas que hacen relevante la presente:
Detrás de estas cifras, señalan desde la CC, “hay una enorme cantidad de hogares, familias, niños y niñas, que complementan sus ingresos y su capacidad de adquirir alimentos a través de las políticas de asistencia alimentaria directa. Todos ansiamos una Argentina donde las familias vuelvan a compartir la mesa familiar con el fruto del esfuerzo y el trabajo, pero en este contexto de emergencia es imperioso que desde la Administración Central se realicen urgentemente los esfuerzos políticos y administrativos para no desatender las necesidades alimentarias de los más vulnerables”.
Recuerdan los legisladores que el pasado 30 de enero Manuel Adorni, vocero de la Presidencia, informó que se encuentran reorganizando la ejecución de la política alimentaria. “Desde ya compartimos que las transferencias de fondos y la distribución directa de alimentos a las instituciones de la sociedad civil, como así también a las administraciones provinciales y municipales, requieren ser auditadas y transparentadas para evitar toda discrecionalidad o intermediación que dé lugar a ‘negocios con la pobreza’ -aclaran Ferraro, Etchecoin y López-. Sin embargo, es indispensable que estos procesos de reformas se lleven adelante con previsión y absoluta responsabilidad, evitando suspender las políticas alimentarias directas e indirectas en un contexto tan difícil para los argentinos como el que estamos atravesando”.
Los dirigentes de la Coalición Cívica consideran “inoportuno” que “se haya optado por paralizar la ejecución de estas políticas y sus partidas presupuestarias, mientras que por el Decreto 125/23 se pospuso a abril el traspaso y reforma del Programa Potenciar Trabajo, siendo que este ha sido objeto de numerosos denuncias en relación a manejos indebidos por sobre los ocurridos y denunciados en comedores y merenderos”.
Sostienen los diputados que “el Gobierno nacional cuenta con los recursos y herramientas necesarias para enfrentar esta situación que se agrava, habida cuenta que la Ley 27.701 extendió hasta el 31 de diciembre de 2025 la Emergencia Alimentaria Nacional y que por la prórroga del presupuesto las partidas destinadas a políticas alimentarias para el 2024 tienen una asignación de 176.000 millones de pesos”.
