La diputada nacional Carolina Gaillard (UP – Entre Ríos), apoyada por su bloque, presentó un proyecto de ley para establecer la capacitación obligatoria sobre la Ley de Salud Mental 26.657 con una “perspectiva comunitaria y de derechos humanos”.

En la iniciativa, se exige la capacitación obligatoria en salud mental a todo el personal de las fuerzas de seguridad, de educación y de salud del ámbito nacional, provincial y municipal, del sector público y privado, desde una perspectiva comunitaria y de derechos humanos, y entendiendo a la salud mental “como un derecho humano fundamental”.

Para Gaillard, “hay un déficit en la respuesta concreta a situaciones de emergencia en salud mental”, y con el objeto de lograr la capacitación y formación que permita una coordinación y articulación de todas las áreas para lograr abordajes adecuados y medidas concretas que salvaguarden los derechos de los pacientes, según establece la Ley de Salud Mental.

Propone, también, que “tiene como objeto establecer la capacitación obligatoria de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 a todos los efectores del sistema de salud, a todo el personal de las fuerzas de seguridad y a la comunidad educativa en su totalidad, sea del ámbito público como del ámbito privado”.

“Estará dirigida a todas las personas que se desempeñen en el sector público, en todos sus niveles y jerarquías, definidos en el artículo 8° de la Ley 24.156, en los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, y en los ministerios públicos, así como en el sector privado, en las áreas mencionadas específicamente”, añadió.

Agrega que “el proyecto surge de la necesidad de promover y garantizar la formación, capacitación a todos aquellos actores involucrados en la implementación de la Ley de Salud Mental, en las áreas de salud, seguridad y educación”.

“Consideramos que gran parte del problema no está en la ley en sí misma, sino en la falta de conocimiento y formación sobre la misma, en la falta de articulación y coordinación entre los efectores del sistema de las distintas áreas, como en la ausencia de recursos o readecuación de los mismos para una implementación”, cuestionó la entrerriana.

En tal sentido, la diputada nacional expresó que “si las fuerzas de seguridad hubiesen tenido la capacitación necesaria para saber cómo actuar en el caso de Ariel Goyeneche, él estaría probablemente con vida, porque fue tratado como un delincuente cuando se trataba de una persona con un padecimiento de salud mental”.

Este proyecto de ley implica también que la atención en salud mental no esté centrada únicamente en las principales ciudades donde existe mayor concentración de profesionales, sino que por el contrario, busca incorporar una perspectiva federal integrada, con el objetivo que las provincias y sus municipios accedan, en igualdad de condiciones a contar con personal capacitado e idóneo para dar respuestas oportunas a la gran cantidad de demanda.

Desde esa perspectiva, el proyecto impulsado tiene como finalidad contribuir a que se garanticen aspectos centrales como buenas prácticas respecto de las medidas no coercitivas, la inclusión de la comunidad y el respeto de la capacidad jurídica de las personas, es decir, el derecho a tomar decisiones sobre su tratamiento y su vida.

Además, en su articulado, el proyecto establece que “El Poder Ejecutivo Nacional llevará adelante campañas de concientización a través de los medios masivos de comunicación, plataformas digitales, redes sociales, entre otros, a los efectos de concientizar a la población en general respecto a la importancia de la correcta implementación de la ley Nacional de Salud Mental 26.657 y su enfoque de derechos humanos”.