La senadora bonaerense del PRO Aldana Ahumada elevó a la Legislatura bonaerense un proyecto de ley para declarar a la educación como servicio esencial, con el fin de promover el cumplimiento efecto del ciclo lectivo, ante los posibles paros docentes de este año.

“Declárese a la educación como servicio estratégico esencial en todos sus niveles y modalidades comprendidos en la obligatoriedad escolar, a fines de garantizar la protección y promoción integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes en cuanto al cumplimiento efectivo del ciclo lectivo”, expone el artículo 1° del proyecto de Ahumada.

La iniciativa cuenta con 18 artículos, que impulsan diversas normativas entre las que se destacan la creación del Sistema de Guardias Mínimas del Servicio Estratégico Esencial de Educación y el no contemplar la justificación de la falta a los docentes que participen de paros.

Según el articulado de la iniciativa presentada “servicio esencial” es todo servicio que debe garantizar el Estado a través de acciones determinadas, dinámicas e ininterrumpidas “que alcancen el bienestar general e integral de los niños, niñas y adolescentes en materia educativa; permitiendo su posterior desarrollo inclusivo e integral como adultos en sociedad”.

“Estamos ante la imperiosa necesidad de resguardar y proteger a la educación como un servicio estratégico esencial, público, continuo y de calidad, ya que al deterioro constante que venía sufriendo la educación se sumaron los efectos devastadores de la falta de presencialidad plena en la provincia de Buenos Aires”, según se consigna en los fundamentos del proyecto de ley.

Así se hace mención a los distintos artículos legislativos que priorizan a la educación, como la Ley nacional de Educación N° 26206, la Ley provincial de Educación N° 13688, el artículo 14 de la constitución nacional, y el artículo 3 de la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Con respecto a los paros docentes, que ponen en peligro los 180 días del calendario escolar, se reconoce que las medidas de fuerzas son constitucionales, pero al mismo tiempo se considera que el Poder Legislativo tiene como tarea regularlas para que ese derecho no choque con el derecho a la educación.

“Por este motivo se impulsa el proyecto, a fin de dar un marco de seguridad al Servicio Estratégico de la Educación que no busca afectar otros derechos constitucionalmente reconocidos ya que prevé mecanismos legales para resguardar los mismos”, dijo la senadora Ahumada.